Jornada sobre indicadores, buena gobernanza, buen gobierno y cumplimiento del derecho a una buena administración

El día 16 de mayo tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la UB la Jornada sobre indicadores, buena gobernanza, buen gobierno y cumplimiento del derecho a una buena administración, organizada por TransJus de la Universidad de Barcelona y la Asociación Internacional para la Gobernanza, la Ciudadanía y la Empresa, con participación de académicos de diversas disciplinas (Derecho, Economía, Psicología, Criminología, Ciencia Política…), gestores públicos y miembros de órganos de supervisión de la Administración.

La sesión se inicio con las ponencias de los profesores Infante y Aguirre, miembros del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Nuevo León.

El profesor José María Infante de la Universidad de Nueva León, Instituto de Investigaciones Sociales, empezó su reflexión con una cita de Galileo Galilei (a quien se le atribuye la frase de que hay que medir todo lo medible y hacer medible lo que no lo es). Hablar de medir es enfrentarse a problemas epistemológicos, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales.

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Toda medición tiene que ver con un aspecto práctico y concreto: ¿qué y para qué medimos?. El profesor Infante recordó la anécdota de un investigador norteamericano que dijo que pretender que la medición mejora las cosas es como pensar que porque un ganadero de Wisconsin pese cada día al ganado, éste engordará por sí sólo.

Lo expuesto fue experimentado en su instituto en relación con la medición de la sostenibilidad. Un primer problema supuso ponerse de acuerdo sobre qué es la sostenibilidad. La generación de los indicadores de los que ahora disponen en el observatorio de la sustentabilidad del Instituto llevó un año y medio de discusión (un ejemplo: indicador de paridad de género en las instituciones políticas, disponible en:

http://observatorio.iinso.uanl.mx/stories/indicadores/indicador_E15-metadato.pdf; se está trabajando en completar este indicador cuantitativo con aspectos cualitativos).

La perspectiva fue completada por el profesor Aguirre, quien destaco la ventaja del uso de indicadores numéricos, dada su neutralidad, y comentó como en el Observatorio mencionado han generado indicadores con medición de 0 a 1, siendo 1 la condición óptima (véase el indicador de gobernanza referido a derechos humanos, en: http://observatorio.iinso.uanl.mx/stories/indicadores/indicador_G01-metadato.pdf ).

Asimismo, el profesor Aguirre expuso las ideas principales del trabajo publicado en el número 45 de la revista Gobernanza y accesible en internet “Medir la gobernanza: un acto a favor de la calidad de la democracia”.

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El estudio parte de la idea de que “La participación ciudadana es la clave de la calidad para gobernanza, no así de la gobernabilidad o de la calidad del gobierno. En esa medida, la gobernanza también resultaría la clave para la evaluación sobre la calidad de la democracia. Ahora bien, ¿cuál es la clave de la participación ciudadana? Prats aporta una solución: “…en saber organizar un espacio público deliberativo basado en normas procedimentales que retroalimenten la confianza en la estructura de interdependencia”(…), porque la interdependencia es el signo distintivo de la gobernanza ante la gobernabilidad y el gobierno”. A partir de ello, se realiza en el estudio una propuesta de 4 indicadores de medición de la participación ciudadana, como elemento relevante de una buena gobernanza. Así, por ejemplo, el primero de ellos es éste:

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A partir de los otros tres indicadores elaborados en el trabajo, se obtendría un índice de gobernanza, bajo la fórmula:

IG = (IG1 + IG2 + IG3 + IG4) / 4

Donde, IG es el Índice de gobernanza y las demás nomenclaturas corresponden a los 4 indicadores elaborados en el trabajo, de los que aquí sólo hemos descrito el primero. El objetivo es “constituirse en el marco referencial para desarrollar un método evaluativo de la gobernanza, en tanto participación ciudadana, que diagnostique y pueda elaborar propuestas constructivas de los espacios donde puede incrementarse la democratización de los programas de gobierno. Pues la democracia no trata de otra cosa: la distribución equitativa del poder público para beneficio de todos”.

Tras un debate abierto entre los asistentes y un descanso, se reanudó la sesión de trabajo con las ponencias del señor Isidre Obregón y la señora Elisa de la Nuez.

El señor Isidre Obregón, Analista de Sector Público, Generalitat de Catalunya, se ocupó de la buena administración y las cartas de servicio.

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Tras un análisis del concepto de buena administración en relación con la gestión pública moderna, su inclusión en diversas normas europeas y españolas y su protección judicial, el señor Obregón se centró en las cartas de servicios como uno de los instrumentos de realización del derecho a una buena administración. Partiendo del origen de las cartas de servicios en el ámbito británico, la ponencia consideró las Cartas de servicios en el contexto español y catalán. En éste último ámbito, la ley 26/2010 de procedimiento administrativo y la ley 19/2014, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno regulan las cartas, estableciendo su aprobación obligatoria, con rango reglamentario y exigibles jurídicamente, y señalan el contenido mínimo obligatorio que deben incluir, entre el mismo, los indicadores para su evaluación, habiéndose aprobado hasta la fecha de hoy una carta adaptada a la legislación vigente, referida a los servicios prestados por el Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalitat de Catalunya.

A lo largo de su exposición, el señor Obregón expuso las tensiones entre gestión y Derecho, en el sentido de que la actual naturaleza jurídica reglamentaria de las Cartas genera que su posible modificación mediante el procedimiento de elaboración de reglamentos conlleve una media de 9 meses de aprobación, así como las percepciones de calidad propias de la organización administrativa y de los ciudadanos/as y su evaluación mediante indicadores.

La sesión matinal se cerró con la ponencia de la señora Elisa de la Nuez, Secretaria General de la Fundación Hay Derecho.

