NEUROCIENCIAS Y CIENCIAS SOCIALES: una aproximación transdisciplinar

El pasado 22 de noviembre se celebró en el Salón de Grados de la facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona una jornada interdisciplinar, Psicología-Derecho, organizada por el TRANSJUS en colaboración con el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona y, que se presentaba como una jornada de intercambio de conocimientos entre estas 2 ciencias (programa). Un evento heterodoxo en apariencia y que contrasta con el estricto formalismo y ortodoxia que caracteriza a ambas disciplinas. El promotor de dicho evento no fue otro que el Dr. Juli Ponce, Catedrático Acreditado de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y Director del TRANSJUS, quien además fue corresponsable de abrir la jornada y de moderar a lo largo de la misma, junto al Dr. Carles Escera Catedrático de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Barcelona y Director del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona.

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La jornada contó con la participación de un amplio elenco de docentes y personalidades del mundo del Derecho y de la Psicología del más alto nivel como la Dra. Mirentxu Corcoy, el Dr. Andrés Pueyo, o el Dr. Álvaro Rodríguez Carballeira entre otros, aunque otros ponentes no pudieron asistir finalmente a la jornada por motivos de salud, lo cual propició un cambio en el orden de la jornada. El evento suscitó mucho interés entre el público en general, generando la asistencia de numerosos estudiantes, docentes ilustres como el Dr. Xavier Arbós -Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona- y, otras personalidades de distintos ámbitos.
Después de la presentación de la jornada llevada a cabo por el Dr. Ponce y el Dr. Escera, tomó la palabra el Dr. Soria quien se centró básicamente en la psicología jurídica y los mecanismos analíticos de la conducta humana.

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A continuación el Dr. Ponce en su ponencia nos habló del famoso nudging, una técnica manipulativa de la voluntad humana que está generando diversos debates en torno a su ética. El artículo 18.2 de la Constitución Española garantiza la inviolabilidad del domicilio, y el artículo 18.3 garantiza el secreto de las comunicaciones. Es decir, los poderes públicos no pueden adentrarse en el domicilio de una persona, ni tampoco pueden indagar en sus comunicaciones privadas salvo orden judicial o fuerza mayor, ¿pero sin embargo sí es lícito que se invada la mente de las personas con técnicas psicológicas manipulativas de la conducta? ¿con el nudging no se está vulnerando la privacidad de las personas? ¿la inviolabilidad se debería de extender a la mente de las personas? ¿no sería preciso regular dicha técnica, vistas las dudas acerca de su ética que genera? el nudging generó mucho interés entre los presentes en el Salón de Grados y, seguidamente se procedió a la pausa de rigor para el café.
Después de dicha pausa, tuvimos la suerte de contar la ponencia combinada de la Dra. Mirentxu Corcoy, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y del Dr. Víctor Gómez, Profesor Titular de Derecho Penal y Jefe de los Estudios Criminólogos y de la Seguridad de la Universidad de Barcelona, quienes nos hablaron acerca de la delincuencia juvenil y del endurecimiento de la Ley del menor.

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La sociedad se encuentra actualmente estremecida por el triple crimen cometido por “Igor el ruso”. De Igor sorprende su frialdad y la naturalidad con la que lleva su captura, no ha tenido ningún reparo en admitir que ha sido él el autor, además se le relaciona con un doble crimen ocurrido en Bolonia (Italia) y, se sospecha también de que pueda estar implicado en el doble crimen ocurrido en septiembre en Susqueda, en la comarca de la Selva. Está claro que la sociedad vive ahora más tranquila tras la captura de Igor, pues resulta bastante evidente que algo fallaba en su cabeza. Así pues, saber cómo funciona el sistema nervioso y, sobretodo el cerebro, es esencial para comprender el comportamiento de las personas, sus emociones y sus procesos cognitivos, y para entender mejor esa estructura tuvimos la suerte de contar durante la primera parte de la jornada con la ponencia del Dr. Carles Escera. Su ponencia fue brillante, este experto nos habló un poco de la estructura del cerebro y de su funcionamiento y, por supuesto, de la P300, la cual generó mucha fascinación en el hemiciclo.
Prosiguiendo con la jornada, el Dr. Nieva nos indicó durante su ponencia el potencial que tiene precisamente la neurociencia en el ámbito procesal. El Dr. Nieva nos llamó la atención acerca de las onda P300 y de los últimos avances que están habiendo en neurociencia, pueden acabar por influir en el proceso judicial mediante unas técnicas específicas.

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La segunda parte de la jornada, ya por la tarde, comenzó con la ponencia del Dr. Andrés Pueyo, quien es Catedrático de psicología. Durante su intervención el Dr. Pueyo nos habló acerca de la manipulación mental que ejercen los medios de comunicación sobre las personas, generando la falsa realidad de que la delincuencia llevada a cabo por determinados colectivos va en aumento, cuando por el contrario los rigurosos trabajos científicos demuestran que estadística y porcentualmente las bandas formadas por determinados grupos de extranjeros para delinquir es muy baja y que no solamente la estadística no va en aumento, sino que se encuentra en claro descenso desde hace años. El Dr. Pueyo nos habló además de la agresión racista ejercida por un ciudadano español contra una chica ecuatoriana menor de edad, lo cual generó mucho interés entre los presentes y propició un debate muy nutrido.

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A continuación y para cerrar la jornada, contamos con la ponencia del Dr. Álvaro Rodríguez Carballeira que generó un intenso debate entre los presentes.

Crónica realizada por Deogracias Buenaventura Edjama Ona, Estudiante de Grado de Derecho y Psicología.