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La ponente se refirió a la importancia de las instituciones para un país y la situación española en los ránquines internacionales de calidad de las instituciones, descendiente en los últimos años, en consonancia con una pérdida de confianza en las instituciones que es mayor entre la gente más joven y los votantes de izquierdas. En la voluntad de medir y realizar un ranquin que sirva de acicate a las instituciones públicas, la Fundación ha lanzado el Índice Hay Derecho, que ya ha sido probado en una primera prueba piloto realizada con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Los indicadores generados se han agrupado en 8 bloques:

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A cada bloque, se le han asignado diversos indicadores:

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Como ejemplo, se incluyen a continuación los indicadores relativos al bloque 8:

Bloque 8. Transparencia y rendición de cuentas

Sub-indicadores que forman el bloque:

8.A Índice Transparencia Cumplimiento Obligatorio

Tomamos como referencia el Informe de evaluación de los órganos constitucionales y reguladores.

Escala de consecución del indicador (junto con normalización): Se toma como referencia el valor del índice, pero en escala 100 en vez de 10.

8.B Índice Transparencia Cumplimiento Voluntario

Se establece en esta ocasión una definición propia para valorar el grado de cumplimiento voluntario. Tomando como base los criterios que se utilizaron en el informe de evaluación de

los órganos constitucionales y reguladores, para el cumplimiento de este indicador se tienen en cuenta la publicación de los siguientes factores en la página web del organismo público:

* Agenda del Presidente, altos cargos y máximos responsables del organismo o institución, con identificación de las partes reunidas, del objeto de la visita y de su resultado

* Orden del día y acuerdos de los órganos de gobierno del organismo o institución.

* En su caso, identificaciónón e informaciónón profesional del personal eventual “de confianza” del organismo o instituciónón

*En su caso, los informes de auditoría realizados por entidades externas e independientes al organismo o institución

* Indemnizaciones devengadas y percibidas por el Presidente, los altos cargos y los máximos responsables del organismo o institución en concepto de viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales.

* Bienes patrimoniales del organismo o institución, su titularidad, y, en su caso, cesionario y destino de la cesión.

* Relación de vehículos oficiales a disposición del organismo o institución.

*Relación de los obsequios recibidos por el Presidente del organismo o institución por razón del cargo, con indicación de su descripción, dotador, fecha y destino de los mismos.

Escala de consecución del indicador (junto con normalización): La publicación de cada factor añade un punto de consecución y en función del número de factores que apliquen al organismo se normaliza a escala de 100 puntos. En el caso de un organismo en el aplicasen todos los factores (ocho), la escala de normalización sería la siguiente:

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8.C Rendición de cuentas y estrategia de comunicación (comparecencias en sede parlamentaria y estrategia de comunicación donde se tiene en cuenta las notas de prensa emitidas y la presencia en redes sociales).

Se valora la existencia de perfiles propios de la entidad en diferentes redes sociales (twitter, Facebook, YouTube, etc.):

– Ninguna: 0 puntos

– De 1 a 3: 1 punto

– Más de 3: 2 puntos

– Aparte se valora la frecuencia de actualización (1 punto adicional valorado subjetivamente)

Notas de prensa:

– Al menos 1 a la semana: 1 punto

– Menos de 1 a la semana: 0 puntos

Comparecencias parlamentarias:

– Si comparece más de lo previsto por ley: 2 puntos

– Si solicita comparecencia más de lo legal pero no se le concede: 1 punto

– Solo la legal: 0 puntos

Otros elementos:

– Publica o retransmite las reuniones de sus organismos de dirección: 1 punto

– Publica los informes y auditorías externos: 1 punto

– Publica los informes de seguimiento y evaluaciones internas: 1 punto

Según la escala definida para el indicador, el valor mínimo es 0 y el máximo 9. Se normaliza a escala 0 a 100. En la tabla se refleja el escalado:

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Por la tarde, la sesión continuó con una mesa redonda sobre evaluación de políticas públicas y de normas jurídicas y generación de indicadores: experiencias y propuestas de avance en el futuro, en la que participaron el señor Ismael Peña-López, Director General de Participación Ciudadana de la Generalitat de Cataluña, el profesor Jaume Magre Ferran , Director de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, el señor Marc Balaguer, Director de Ivàlua, Institut Català d´Avaluació de Polítiques Públiques i la señora Paula Ortí, responsable del Área de Mejora de la Regulación, Generalitat de Catalunya.

El señor Peña-López abordó la cuestión de la participación y la dificultad de medir la participación nueva (puso como ejemplo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca), que sin articulación formal participa en el debate público con impacto.

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Por su parte, el profesor Jaume Magre expuso la labor de la Fundació Carles Pi i Sunyer en el ámbito local, destacando la importancia de contar con series temporales y con comparabilidad para generar indicadores y evaluar políticas públicas desde las ciencias sociales, desde una función social de la investigación. Con esas premisas, el observatorio del Gobierno Local de la Fundación que desde 2003 hace un seguimiento periódico del mapa municipal catalán e intenta aportar herramientas de apoyo a los responsables de los ayuntamientos. El mismo se ha extendido a otros territorios y también ha ampliado el alcance del estudio hasta incorporar todos los municipios catalanes mayores de 500 habitantes. Con una perspectiva interdisciplinar, los investigadores recaban información de fuentes secundarias y de cuestionarios y entrevistas personales con los responsables locales.

En tercer lugar, Marc Balaguer, director de Ivàlua, explicó la dimensión de la institucionalización de la evaluación, a partir del estudio de Jacob, Speer y Furubo), un ámbito en el que concurren agencias de evaluación, universidades, centros de investigación, profesionales o consultores en la producción de evaluaciones, que son utilizadas por el sector público o el tercer sector.