 

Para profundizar en el tema os proponemos la lectura de:

  • Víctor Gómez Martín, “Explorando los límites de la capacidad de discernimiento : El ejemplo del Derecho Penal del menor” (Abstract).
  • Tres artículos de los ponentes que habían sido previamente publicados :
    • Antonio Andrés-Pueyo, “Peligrosidad Criminal: Análisis crítico de un concepto polisémico” (Pdf);
    • Juli Ponce Solé, “La Simplificación de los Procedimientos Administrativos” (Pdf);
    • Jordi Nieva Fenoll, “Neurociencia y juicio jurisdiccional: pasado y presente. ¿Futuro?” (Pdf).
  • Las presentaciones de tres ponentes de la conferencia:
    • Antonio Andrés-Pueyo, “Predicció del risc de violència,
      perillositat criminal i el cervell humà” (Pdf);
    • Carles Escera, “El potencial P300 i la màquina de la veritat” (Pdf);
    • Juli Ponce Solé, “Neurociencia, derecho y toma de decisiones relativas a políticas públicas: nudging” (Ppt)

 

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“Deu anys de la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya”

Ahir vam realitzar la Jornada “Deu anys de la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya” a l’Aula Magna de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, la qual va ser un èxit de participació i en relació a les reflexions que pretenia obrir i compartir. La Jornada, amb una alta participació de més de 170 persones de perfils diversos, va servir per iniciar un balanç dels deu anys de vigència de Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, pensant també en el futur. Al llarg del dia vam comptar amb la participació d’expertes i professionals reconegudes, i amb un públic molt informat i participatiu, format per personal i càrrecs de l’administració pública que treballen en l’àmbit de l’habitatge, professionals de l’habitatge, acadèmics, estudiants, investigadors, tercer sector social i economia social i cooperativa, i societat civil.

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A la benvinguda i obertura de la Jornada Marco Aparicio (President de l’Observatori DESC) i Juli Ponce (Director de TransJus) van donar la benvinguda a les assistents, van explicar els objectius de les entitats organitzadores, l’Observatori DESC i l’Institut de recerca TransJus de la UB, així com de la Jornada.

Posteriorment a la taula d’inici, Salvador Milà (actualment Director de l’Àrea de Presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i en aquell moment Conseller d’habitatge i diputat en els anys d’elaboració de la norma), Ricard Fernandez (actual Gerent de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i Secretari d’Habitatge en aquell moment) i Vanesa Valiño (actual Cap de Gabinet de la Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona i directora de l’Observatori DESC i participant de moviments pel dret a l’habitatge quan va néixer la llei), van iniciar un diàleg centrat en el context de fa deu anys, les fonts de la norma i les dificultats que van sorgir al moment d’impulsar-la.

Seguidament vam iniciar un bloc de balanç i amb perspectiva comparada, que va comptar amb la moderació de Martí Batllori, advocat i membre de l’Observatori DESC, que va obrir Juli Ponce, Catedràtic acreditat de dret administratiu i professor titular a la UB, on és director de l´Institut de Recerca TransJus, amb una balanç general; que va proseguir amb Camille Mialot, Doctor en dret, advocat especialista en dret públic i Maître de conférences a la Facultat de Dret de Sciences-Po on és responsable del curs «intervention publique sur le sol et la construction», per parlar dels deu anys de la Llei DALO de França i el context europeu; i va acabar amb l’intervenció de Dolors Clavell, advocada especialista en dret administratiu, per parlar de d’una perspectiva comparada de les lleis del dret a l’habitatge a l’estat espanyol.

Després de la pausa cafè, va tenir lloc el bloc de qüestions clau I, amb la moderació del professor Josep Maria Moltó, coordinador del llibre “Dret a l’habitatge i funció social de la propietat”. Els temes que es van tractar en aquesta part són: el parc d’habitatge social i el mandat de solidaritat urbana, amb Carlos Macías, politòleg i tècnic d’habitatge de l’Observatori DESC; els plans locals d’Habitatge, a càrrec de Núria Colomé, membre de la Cooperativa Celobert especialistes urbanisme, habitatge i redactors del Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona, David Mongil, Cap de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona i President del Col·legi de Geògrafs a Catalunya; per acabar amb les multes i sancions, utilització anòmala i habitatge desocupat, explicades per Aleix Canals, advocat especialitzat en dret públic, i Mercè Pidemont, jurista experta en Dret Administratiu i membre l’Observatori DESC.

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A la tarda, al bloc de qüestions clau II, que va comptar ambb la moderació de Josep Maria Muntaner, Regidor d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, es van parlar de la nova planificació territorial en l’àmbit de l’habitatge, a càrrec de Raimon Soler, advocat especialitzat en Dret urbanístic, immobiliari i habitatge, membre de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, i Guillem Domingo, especialista en habitatge i ciutat, tècnic d’habitatge de l’Observatori DESC; de la dimensió metropolitana de l’habitatge i la planificació de l’habitatge protegit, per part de Carles Donat, geògraf, Cap de l’Àrea d’Habitage de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona; sobre les mesures de rehabilitació i conservació per garantir la funció social de l’habitatge, les quals va exposar Domènec Sibina, professor de Dret Administratiu UB, membre de l’Institut de Recerca TransJus; i finalment, sobre el recorregut de l’acció pública per a la garantia del dret a l’habitatge, per Alex Peñalver, Doctor en Dret, professor titular de dret Administratiu de la UB, membre de l’Institut de Recerca TransJus.

A la cloenda per parlar de futur, Irene Escorihuela (Directora de l’Observatori DESC) i Juli Ponce (Director de l’Institut de Recerca TransJus), van fer un repàs de les principals conclusions de la Jornada i van compartir reflexions de futur. Posteriorment representants de les administracions públiques van exposar les polítiques d’habitatge que estan impulsant i van compartir reflexions de futur respecte de la Llei 18/2007 i sobre el camp de l’habitatge en sentit ampli. Per aquesta part vam comptar amb la presència de Ramón M. Torra, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Javier Burón, gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, i Maria Xalabarder, gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona.

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Certament, la Jornada va ser molt intensa i rica a nivell de continguts, reflexions i participació, tal i com era necessari per commemorar que aquest mes de desembre la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya ha complert 10 anys i per commemorar l’efemèride.

Un event que va ésser un punt de partida per fer balanç, obtenir reflexions, identificar dificultats i apuntar propostes cara el futur.

La Jornada tindrà continuïtat a través de la publicació d’un llibre amb articles de les ponents cara a l’abril i amb presentacions de la publicació i formacions més específiques basades en tots els temes que la Llei inclou.

A la web de la UB podeu veure tota la Jornada, que va ésser gravada en vídeo: https://uboc.ub.edu/portal/Play/5df7048d16be4db4b9f7cf8cfbb1d5731d

Good Governance and Administrative Law: A Transpacific Perspective

El día 30 de noviembre, en la Sala de Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, el debate “Good Governance and Administrative Law: A transpacific perspective”. Esta actividad forma parte de las iniciativas que periódicamente organiza el TransJus, fue abierto y moderado por el Dr. Juli Ponce, Director del TransJus.

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En su apertura el Dr. Ponce realizó una reseña de los objetivos que el TranJus se ha planteado, las actividades que organiza periódicamente y los diversos temas que en ellas se van tratando. En particular, destaca el carácter interdisciplinario del TranJus, señalando que la especialización es necesaria para el ejercicio de la abogacía pero que a veces deja de lado otras perspectivas en los temas tratados por lo que es recomendable contar con una visión transversal de los temas tratados dado el interés que ellos revisten para la comunidad. Por lo anterior, el TransJus busca la interacción de distintos actores académicos y no académicos.

El Profesor Xavier Arbos toma la palabra para poder presentar al Dr. Leonid Sirota[1], destacando la formación académica y practica del Dr. Sirota, así como su blog doubleaspect https://doubleaspect.blog/ .

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Inicia su presentación el Dr. Sirota señalando tal como ha escrito el Prof. Ponce y otros autores que el derecho administrativo y la perspectiva legal debe ser tema de preocupación de parte de las entidades administrativas. Esto con ocasión que la administración continuamente toma decisiones vinculadas al derecho frente a los requerimientos de los ciudadanos quienes además de exigir su actuación demandan que estas sean adecuadas. Así pues, el Dr. Sirota levantara algunas advertencias respecto de los requerimientos que el derecho administrativo debe atender en el contexto de una buena gobernanza. Esto debido a que el derecho administrativo tiene el deber contribuir a ello, sin perjuicio que se debe ser cuidados en la forma que se busca alcanzar los objetivos porque si no se realiza de manera adecuada puede generar problemas tanto para la administración como para los administrados. Asimismo, señala que el concepto de “good governance” es complejo y presenta diferentes dimensiones para el derecho administrativo que al menos en Canadá resulta difícil realizar una integración por parte de la administración: eficiencia de la administración, calidad del proceso de toma de decisiones, y aspectos de legalidad y constitucionalidad. A través de esta ponencia, tratará de explicar el significado de estos conceptos, ver como el derecho administrativo los fomenta, los límites que tienen y dar una perspectiva de como dan en Canadá y en Nueva Zelanda.

En cuanto a la eficiencia de la actividad de la administración, el Dr. Sirota señala que debe ser eficiente ya que la desorganización es incompatible con una buena gobernanza. Así pues, el Tribunal Supremo de Canadá cuenta con las atribuciones para intervenir cuando observa una falta de eficiencia en la actuación de la administración a través de la revisión judicial. Por ejemplo, si en conformidad a su esfera de atribuciones la entidad administrativa debe ejecutar o no una acción, el funcionario está obligado a actuar en ese sentido, en caso que desobedezca este mandato la Corte Suprema puede obligarlo a actuar conforme a derecho en el cumplimiento de los deberes legales que se le imponen. En casos determinados los tribunales pueden establecer un plazo perentorio a los órganos de la administración para su actuación, aún en ausencia de un plazo legal determinado. Por otra parte, señala el Dr. Sirota, se puede producir un daño a los intereses públicos si es que ocurre abuso del proceso y en consecuencia producir daños. Por lo que es necesario reforzar la legislación en relación a la protección de los intereses públicos con las debidas cautelas ya que en ciertos casos reforzar la legislación también puede ocasionar daños a la administración de modo que se debe ser cuidadoso en la forma y oportunidad en que se realiza. Existen altas barreras y mucha presión en relación a frenar la intervención de la administración, así como para que no refuerce la legislación. En teoría, si un órgano administrativo demoró mucho en resolver un asunto esto puede volverse problemático por lo que se espera que la próxima vez resuelvan con más eficiencia los asuntos sometidos a su conocimiento. Lamentablemente esto no ocurre la mayoría de las veces porque se ha constatado que los órganos administrativos vuelven a cometer errores. Así pues, tal como se ha descrito precedentemente el derecho administrativo contribuye a la eficiencia en la actividad de la administración.

Continua el Dr. Sirota con el segundo punto que menciono anteriormente, referido al rol que el derecho administrativo debe tener en el proceso de toma de decisiones, para que este se desarrolle correctamente. Esto en el supuesto que un buen proceso administrativo consecuentemente finalizará en una buena decisión. En este escenario, la revisión judicial tiene cabida en cuanto a la calidad del proceso de toma de decisiones, ya sea en aspectos de racionalidad o legalidad. Lo anterior, en razón que las decisiones de la administración toma tienen efectos respecto de los derechos individuales, particularmente respecto al deber que se debe tener en vista respecto de la equidad dentro del proceso.

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El contenido de los procedimientos respecto de la equidad en materia procesal depende de múltiples factores, como la legítima expectativa en relación a que el proceso será desarrollado de manera ajustada a derecho, así como la credibilidad y el deber de resolver imparcialmente. La organización debe tomar las decisiones y actuar conforme a las atribuciones que el legislador le ha otorgado y no fuera de ellas de manera discrecional. Siguiendo con la forma en que la administración tiene que cumplir su rol, surge el deber de proveer las razones que motivaron el proceso en la toma de decisiones evitando consideraciones que deben ser legítimamente excluidas. Así pues, se espera que en Canadá los motivos expresados en una decisión de la administración sean idóneos.