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Terminó su exposición haciendo algunas propuestas de mejora futura en este ámbito, entre ellas, hacer que los académicos involucrados sean fáciles de encontrar (con elaboración de directorios).

Finalmente, la señora Paula Ortí abordó específicamente la evaluación y generación de indicadores respecto a normas jurídicas, desde la perspectiva que dan los diez años de política pública de mejora de la regulación en Cataluña, ahora con la labor del Área de Mejora de la Regulación.

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Tras exponer la tarea de esta unidad en la evaluación normativa, sobre todo hasta el momento en el ámbito ex ante, en las consultas públicas, en la reducción de cargas y en la simplificación, la señora Ortí detalló las distintas fases de la implantación de la evaluación de impacto normativo en Cataluña. Hizo referencia a los indicadores usados por el Área en relación con su labor en los últimos años, señalando la dificultad de medir el concepto de calidad normativa.

El trabajo desarrollado ha permitido que un 70% de las memorias de evaluación de impacto normativo incluya análisis cuantitativos en relación con las cargas administrativas sobre la actividad económica. Asimismo, en relación con la calidad de las memorias de evaluación se tienen en cuenta elementos de análisis como la estructura, la conexión lógica, la identificación del problema, los objetivos, la identificación de dos opciones, la valoración de terceras opciones, la comparación de opciones o la implementación (con indicación de si es suficiente o mejorable). Incluyendo las observaciones que realiza la propia unidad, siendo las referidas a la determinación del problema, los objetivos y las opciones, con 114 sobre un total de 301 observaciones en dos años (2016-2018). En un 90% de casos, las observaciones son aceptadas por el regulador. En el capítulo de propuestas, se sugirió la incorporación de nuevos indicadores futuros.

La jornada se cerró con un debate entre los asistentes sobre la situación actual y las perspectivas de mejora en el ámbito de la buena gobernanza, el buen gobierno y el derecho a una buena administración, su evaluación y el papel de los indicadores.

Aprovechamos para agradecer a todos los ponentes y asistentes a los debates su participación y aportaciones, con especial mención a los profesores visitantes José María Infante y Jorge Aguirre, miembros del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Nuevo León.

Crònica realizada por el Dr. Juli Ponce

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CONCLUSIONS FROM THE I INTERNATIONAL SEMINAR ON ADMINISTRATIVE LAW AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE∗

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I.- GENERAL COMMENTS

1. Artificial intelligence (AI) refers to systems that display intelligent behaviour by analysing their environment and taking actions – with some degree of autonomy – to achieve specific goals. AI-based systems can be purely software-based, acting in the virtual world (e.g. voice assistants, image analysis software, search engines, speech and face recognition systems) or AI can be embedded in hardware devices (e.g. advanced robots, autonomous cars, drones or Internet of Things applications)[1].

Generic reference to AI includes the use of algorithm systems, machine learning and deep learning systems, neural networks, intelligent robotics and big data as the source for AI. It has been identified as one of the five emerging technologies that can transform our society in the upcoming decades and is the foundation of the fourth industrial revolution.

2. The public sector in Spain is already using AI in the execution of its operations and in the provision of public services. However, there are serious problems in identifying and controlling IA that is currently operating or is going to be implemented in the near future. Generally, he information available is only informative – journalistic or institutional – and very superficial. As such, active dissemination of these initiatives and projects is important for their categorization, analysis and evaluation. While solid AI public actions can already be identified with potential legal repercussions, so far the situation is basically experimental, primarily based on behaviour patterns and automatic classification systems, as well as image and spatial recognition. In any case, there is a striking lack of algorithmic transparency and the absence of an adequate perception by the Public Administrations of the need to approve a specific legal framework. There is only a certain amount of concern regarding compliance in the sphere of data protection, which is perceived as a limit.

According to an initial analysis of experiences in the public sector in Spain, AI is used, still in a very incipient way, to analyse data (fire risk, locations to be inspected), process natural language (review of requests made by citizens or detection of irregularities and fraud in public tenders), identifying images (counting of people in public spaces or detecting possible offenders), taking or facilitating decision-making (allocation of state subsidies, determining the streets for police patrolling, identifying schools that may have a higher rate of school abandonment or treatment for a particular disease) or customizing public services (provision of information services, counselling and attention to citizens).

3. Notwithstanding the benefits of the use of AI in the public sector administration, it is important to consider the risks, tensions and violations it may entail for the purposes of legal certainty and fundamental rights such as equality, privacy or the protection of personal data and the principles of the administrative procedure. This is the case, for example, with regard to the inviolability of the duty to motivate as a consequence of machine learning, the reduction in the effectiveness of the right to formulate claims if the operation of the personal data protection algorithm is unknown when Public Administrations use massive data or elaborate profiles or, where appropriate, if minority groups are discriminated.

4. The Public Administration of the future will not only be electronic but also intelligent and will require a very different profile of public servants. It is necessary to reflect on and ensure the training of current and future civil servants, as well as the suitability of the civil service selection systems.

5. This requires research on the impact that IA may have on Public Law and fundamental rights as well as the promotion of new mechanisms to guarantee these principles and rights by default and through design. Public law must, so to speak, be embedded in the source code. In addition, this is a key element in the development of AI in the European Union[2].

6. Law is responsible for the materialization of the so-called Governance and Ethics of IA and its essential principles: the protection of dignity and human rights; the five basic principles of beneficence and non-maleficence, justice, freedom, human autonomy versus artificial “autonomy” and justification and transparency. Regulatory compliance, respect for dignity and fundamental rights, privacy in the design, compliance with the requirements of competition law and other goods and ethical-legal values should be inserted in the code of the design and development of AI, especially in the public sector.

For these reasons, it is essential at this initial phase, to request the participation of legal experts in the design, implementation and use of AI systems.

7. We are aware of the great difficulties in generating a single regulatory framework, given that Law is slow in adapting to technological reality and also requires new regulatory techniques and procedures. The elaboration of a new common European framework and the adaptation of norms and rules of Spanish law are unavoidable. Both regulatory action and good practices are required at all levels, as well as the implementation of regulations and standards already applicable.

Law must enable and encourage innovation, create conditions, structures and institutes that allow technological development while avoiding undesirable risks. Law must also seek to redistribute benefits and costs equitably.

We must be aware that Law in these areas tends to act in a reactive way, not in a proactive way, preventing the stimulation of the development of AI. Likewise, peremptory Law may motivate non-compliance, failing to encourage initiative in society. Private Law may be best to address some of these challenges, as it takes into consideration self-interest and allows creativity, but this may negatively affect the public interest of society as a whole. The aim is to know the extent of what is socially tolerable and to promote a public Law that enables innovation in this area.

8. We also consider that it is necessary to positively assess and be open to the introduction of techniques for a biodegradable law, which is experimental in a continuous beta, while developing legal solutions that are already available, such as the so-called regulatory sandboxes or sunset clauses. In spite of the criticisms that may be directed at them, we consider necessary to move towards the innovation of regulation. It is also essential to make progress in the inclusion of computer scientists and legal specialists in the several regulatory forms of the technological sector. Similarly, we need to be alert and adopt safeguards against the dangers of the lack of legitimacy, capture and algorithmic manipulation of the regulator. We also believe that mechanisms and techniques relating to the principles of precaution and responsibility should be evaluated.

9. In any case, the fundamental principles of transparency and good governance as well as the legal obligations deriving from the citizens’ right to good administration must be reshaped in order to address the requirements of transparency, accountability and justification. A number of fundamental and constitutional rights already impose these requirements: the right of access to information, due process and judicial and administrative guarantees or the right to data protection, among others. Justification includes the access to algorithms and the systems into which they are integrated, the data and its quality, and the identification of the person accountable for the operation. In addition, it includes the reasons of a public decision that affects a specific person or a group, in order to avoid violating the constitutional principle of the interdiction of arbitrariness.

Moreover, it is necessary to have transparency and justification from the outset of the design that generates verifiable data: intelligent systems must be designed in such a way that they can be supervised and monitored either by humans or by other intelligent systems. Likewise, a guardian AI is needed. In short, Law needs intelligent tools to deal with intelligent tools.

10. The rights to equality and non-discrimination must be reinforced in order to avoid the damage that the intense use of big data and AI technologies can generate as they permit citizen control and monitoring systems with more or less spurious intentions. Voluntarily or involuntarily, the fact is that the handling of poor-quality data or a poor design can generate biases and discrimination, which must be minimized. At the same time, it is necessary to ensure that the intelligent system does not lose its effectiveness through minimisation. It is also essential to apply the techniques of anti-discriminatory law for the correction of possible biases.

11. The jurisprudential contributions and case-law techniques relating to the review of discretional powers of the Public Administration and its approach to the effectiveness of the right to good administration (with its corresponding obligation to provide motivated decisions) must be modulated and adapted to the use of predictive tools that support decision-making or replace human activity. This is necessary, since it may reduce the scope of discretion conferred on the administration and its human decision-makers. Nevertheless, the future possibilities of a properly exercised AI are many and the use of algorithms may result in greater objectivity in the decision-making process of the Public Administration.

In this sense, it might be convenient to apply a “piercing the veil” to the automated or algorithmic decision until reaching the human decision. Current regulations only establish rules and guarantees in relation to automated decisions with impact upon people, which excludes semi-automated or decision support systems from any protection. Therefore, we must be especially aware to the fact that humans habitually follow the decision proposed by the automated system.

It is also important to reflect on the need to preserve spaces and generate safeguards to provide human decisions in the areas of administrative and judicial discretion. In this sense, we must value the recognition of a right to a significantly human decision. Likewise, it is necessary to study the possibility of incorporating safeguards to ensure the need for humans to justify not following up the decision using algorithms. Equally, there must be contexts facilitating that humans do not automatically follow the decision of the algorithm.

12. We also consider that there is a need for structural conceptual changes: the determination of the nature of algorithmic systems, including their consideration as a possible source of Law; the reflection on what an administrative record is and what belongs to it, and the need to respond to informality and automated actions. It is also appropriate to assess the validity of the theories of the administrative body and the administrative decisions with respect to the IA activity of the public sector and the limits to the extension of these systems.

All of this also affects key elements of public Law, such as: the guarantees in the approval and verification of intelligent systems, relating to the responsibility in the adoption of the decision-making process; the distribution of roles from the perspective of the democratic State; the displacement of the decision and the burden of proof; the minimization of the human historical tendency towards the fascination and confidence in machines (which dates back to the Age of Enlightenment and before); the role of the collegiate human decisions in the context of the progress of AI; or the revision and monitoring of the systems.

13. We also consider it essential to adapt the public procurement legal framework in order to put the intense public-private collaboration in the development of algorithmic tools, AI and the creation and management of big data at the service of the general interest, while avoiding the capture of Public Administrations. Thus, public procurement must integrate the requirements of transparency and justification, as well as non-discrimination or compliance with privacy regulations. This, in addition, must allow for equality of bidders in contracting satisfying these principles in its design.

14. Special attention should be paid to the peculiarities of the implementation of AI in the context of smart cities, where an important area of experimentation is developing at the local level involving many specific legal questions and challenges.

15. It is essential to address the issue of the configuration of the ownership of data and AI systems and their possible treatment as “data as commons”. In this sense, it is necessary to assess assumptions in which it is necessary to demand that the system is not only a service provided to the public sector, but of public property.