En relación al derecho y las leyes administrativas, los tribunales supervigilan que aquellos tomen las decisiones correctas. Esto permite la revisión judicial respecto de la legalidad, sustanciación del proceso y el fondo, existiendo estándares de revisión que han sido establecidos por parte del poder judicial. Por ejemplo, en 1959 se produjo pronunciamiento de la Corte Suprema de Canadá en el caso Roncarrelli, en que el Premier de Quebec ordeno a la Comisión de Licor cancelar la licencia de alcohol del Sr. Roncarelli[2]. Esta sentencia estableció un estándar de revisión para el derecho administrativo canadiense ya que establece que la ley es un límite para la actividad de la administración ya que califico las motivaciones de la actuación de la administración como discrecionales y fuera del límite de su actividad.

La legislación canadiense a efectos del contenido de una decisión establece el deber de proporcionar las razones y la idoneidad de estas, siendo ambos elementos de análisis para determinar la racionalidad de la decisión en caso de ser necesaria la revisión judicial. Estas reglas están diseñadas para asegurar que la decisión que se tome sea el resultado de un proceso imparcial que considere los objetivos de la legislación, evitando consideraciones que por mandato legal deben ser excluidas. Es por esto que la ley administrativa se interesa por lo sustancial de las decisiones, ya que se considera que de contar con un buen proceso se debería tomar la decisión correcta, lo que se traduce en que la revisión judicial por parte de los tribunales es cautelosa.

A continuación, el Dr. Sirota se refiere al concepto de estándar de revisión. Plantea lainterrogante respecto a si es necesarios contar con un número determinado o no de elementos para un estándar de revisión. Agrega, que es un tema debatible y bastante complejo por lo que no profundizará más allá, sin perjuicio que hará una reseña de cuál es el estado de este tema en la ley canadiense. Canadá ha elegido extensamente tener solo dos estándares de revisión, corrección o razonabilidad. Los tribunales revisan en estándares de razonabilidad. La corte suprema ha señalado que los tribunales tienen un margen de apreciación dentro del rango de soluciones aceptables y racionales, entendiendo la razonabilidad como a la existencia de justificación, transparencia e inteligibilidad dentro del proceso de toma de decisiones. Un ejemplo de esto, comenta el Dr. Sirota dice relación con la decisión pronunciada en el caso in Edmonton (City) v. Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd., 2016 SCC 47 [3], la que marcó un cambio significativo en la forma en que los tribunales determinan el estándar de revisión para las cuestiones de derecho en materias de revisión judicial, ya que de acuerdo a lo que allí se estableció será más complejo para las personas y las empresas desafiar los actos y decisiones de órganos de la administración. Lo anterior, al considerar que la presunción de deferencia a la revisión judicial fomenta el acceso a la justicia en la medida en que la elección legislativa de delegar un asunto en un tribunal flexible y experto proporcionando a las partes una forma de toma de decisiones más rápida y menos costosa, disminuyendo la posibilidad de revisión judicial [4].

Habiendo expuesto la situación anterior, el Dr. Sirota plantea la interrogante referida a porque la corte respecto de las decisiones de la administración. Al respecto, señala que afirma que la deferencia por parte de los tribunales respecto de las decisiones guarda relación con que permite a los jueces maximizar su actividad, lo que es un extraño ahorro de tiempo y energía. Otra posibilidad es que los jueces quieran ganarse el respeto aplazando la decisión del parlamento que, aunque será aplicado a través de las decisiones de la administración. Pero la posibilidad final, y es aquí donde me gustaría centrarme más, es que los propios tribunales creen, que en la administración se toman mejores decisiones. Así en el proceso de toma de decisiones en el que los tribunales intervienen y para corregir los fallos de las administraciones públicas, existe preocupación por la experiencia y la garantía de que las decisiones las toman los expertos los motiva en una dirección no intervencionista, y los mueve a abstenerse de interferir con la administración.

Posner observa que muchos de los responsables de la toma de decisiones referidas a los administrados, a quienes los tribunales dejan esta labor en razón de experiencia, se trata de funcionarios a veces totalmente sobrecargados, altamente politizados o ambos. Pero ocurre que no siempre los responsables de la toma de decisiones sean expertos en la materia y además expertos en derecho, o al menos en las normas legales de su competencia. Por ejemplo, en el caso antes mencionado de Edmonton East, en que la junta municipal, obviamente es un organismo experto en la evaluación del valor de la tierra y, por lo tanto, son expertos en ese sentido, pero no en interpretación legal o en materias de derecho. En este sentido, la Corte Suprema de Canadá resolvió presumiendo la expertiz del órgano administrativo.

El Dr. Sirota considera que si se toma la perspectiva del buen gobierno y su relación con el  derecho administrativo, estima que  la legalidad es sólo uno de los elementos que contribuyen. En Nueva Zelanda, los tribunales están manteniendo a los responsables de la toma de decisiones administrativas dentro de los marcos les corresponde ajustados a las disposiciones constitucionales. En Canadá, la mayoría de las interpretaciones administrativas de la ley están vinculadas a los méritos de las decisiones y a políticas fácticas. Entonces se debe plantear que en determinados casos el cumplimiento de una decisión administrativa podría ser contraria a la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, por lo que debe ser revisada en un estándar razonable. Frente a la presunción que los responsables de la toma de decisiones son expertos se debe tener en consideración que los tribunales han declarado que, si bien tienen expertos hay determinados asuntos que deberán ser sometidos a revisión judicial.

El Dr. Sirota menciona que en algunos casos podrá considerarse que las interpretaciones administrativas son ilegales, como se plantea en el libro ¿Es ilegal el Derecho Administrativo? A nivel personal estima que las diferencias que se producen en los procesos de toma de decisiones en los y las cuestiones constitucionales, pueden dar lugar a una denegación de justicia constitucional. Luego, vuelve a las preocupaciones de Richard Posner sobre la falta de competencia de los responsables de la toma de decisiones administrativas, la falta de recursos, y especialmente a su posible falta de imparcialidad en razón del origen de su nombramiento y/o politización de este. Entonces, por supuesto, también dicen que se supone que deben ajustarse a las interpretaciones legales de las personas que están sujetas a reemplazo por razones políticas. Dicho esto, el Dr. Sirota afirma que la deferencia que los tribunales tienen respecto a los tomadores de decisiones en materias administrativas a veces resulta indefendible. A la luz de estas preocupaciones, parece que la tendencia hacia la deferencia generalizada, y cita a Paul Daly quien ha sugerido que la forma de avanzar la ley dentro del marco legal y constitucional existente y sin volver a empezar desde cero.

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Una vez finalizada la exposición del Dr. Sirota se dio un interesante debate entre los académicos asistentes quienes manifestaron sus opiniones respecto a cómo el derecho administrativo debe actuar para ser una contribución efectiva al buen gobierno. En este sentido, hubo consenso respecto a que la materia que se revisó no sólo tiene alcances desde el punto de vista legal, si no que reviste gran interés para diversos sectores del conocimiento en particular en lo referido a las ciencias políticas, y el impacto que las acciones de la administración tienen respecto de la sociedad. Asimismo, se produjo consenso respecto a los límites y restricciones que el derecho administrativo debe enfrentar para poder contribuir a un buen gobierno, situación que se da en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, independiente de los estándares de revisión que puedan contemplar.

 

Crónica realizada por Gloria Herrera A., Abogada y Jefa de la Unidad Jurídica de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.

 

[1] http://es.gravatar.com/enfantperdu

[2] https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1959/1959canlii50/1959canlii50.html

[3] https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/16213/index.do

[4] https://doubleaspect.blog/2016/12/04/law-in-la-la-land/

 

Para profundizar el tema en cuestión os invitamos a leer también la Nota para la Reflexión de Léonid Sirota recientemente publicada en la web del TransJus: http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Nota_Sirota.pdf 

A CHRONICLE OF INTERDISCIPLINARY IMAGINATION AND INNOVATIVE RESEARCH THROUGH “PESQUISA-AÇÃO”

The last 23 October, the Institut de Recerca TransJus, Faculty of Law, University of Barcelona, realised a round table inviting researchers, professors and students to reflect upon transdisciplinary tools and innovative research. Under the supervision of the Director of the TransJus, Dr. Juli Ponce Solé and committed to the efforts made by the League of European Research Universities (LERU), the participants shared a round table with three lectures under the title “Social Sciences, Law and Research methodologies to Innovate: participatory action research/pesquisa-ação”.

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The first lecturer explained the importance of narratives, site visits and interviews carried out by the Polos de Cidadania Institute, Faculty of Law, Federal University of Minas Gerais (UFMG/Brazil) as part of a methodological innovation. The Professor Dr. André Luiz Freitas Dias illustrated how the Polos de Cidadania works with the methodology of “pesquisa-ação”, which is the main tool used by all the work groups of the Programme. Based on reports with a set of articulated interactions, the researchers communicate with the homeless population, social movements and various organs of the Brazilian Justice in the defense and guarantee of people’s rights living on the street in Belo Horizonte. In other words, individuals that have been historically targeted by several violent protocols by the City Council in its executive power exercise. After this presentation, the professor also mentioned some other possibilities for interaction pointing out the concern and commitment of the Programme with the issue of the right to the city, both in urban and rural contexts, specifically addressing housing issues and forced eviction/mobility experienced by communities in socioeconomic vulnerability. Professor Dias is also himself one of the heads in Serra da Canastra Truth and Reconciliation Comission.[i] In that case, civil society represented by the Insituto da Terra and Ordem dos Advogados do Brasil (Federal Bar for the Brazilian Lawyers), locals and the federal justice Bruno de Oliveira were the actors involved in a non-conventional complex legal procedure to conduct an investigation into the crimes against humanity during the 1960s and 1970s. Specially with reference to elderly people, historical reparation seems to indicate the need for new experimentalisms devoted to the act of listening what victims have to say.

The second talk used the perspective of images in movement to refer to the construction of narratives. The PhD Candidate Sílvia Beatriz Nogueira Souza, Arts and Humanities School, University of La Laguna, Tenerife (Spain) showed us the importance of avoiding static gazeseither for the construction or de-construction of an object. During the six-month-stay in El Hierro, Canary Islands (Spain), 2015, the researcher applied innovative techniques for a photographic cartography. The idea was to capture the conducting line and speed to support the creation of symptomatic images, but mainly embracing the process not the inertia of the realiain teaching or diagnosing methods. Nature, things and individuals are mutual parts in the making of life experience.

The third speaker called the attention to the unconventional links between law and amity. The PhD Candidate W. Migliari, Faculty of Law, University of Barcelona, and member of the Institut de Recerca TransJus, presented the sources of law in international treaties and study cases led by intergovernmental bodies incorporating the formal figure of the amicus curiaein litigations in which human, social and economic rights are violated or put at risk. He pointed out the importance of the European Commission at the International Centre for the Settlement of Investment Disputes(ICSID), the Inter-American Court of Human Rights and the participation of NGOs/academia as “friends of the court”.[ii]Not only did the researcher show the relevance of legal connecting factors, for instance, inmineral exploitation by multinational or international companies and violation of human rights, but also the importance of mechanisms to listen to third parties.