16. It is also necessary to take into account the fight against a new gap: the one derived from the difficulties regarding the ability to read and exploit big data, since only those organizations with sufficient human and economic resources are able to benefit from all the advantages of these new tools.

In recent years, several research groups from different Spanish universities have begun to develop projects, which have addressed the opportunities and risks that can be generated using AI in the public sector from a variety of perspectives. Some answers have been proposed to facilitate the use of intelligence in Public Administrations in accordance with the principles inspiring Public Law. We understand that it is necessary to continue working in this direction, expanding academic collaborations between these groups and bringing in new ones in the future.

II.- WORK GUIDELINES FOR THE FUTURE

 On the basis of the premises above, some important guidelines may be identified that could serve to give direction to the legal discussion and the practical application of these technologies in the public sector:

1. In general, it is essential to make a conceptual effort to help clarify the technological reality we are referring to when using expressions such as IA or algorithms. To this end, it would be advisable to promote inter/transdisciplinary working groups that help to specify and, where appropriate, prioritise the technical aspects that raise relevant legal implications, generating clear and precise documents that serve as a reference. It is also necessary to prioritize the technological issues that require an immediate legal response in the context of Public Administrations, distinguishing them from those that, on the contrary, require a medium-term analysis because they are less urgent.

2. Any attempt to tackle the analysis of the legal challenges posed by IA in the public sector should be based on an exhaustive catalogue of the experiences and initiatives already operating in reality, in which a series of minimum data standardised would be specified beforehand from the perspective of legal guarantees.

3. Beyond the great interest presented by the doctrinal analysis of their possible nature as a source of Law (regulation) and with regard to the legal nature of algorithms, priority should be given to the establishment of a due administrative procedure with adequate guarantees. In addition, the existing and applicable legal requirements (data protection, automatization of administrative action, etc.) and any others should be precisely defined.

4. In particular, special attention should be paid to the division of responsibility in the adoption of decisions, clearly distinguishing technical aspects of an executive nature from those which, on the contrary, may affect the definition of public interest. There are three requirements in this respect:

a) It would be very useful to specify what type of decisions and actions would allow a complete automation by means of AI techniques of those others that should be assumed by a person. In accordance with the current Spanish legal reservation to civil servants with a specific legal status for exercising authority, it should be explored whether there should be a correlative “human reservation” for certain decisions. In this sense, it should also be explored if the selection and future training of public employees could reinforce aspects related to AI, including the possible creation of specialized algorithmic intervention bodies.

b) On the other hand, control mechanisms should be established outside the decision-making processes, which should also perform periodical reviews. In this respect, it is worth considering the need to create public bodies specialised in the control of AI.

c) Finally, the role of collegiality should be further examined, taking into account the uniqueness of each of the levels mentioned above.

5. The influence of these technologies on discretionary powers and other similar concepts (undefined legal concepts, technical discretion, legal obligations for good administration, etc.) are particularly significant from the perspective of the control and motivation of administrative decisions, conferring a relevant role to the ethical perspective as an inexcusable legal requirement.

6. In the same way, it is essential to delve deeper into the scope of the requirements of data protection legislation in the public sector. In particular, it is a priority to clearly establish the legal consequences of non-compliance with such requirements in the context of the IA and, in particular, of:

a) privacy by design and by default,

b) principle of minimisation,

c) impact assessment and risk analysis,

d) adoption of measures to ensure adequate security in the processing of information.

7. The influence of the principle of transparency on the specific characteristics of this technology adopts a special significance, although with limits to be defined. It is essential to establish appropriate mechanisms to ensure its effectiveness and respect for the rest of the general interests in conflict (public security, control and inspection function, etc.), at least at a threefold level:

a) in the context of the approval procedure for the use of the corresponding algorithm,

b) in relation to the specific decisions to be taken,

c) in the control and review processes.

8. Public entities must take an active role in management of public procurement regarding the use of AI, by assessing beforehand what conditions should be respected by the private contracting entities and also taking into account the specificities of the public sector. In particular, consideration should be given to the transparency and access to the programming regime and the conditions under which ownership or the rights to use the algorithms could be made available.

9. Special attention should be paid to the implementation of IA in the ecosystems of smarts cities given the singularity of the information treatments undertaken in these areas and their impact on rights and freedoms, which can be particularly intense.

10. Legal prerequisites should be established to strengthen the control function of public entities using IA-based technologies[3].

In relation to each and every one of these ten guidelines for the future, it is worth underlining and promoting the role of specialists and academics in public and private AI research and projects.

In this sense and taking into account the above reflections and proposals, we consider the creation of the Administrative Law and Artificial Intelligence Network to be very timely and necessary. This network will allow the sharing of knowledge generated by the different research groups on the impact on Public Law as a result of the use of artificial intelligence by the public authorities. In addition, this will allow the creation of a permanent space for discussion in order to explore the legal responses that can be offered to the challenges of AI and the risks posed by its use in the public sector. The aim is also to facilitate the development of the use of artificial intelligence in the public sector in Spain in accordance with the requirements and parameters of a democratic state governed by the rule of law. This need is especially pressing in view of the complexity of AI and the multitude of challenges that it poses for Public Law, which requires an interdisciplinary response and the participation of large teams of researchers.

Universities have always been generators of knowledge. Its collaboration with the rest of the public sector and with the private sector must facilitate safe channels of innovation. An academic, multidisciplinary and integrating network can effectively contribute to facing some of the challenges that IA presents.

                                                            Toledo, April 17th 2019

 

 

* This is a translation of the original Spanish text (available for example at:

https://transjusblog.wordpress.com/2019/04/17/conclusiones-del-i-seminario-internacional-derecho-administrativo-e-inteligencia-artificial/ and at:

https://blog.uclm.es/ceuropeos/2019/04/17/conclusiones-del-i-seminario-sobre-derecho-administrativo-e-inteligencia-artificial/ ).

This English translation has been made by Ona Lorda, who holds a Law degree from the Barcelona University and is a collaborator at the Research Institute TransJus of the University of Barcelona. Professor Juli Ponce has also collaborated with a final review of the translation.

The elaboration of the original first Spanish version of this text corresponded to those who had entrusted the task of presenting the conclusions of the I International Seminar on Administrative Law and Artificial Intelligence (DAIA): Lorenzo Cotino, professor of Constitutional Law at the University of Valencia, and Julián Valero, professor of Administrative Law at the University of Murcia.

The seminar organizers and the speakers who participated in the Seminar also collaborated n the final version: Juli Ponce, Isaac Martín, Agustí Cerrillo, Luís Arroyo, Luciano Parejo, Ignacio Alamillo, Clara Velasco, Andrés Boix and David Restrepo-Amariles.

The three driving institutions in the creation of the network Administrative Law and Artificial Intelligence (the Center for European Studies “Luis Ortega Álvarez” of the University of Castilla-La Mancha, the Research Institute TransJus of the University of Barcelona and the Open University of Catalonia), as well as the DerechoTics network and the Idertec research group, which also join the mentioned network, adhere to these conclusions.

[1] Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Artificial Intelligence for Europe {SWD(2018) 137 final}: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0237).

[2] It is worth recalling the European Commission’s “Coordinated Plan on Artificial Intelligence” of December 7th 2018 and its Annex on “Made in Europe” and “reliable” AI. To this end, the IA High Level Expert Group published on December 18th 2018 the “Draft Ethical Guidelines for Reliable AI”, which was submitted for public consultation. The final version has recently been approved: Ethics Guidelines for Trustworthy AI, available at https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58477 . The most distinctive feature of this Europa trademark is the “Ethics & Rule of law by design X-by design”. This includes compliance with basic ethical principles, the creation of ethics committees and delegates in all types of projects and corporations, the development of rules of professional conduct, information technology, users, etc.

[3] In that sense, it is necessary to underline the new automated system created by the recent Act 22/2018, November 6th, from the Valencian Parliament, regarding General Inspection of Services and the Alert System to Prevent Bad Practices in the Valencian Administration.

CONCLUSIONES DEL I SEMINARIO INTERNACIONAL DERECHO ADMINISTRATIVO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL*

DAIA

 

I.- REFLEXIONES GENERALES

1. Bajo la noción inteligencia artificial (IA) hacemos referencia a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción, con cierto grado de autonomía, con el fin de alcanzar objetivos específicos. Estos sistemas pueden consistir en un simple programa informático (por ejemplo, motores de búsqueda o sistemas de reconocimiento facial o de voz), pero también pueden estar incorporados en dispositivos de hardware (como robots o automóviles autónomos)[1].

La referencia genérica a la IA incluye el uso de sistemas de algoritmos, sistemas de autoaprendizaje automático (“machine learning”) y profundo (“deep learning”), redes neuronales, robótica inteligente y el big data como alimento de la IA. Ha sido identificada como una de las cinco tecnologías emergentes que pueden transformar nuestra sociedad en las próximas décadas y constituye el fundamento de la cuarta revolución industrial.

2. El sector público en España ya está utilizando la IA en el desarrollo de su actividad y en la prestación de los servicios públicos. No obstante, hay serios problemas para identificar y controlar las que están en marcha o van a ser implantadas en un futuro inmediato. La información disponible o accesible por lo general no es más que divulgativa –de tipo periodístico o institucional– y muy superficial. Resulta importante la publicidad activa de estas iniciativas y proyectos para su categorización, análisis y evaluación. Aunque ya se detectan acciones públicas de IA robustas con posibles repercusiones jurídicas, hasta la fecha la situación conocida es, en general, básicamente experimental, con técnicas esencialmente basadas en patrones de comportamiento y sistemas de clasificación automatizados, así como de reconocimiento de imagen y espacial. En cualquier caso, se evidencia una llamativa falta de transparencia algorítmica y la ausencia de una adecuada percepción por las Administraciones Públicas sobre de la necesidad de aprobación de un marco jurídico específico. Únicamente se observa una cierta preocupación respecto del cumplimiento en materia de protección de datos, que se percibe como un límite.

Aún de manera muy incipiente, según se ha detectado tras un primer análisis acerca de experiencias en el sector público en España, se emplea la IA para analizar datos (riesgo de incendios, locales que deben ser objeto de inspección), procesar el lenguaje natural (revisión de solicitudes formuladas por la ciudadanía o detección de irregularidades y fraudes en las licitaciones públicas), reconocer imágenes (contar personas en espacios públicos o identificar posibles infractores), tomar o facilitar la toma de decisiones (adjudicación de ayudas públicas, determinación de las calles donde enviar policías a patrullar, identificación de escuelas que pueden tener un mayor índice de abandono escolar o tratamiento para una determinada enfermedad) o para personalizar los servicios públicos (prestación de servicios de información, asesoramiento y atención ciudadana).

3. Sin embargo, más allá de los beneficios que pueda generar el uso de la IA en el sector público para la buena administración, no se deben desconocer los riesgos, las tensiones o las vulneraciones que puede entrañar para la seguridad jurídica, para algunos derechos fundamentales como la igualdad, la intimidad o la protección de los datos personales o, en fin, para los principios de actuación de las Administraciones Públicas o del procedimiento administrativo. Así sucede, por ejemplo, como con la integridad del deber de motivación como consecuencia del aprendizaje automatizado de los algoritmos, la reducción de la eficacia del derecho a formular alegaciones si se desconoce el funcionamiento del algoritmo la protección de datos personales cuando las Administraciones Públicas utilizan datos masivos o elaboran perfiles o, en su caso, cuando se produce la discriminación de colectivos minoritarios.