The names of renowned intellectuals such as R. M. Unger, G. Calabresi and D. Kennedy are some of the actors of a movement for innovative legal studies, full course of imagination and an intellectual rebellion known as the “Critical Legal Studies” or “Legal Thought”. With subtle differences from one stream and the other, both are dedicated to the way law will reconnect tendons, nerves and veins of societies. The professor Unger usually says: “Suppose, then, that we treat thequestion ‘How should judges decide cases?’ […]. Suppose, further, that in offering this special answer we take care to avoid theillusions of rationalizing legal analysis, its illusions about analogy, about arbitrariness,and about reform. We should define the method in a way that respects the human reality and the practicalneeds of the people who come into court without harnessing them to a glittering schemefor the improvement of law. We must be sure that our judicial practice leaves open andavailable, practically and imaginatively, the space on which the real work of socialreform can occur. We must eschew dogma and accept compromise in ouraccount of the practice as well as in our understanding of the society to which thepractice contributes. We should try to remain close to what judicial decisions incontemporary democracies are actually like”.[iii] In Spain, the Law Professor Manuel Atienza said once “[…] la sociología jurídica o el análisis económico del derecho están prácticamente ausentes (si bienesas disciplinas no consisten únicamente en un conjunto de investigaciones empíricas, sino que contienenun arsenal conceptual cuyo conocimiento sería igualmente de gran importancia para el jurista […]”.[iv] Therefore, interdisciplinary studies imply more “outsiders” or “outliers” than agents and intellection production fit to reproduce the comfortable road of path dependency. [v]

When Walter Benjamin wrote about the fact that the storyteller was disappearing in our contemporaneous dialectical experience, he highlighted the interdependence between those who tell us stories and the listeners. The detachment of such human sensibility and interaction causes non-healing wounds for a long time.[vi] In Catalonia with the book Els altres catalans, Francesc Candel has been maybe the first flâneur hearing the silence voices of Barcelona just after Francisco Franco’s Regime (1939-1975) to report a systematic attack against human dignity and the violation of rights using the city as an organic scenario. Assumpta Montellà reproduced the same silent movie old generations had to tell us about the concentration camps up north Catalonia, but till the publication ofLa Maternitat d’Elnait is undeniable they had had few opportunities. Other best seller narratives such as The Diary of a young girl by Anne Frank or Let me go: my mother and the SS by Helga Schneider are also examples of how contemporaneous society need individuals to be listened and part of the institutions.

For digesting all that food for thought, we also had some participants asking questions and raising doubts about the social transformation through law. Students from humanities and two Brazilian judges interacted with some opinions, suggestions and research knowledge, however, a set of aspects were posed underneath their judgments. How to listen to third parties or even include them in a formal procedure? Is the violation of human rights immensely dictated by an economic global order? Are the processes diligently narrated by political voices, images and institutions giving an opportunity to the listener to follow the reality? From academia and an interdisciplinary institute, our burden is essentially to tie up the loose ends between human reality and the experience of solving conflicts relying on memory, social participation and third parties involving human conflicts. Why not law as an open system as the pro bono publico motto, which is put forward, for example, by the Faculty of Law, University of Oxford (United Kingdom)? The idea of good governance, good administration and the public good may nudge in the direction of different branches of knowledge: “Oxford Pro Bono Publico (OPBP) provides pro bono legal research, particularly in the fields of international and comparative law, to individuals and organisations who are themselves working on a pro bono basis. In particular, graduate students and supervisors from the Faculty of Law prepare or assist in the preparation of research beliefs, expert opinions, amicus curia briefs, policy submissions, and reports. Over the past 14 years, OPBP has produced more than 40 projects for around 25 project partners across 12 different jurisdictions”. [vii]

As it was told during the discussions, the interesting programme Dret al dret is working in the same path with interesting and promising results. [viii]

Cronicle realised by W. Migliari, PhD Candidate in Public International Law and International Relations, Faculty of Law, University of Barcelona. Member of the Institut de Recerca TransJus.

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[i]Retrieved from http://www.otempo.com.br/hotsites/aparte/comiss%C3%A3o-da-verdade-da-serra-da-canastra-se-re%C3%BAne-1.986623

[ii]See Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), Communication No. 2/2014, Views adopted by the Committee at its fifty-fifth session (1-19 June 2015). It is relevant in that case the presence of the amicus curiae represented by the International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net). According to the ICSID on experimentalism and innovation: “[…] ICSID has also been a leader in procedural innovation, including through adoption of the first provisions on transparency of the arbitral process, participation of amicus curiae, and expedited preliminary motions”. Retrieved from https://icsid.worldbank.org/en/Documents/about/ICSID_AR16_English_CRA_bl2_spreads.pdf#search=European%20Commission%20amicus%20curiae

[iii]Unger, R. M. (1996). The fourfold root of rationalizing legal analysis: the commanding role of the judge. In What should legal analysis become? (p. 113). New York: Verso.

[iv]Atienza, M. (2007). Prólogo. In Courtis, C. & Atienza, M. (Eds.). Observar la ley: ensayos sobremetodología de la investigación jurídica(pp. 9-12). Madrid: Editorial Trotta.

[v] See Liebowitz, S. J. & Margolis, S. E. (1990). The fable of the keys. Journal of Law and Economics, 33(1), 1-25. Read also Hathaway, O. A. (2003). Path Dependence in the Law: the course and pattern of legal change in aCommon Law system. Yale Law School Legal Scholarship Repository, 3(1), 101-165.

[vi]Benjamin, W. (2006). The Storyteller. In Hale, D. J. (Ed.). The novel: an anthology of criticism and theory 1900-2000 (pp. 361-378). Malden, Mass: Blackwell Publishing.

[vii] Retrieved from https://www.law.ox.ac.uk/research-and-subject-groups/oxford-pro-bono-publico

[viii] Retrieved from http://www.ub.edu/dretaldret/. There is an important note referring to the “students of Law who took part in the Uniland case, in relation to an environmental authorization from Generalitat de Catalunya regarding the cement factory Uniland, in Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès). In particular, UB students supported the actions presented by environmental collectives, against the resolution issued by the Catalan Government. This case got to the United Nations and two students and two lecturers of the UB attended a public conference in Geneva in presence of the Compliance Committee of the Aarhus Convention of the United Nations. The students took part in this collaboration as part of their curricular practical lessons and end-of-degree projects, and within the activities of the Environmental Law Clinic of the Faculty of Law”. Retrieved from http://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2017/07/014.html.