4. La Administración del futuro no sólo será electrónica sino también inteligente y va a requerir un perfil de servidores públicos bien diferente al actual. Hay que reflexionar y velar por la formación de los servidores públicos actuales y futuros, así como acerca de la idoneidad de los sistemas de selección.

5. Todo ello exige investigar el impacto que la IA puede tener en el Derecho Público y en los derechos fundamentales e impulsar nuevos mecanismos para garantizar estos principios y derechos por defecto y en el diseño. El Derecho Público ha de quedar, por así decirlo, incrustado en el código fuente. Ello, además, es un elemento clave del desarrollo de la IA en la Unión Europea[2].

6. El Derecho es responsable de concretizar la llamada Gobernanza y Ética de la IA y sus principios esenciales: tutela de la dignidad y los derechos humanos; los cinco principios básicos de beneficencia y de no maleficencia, justicia, libertad, autonomía humana frente a la “autonomía” artificial y justificación y transparencia. El cumplimiento normativo, el respeto de la dignidad y a los derechos fundamentales, la privacidad en el diseño, el respeto a las exigencias del Derecho de la competencia y otros bienes y valores ético-jurídicos deberían insertarse en el código mismo del diseño y desarrollo de la IA, también en el sector público.

Por todo ello, resulta imprescindible, desde esta fase incipiente, reivindicar la participación de expertos jurídicos en el diseño, implantación y uso de sistemas de IA.

7. Somos conscientes de las grandes dificultades para generar un marco regulatorio único, dado que el Derecho es de lenta adaptación a la realidad tecnológica y, además, se requieren nuevas técnicas y procedimientos regulatorios. La elaboración de un nuevo marco común europeo y la adaptación de normas y reglas del ordenamiento español son inexcusables. En los diferentes niveles se requiere una actuación tanto regulatoria como de buenas prácticas, así como la implementación de regulación y estándares ya aplicables.

El Derecho tiene que posibilitar e incentivar la innovación, crear condiciones, estructuras e institutos que permitan el despliegue tecnológico evitando riesgos no tolerables. Asimismo el Derecho debe buscar también que los beneficios y los costes se redistribuyan equitativamente.

Hay que ser conscientes de que el Derecho en estos ámbitos tiende a actuar de modo reactivo y no de modo proactivo o de estímulo al desarrollo de la IA. Asimismo, el Derecho imperativo puede motivar el incumplimiento y no despertar la iniciativa en la sociedad. El Derecho privado está en mejores condiciones para abordar algunos de estos retos, por tener en cuenta el interés propio y liberar la creatividad, si bien ello puede afectar negativamente a los intereses generales de la sociedad en su conjunto. La cuestión es saber hasta dónde llega lo tolerable socialmente y promover un Derecho público que acompañe y posibilite la innovación también en este ámbito.

8. Consideramos asimismo que hay que valorar positivamente y estar abiertos a la introducción de técnicas de un Derecho biodegradable, experimental en beta continuo, desarrollando soluciones jurídicas ya disponibles, como son especialmente las llamadas “sandboxes” regulatorias o las denominadas “sunset clauses”. Pese a las críticas que puedan formularse a las mismas, se considera que hay que avanzar hacia esta innovación de la regulación. También es preciso avanzar en la inclusión de informáticos y de especialistas jurídicos en las diversas formas regulatorias del sector tecnológico. De igual modo, hay que alertar y adoptar garantías frente a los peligros por falta de legitimación, captura y manipulación algorítmica del regulador. Asimismo, consideramos que deben analizarse y valorarse mecanismos y técnicas relativas a los principios de precaución y de responsabilidad.

9. En cualquier caso, los fundamentales principios de transparencia y buen gobierno y las obligaciones jurídicas derivadas del derecho de los ciudadanos a la buena administración deben ser redimensionados para abordar el reto de las exigencias de transparencia, auditabilidad y justificación. Son distintos derechos fundamentales y constitucionales los que ya imponen estas exigencias: el derecho de acceso a la información, el debido proceso y las garantías judiciales y administrativas o el derecho a la protección de datos, entre otros. La justificación incluye el acceso a los algoritmos y a los sistemas en los que se integran, los datos que manejan y su calidad, la rendición de cuentas con identificación de quién responde del funcionamiento y con explicación acerca de cómo funciona, así como los motivos y las razones por los que se ha tomado una decisión pública que afecta a una persona en concreto o a un colectivo, todo ello para no vulnerar el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad.

Es más, es precisa una transparencia y justificación desde el diseño que genere datos auditables: los sistemas inteligentes deben ser también diseñados de modo que permitan ser supervisados y monitoreados ya por humanos, ya por otros sistemas inteligentes; asimismo se precisa una IA guardiana. En definitiva, el Derecho necesita instrumentos inteligentes para tratar con instrumentos inteligentes.

10. Hay que reforzar los derechos a la igualdad y no discriminación para evitar el menoscabo que el uso intenso de las tecnologías del big data y la IA pueden generar al permitir sistemas de control y monitorización de los ciudadanos con fines más o menos espurios. Voluntaria o involuntariamente, lo cierto es que el manejo de datos de deficiente calidad o un mal diseño pueden generar sesgos y discriminación, que hay que minimizar. Al mismo tiempo, es preciso garantizar que el sistema inteligente no pierda su eficacia por la minimización. También hay que proyectar las técnicas del Derecho antidiscriminatorio en los límites para la corrección de posibles sesgos.