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How to cite: Migliari, W. (2017, November 22). A chronicle of interdisciplinary imagination and innovative research through “pesquisa-ação”. Blog Institut de Recerca TransJus. Retrieved November 22, from https://transjusblog.wordpress.com/

La dimensión jurídica del gasto público: derechos humanos, presupuestos y recortes

El pasado miércoles 18 de octubre tuvo lugar en la Sala de Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, el Seminario “La dimensión jurídica del gasto público: derechos humanos, presupuestos y recortes”. El evento, que se sumó al Ciclo de Debates organizados periódicamente por el TranJus, fue abierto y moderado por el Dr. Juli Ponce, Director del Instituto TransJus. En su discurso de apertura, el Dr. Ponce quiso estimular la reflexión sobre derechos fundamentales —y en particular el derecho a la vivienda—, su realización y financiación a través del gasto público, pero también sobre su violación mediante recortes y medidas de austeridad. El Dr. Ponce evidenció que el hecho de que entre 2008 y 2015, la inversión en materia de vivienda descendió un 55% en los presupuestos generales del Estado Español, no es un asunto baladí y resulta por lo tanto necesario dedicar más atención al efecto de políticas presupuestarias sobre la realización de los derechos fundamentales y al estudio de instrumentos jurídicos que puedan ampararlos en tiempos de crisis.

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A partir de esta última reflexión, el Dr. Horacio Corti, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, empezó su ponencia compartiendo con los oyentes su idea de regulación presupuestaria. El Dr. Corti concibe el problema del presupuesto público y de los recortes como un fantasma que recorre el mundo entero y que a partir de 2012 adquiere una relevancia cada vez mayor en los discursos tanto de la Unión Europea cuanto de las Naciones Unidas, así como en las normas y sentencias constitucionales de países como España, Italia, Brasil y México. Se trata de un problema global, multinivel, y hay que tratarlo como tal, porque su comprensión exige una visión simultánea del derecho nacional comparado, del derecho comunitario europeo y del derecho internacional de los derechos humanos. Al mismo tiempo, según el Dr. Corti, habría que reformular la manera en que pensamos la Constitución, o sea el texto fundamental que, por un lado, garantiza los derechos fundamentales del ciudadano —primer pilar constitucional— y, por el otro, establece las directrices para la organización del poder estatal —segundo pilar constitucional. A tal fin, el Dr. Corti propone dotar la Constitución de un tercer pilar que incluya una disciplina normativa sobre financiación del gasto público: un conjunto de reglas situado en el más alto nivel de la jerarquía normativa, que puedan, gracias a su posición preponderante, establecer los límites y las prerrogativas del legislador presupuestario. Esta Teoría General de la Constitución Financiera no separa y tampoco rompe el texto constitucional; el tercer pilar contribuye a conectar la parte de los derechos fundamentales con la parte orgánica de la constitución, porque tiene la función de proporcionar la disciplina reguladora para la financiación de ambas partes. Finalmente, el Dr. Corti destacó que si se otorga a la disciplina presupuestaria el correcto espacio tanto a nivel global cuanto a nivel constitucional se derrumbarían dos grandes mitos: primero, que el legislador tiene discrecionalidad absoluta en definir gasto y recortes públicos y, segundo, que los tribunales no pueden decidir sobre cuestiones presupuestarias.

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El Dr. Cristian Billardi, también Profesor de la Universidad de Buenos Aires, enfocó su ponencia sobre otro aspecto constitucional relacionado a las políticas presupuestarias: la reciente recepción del principio de “equilibrio” o “sostenibilidad” fiscal en la Constitución de numerosos sistemas europeos y latinoamericanos. La incorporación constitucional de este principio se da en un contexto de crisis económica y tiene la finalidad de contener el déficit y limitar el gasto público. Dada la relevancia constitucional de dicho principio y dada también la relevancia constitucional de los derechos fundamentales que pueden verse afectados por la reducción de gasto público, cabe entonces cuestionarse acerca de si “equilibrio” o “sostenibilidad” fiscal deben ser objeto de balance en un pié de igualdad con los demás derechos humanos constitucionalizados o, en cambio, deben subordinar o subordinarse a estos últimos. La respuesta del Dr. Billardi a este interrogativo es que no se tendría que preferir ninguno de los dos, sino llegar a una ponderación después de haber analizado concretamente el contenido de la ley presupuestaria y sus consecuencias para no alterar el ejercicio ordinario de los derechos humanos.

El Dr. José Rozas, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona, se sumó al discurso del Dr. Billardi e hizo una crítica al poder legislativo, que carece de coordinación y de rigor técnico en la definición de las normas presupuestarias. Así, el Dr. Rozas evidenció la falta de una memoria económico-financiera que explique cómo y de dónde se generan los recursos económicos y también de un esfuerzo conjunto que conecte la política económica con la política tributaria. En tiempos de crisis la hacienda fiscal es probablemente el único escaso recurso para la financiación del gasto público, por lo tanto, hay que racionalizar los costes, separarlos y evaluarlos política por política, así como hay que analizar la conducta económica (behavioural economics analysis) de los varios agentes, para evitar que haya beneficios y restricciones ilegítimas.

El cuarto ponente invitado, el Dr. José Manuel Almudí, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, no pudo asistir por un problema sobrevenido de última hora, así que después de la intervención del Dr. Rozas, el Dr. Ponce abrió el turno de preguntas. El debate entre oyentes y ponentes resultó ser una estupenda ocasión en la que, a pesar de las diferentes de visiones, se llegó a la misma conclusión: el discurso sobre presupuestos, recortes y derechos humanos es un tema sensible y a veces incómodo, pero no por esto tiene que evitarse. Se precisan más estudios, más análisis y más atención en la disciplina jurídica del gasto público, de otra forma nunca se encontrará el correcto equilibrio entre justicia y recursos.

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Para mayores detalles sobre los temas tratados durante el Seminario se pueden consultar gratuitamente los siguientes documentos:

http://www.forumjustica.com.br/wp-content/uploads/2015/08/Revista-Juridica-de-Buenos-Aires.pdf

https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/220813/398085/Tesi%20Billardi%20-%20Diritti%20Umani%20e%20Diritto%20tributario.pdf

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=578436

Al final del Seminario el Dr. Corti donó al TransJus y éste a la biblioteca de la Facultad de Derecho un ejemplar de su libro “Derecho Constitucional Presupuestario”:

https://www.praxisjuridica.com.ar/derecho-constitucional/derecho-constitucional-presupuestario-autor-corti-horacio-guillermo/

Así como el volumen en papel del monográfico de revista sobre Derechos Humanos y restricciones financieras del que ha sido autor, además que director, junto al Dr. Ponce y a muchos otros académicos de prestigio:

https://www.mpdefensa.gob.ar/biblioteca/pdf/Revista11.pdf

 

Crónica realizada por Leila Adim, doctoranda de la Facultad de Derecho, Universitad de Barcelona.

 

La Nueva Agenda Urbana y su implementación: hacia una mejor gobernanza urbana

Del día 16 al 18 de octubre, unas jornadas internacionales en la Facultad de Derecho han analizado el estado actual de desarrollo de la Nueva Agenda Urbana, documento que aprobó en diciembre pasado la Asamblea General de las Naciones Unidas. El encuentro, organizado por el Instituto de Investigación TransJus, en colaboración con el programa de las Naciones Unidas ONU-Hábitat, y ha sido coordinado por Wellington Migliari, miembro asociado de TransJus  y Alexandre  Douglas  Zaidan  de  Carvalho, Doctor y Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasília y miembro de la Abogacía General de la Unión (Brasil).

Las jornadas  han abordado cuestiones como el medio ambiente urbano, la vivienda y la gobernanza urbana, con la participación de académicos y de personas vinculadas a la gestión urbana en varios países del mundo, especialmente del ámbito iberoamericano. El programa, en tres idioma, catalán, español e inglés está disponible en la agenda del TransJus:

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/International%20Seminar%20Law%20&%20Society%20II%20(1).pdf

La inauguración de la actividad ha corrido a cargo del vicedecano de la Facultad de Derecho Dr. Marc Tarrés; de Juli Ponce, director de TransJus, y de André Luiz Freitas, profesor doctor de la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) y coordinador académico del programa Polos de Ciudadanía.

Entre otros temas, se ha hablado de conceptos como el derecho a la ciudad o la idea de ciudades resilientes, y se han analizado cuestiones como la gobernanza urbana y la lucha contra la corrupción.

Entre los ponentes ha destacado la participación del defensor general de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti, que ha hablado de derecho en la ciudad, acceso a la justicia y presupuesto público.

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La clausura ha estado a cargo del decano de la Facultad de Derecho Dr. Xavier Pons y del director ejecutivo de ONU-Hábitat, Joan Clos, mediante un video grabado especialmente para la ocasión, que puede consultarse aquí: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=XOdlRl0kz0s

En el marco de las jornadas, también se ha presentado el libro Derecho a la vivienda y función social de la propiedad. Nuevas políticas públicas en el marco del servicio público de alojamiento, editado por Thomson Reuters Aranzadi y el Colegio de Registradores de la Propiedad, y coordinado por los profesores de la UB Josep M.ª Moltó — que también ha participado en la presentación — y Juli Ponce en el que han participado diversos miembros del TransJus, profesores de la UB y expertos en gestión pública y Derecho.

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La Nueva agenda urbana de las Naciones Unidas, como es sabido, surge de Hábitat III, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible que tuvo lugar en Quito (Ecuador) hace un año. En su declaración se hace un llamamiento a favor de «ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles», en la línea de lo que el mismo documento llama «el derecho a la ciudad». Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y se prevé que en 2050 la cifra llegue al 66 %.

La actividad forma parte del seminario anual de TransJus Law and Society/ Derecho y Sociedad, que cumplía este año su segunda edición. La tercera se prevé para otoño de 2018, barajándose la posibilidad de celebrarse físicamente en esa tercera ocasión en Brasilia. El tema elegido este año encaja en la línea de investigación número 4 del TransJus, que incluye investigación en temas urbanos como el medio ambiente, el urbanismo o la vivienda.

El TransJus present en el I Congrés internacional sobre regulació d’allotjament col.laboratiu

El dia 25 d´octubre diversos membres del TransJus participen en el I congrés internacional sobre regulació d´allotjament col.laboratiu que te lloc a Valencia, en el que el nostre institut de recerca es també un dels promotors, conjuntament amb la Universitat de Valencia, organitzadora, i la Generalitat Valenciana.

Professor Eva Andrés Aucejo, a member of the TransJus, has been nominated “Consultant” for the World Bank, in the Human Centered Business Model Project, developed by the Global Forum on Law, Justice and Development (GFLJD).

Dr. Eva Andrés Aucejo, researcher for the Human Centered Business Model, has engaged in various activities to support the work of the Secretariat of the Global Forum on Law, Justice and Development (GFLJD) in collaboration with TransJus, which was initiated and supported by the LEGVP of the World Bank. These activities included contributions to the development of a set of provisions and indicators on economic and fiscal principles for the Human Centered Business Model, which was presented at the University of Barcelona Law School last June: http://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2017/06/031.html

In particular, Dr. Andrés developed a background paper entitled “Fiscal and Economic incentives for companies developing an alternative approach to doing business: The Fiscal Pillar (IV) of the Human-Centered Business Model Project”, as a result of her researches during her stay at the World Bank Headquarters, in Washington D.C. The studies of Professor Eva Andrés have deserved the “Impressive Works” consideration by the Legal Vice-Presidency of the World Bank. English and Spanish versions of her work will be published. The Spanish version will be included as a working paper of TransJus and will be available soon in its web page: http://www.ub.edu/instituttransjus/wp-numerosENG%20-%20Copia.html