11. Las aportaciones doctrinales y las técnicas jurisprudenciales relativas al control de la discrecionalidad administrativa y su orientación en positivo para la eficacia del derecho a una buena administración (con su correlativa obligación de motivación adecuada de las decisiones) deberán modularse y adaptarse, en tanto que, se ha dicho, la utilización de herramientas predictivas de apoyo a la toma decisiones o de substitución directa de la actividad humana alteran y pueden reducir el ámbito de discrecionalidad conferida a la Administración y a sus decisores humanos. Pese a todo, las posibilidades futuras de una IA adecuadamente ejercida son muchas y la utilización de algoritmos puede redundar en una mayor objetividad en la toma de decisiones administrativas.

En este sentido, podría resultar conveniente la aplicación de un “levantamiento del velo” de la decisión automatizada o algorítmica hasta llegar a la decisión humana. Las actuales regulaciones únicamente fijan reglas y garantías en relación con las decisiones exclusivamente automatizadas y con relevancia para la persona. Ello deja fuera de cualquier protección a los sistemas de apoyo a las decisiones o las decisiones semiautomatizadas. Por ello, hay que estar especialmente vigilantes al hecho de que muy habitualmente el humano sigue la decisión propuesta por el sistema automatizado.

Se ha de reflexionar asimismo sobre la necesidad de reservar espacios y generar garantías para asegurar decisiones humanas en los ámbitos de discrecionalidad administrativa o judicial. En ese sentido, hay que valorar el reconocimiento de un derecho a la decisión significativamente humana. Asimismo, es necesario estudiar la posibilidad de incorporar garantías de necesidad de justificar por los humanos el no seguimiento de la decisión mediante algoritmos. Igualmente, deben generarse contextos que faciliten que el humano no siga automáticamente la decisión del algoritmo.

12. Consideramos asimismo necesarios cambios conceptuales estructurales: determinar la naturaleza de los sistemas algorítmicos, incluso su consideración como posible fuente del Derecho; reflexionar sobre qué es expediente, qué forma parte del él, la necesidad de dar respuestas a la informalidad y a la actuaciones automatizadas. Cabe asimismo valorar la vigencia de las teorías del órgano y del acto administrativo respecto de la actuación con IA del sector público y de los límites a la extensión de estos sistemas.

Todo ello incide, además, en elementos clave del Derecho público, como son las garantías en la aprobación y verificación de sistemas inteligentes, relativas a la responsabilidad en la adopción del proceso decisional; el reparto de papeles desde la perspectiva del Estado democrático; el desplazamiento de la decisión y de la carga de la prueba sobre la adecuación de éstas; la minimización de la tendencia histórica humana a la fascinación y la fe en lo que digan las máquinas (que se remonta a la Ilustración o, incluso, antes); el papel de la colegialidad de las decisiones humanas ante el avance de la IA; o la revisión y monitoreo de los sistemas.

13. También entendemos necesaria la adecuación del marco de la contratación pública para embridar y poner al servicio del interés general –evitando la cautividad de las Administraciones Públicas– la intensa colaboración público-privada en el desarrollo de herramientas algorítmicas, de IA y creación y gestión del big data. Así, la contratación pública ha de integrar las exigencias de transparencia y justificación, así como la no discriminación o el cumplimiento de las normas sobre privacidad. Ello, además, debe permitir la igualdad de los concurrentes en la contratación para satisfacer estos principios en el diseño.

14. Hay que prestar una especial atención a las singularidades de la implantación de la IA en el ámbito de las ciudades inteligentes (smart cities), donde se abre un importante ámbito de experimentación a nivel local con numerosos interrogantes y desafíos jurídicos específicos.

15. Es imprescindible abordar la problemática acerca de la configuración de la propiedad/titularidad de los datos y de los sistemas de IA y su posible tratamiento como “bien comunal” (“data as commons”). En este sentido, hay que valorar supuestos en los que sea preciso exigir que el sistema no sea sólo un servicio que se presta al sector público, sino de propiedad pública.

16. Hay que tener también en cuenta la lucha contra una nueva brecha: la derivada de las dificultades sobre la capacidad de leer y explotar el big data, en tanto que solo aquellas organizaciones con suficientes recursos humanos y económicos son capaces de aprovechar todas las ventajas de estas nuevas herramientas.

En los últimos años, diversos grupos de investigación de distintas universidades españolas han empezado a desarrollar proyectos de investigación a través de los cuales se ha abordado, desde diferentes perspectivas, el análisis de las promesas y de los riesgos que puede generar el uso de la IA en el sector público y se han planteado algunas respuestas para facilitar que el uso de la inteligencia en las Administraciones Públicas sea acorde con los principios inspiradores el Derecho Público. Entendemos que hay que seguir trabajando en esa línea, ampliando las colaboraciones académicas entre esos grupos y sumando a nuevos en el futuro.

II.- LÍNEAS DE TRABAJO PARA EL FUTURO

Partiendo de las anteriores premisas, podrían identificarse algunas líneas destacadas que pueden servir para orientar la reflexión jurídica y, en su caso, la aplicación práctica de estas tecnologías en el sector público:

1. Con carácter general, resulta imprescindible realizar un esfuerzo conceptual que ayude a clarificar la realidad tecnológica a la que nos referimos al utilizar expresiones como IA o algoritmos. Para ello, convendría impulsar grupos de trabajo inter/transdisciplinares que ayuden a concretar y, en su caso, priorizar, los aspectos técnicos que plantean implicaciones jurídicas relevantes, generando documentos claros y precisos que sirvan de referencia. Es necesario, además, priorizar las manifestaciones tecnológicas que requieren una respuesta jurídica inmediata en la realidad de las Administraciones Públicas, distinguiéndolas de aquellas otras que, por el contrario, requieren de un análisis a medio plazo por resultar menos urgentes.

2. Cualquier intento de abordar el análisis de los retos jurídicos que plantea la IA en el sector público debería partir de la elaboración de un catálogo exhaustivo de las experiencias e iniciativas que operan ya en la realidad, en el que se concretaran una serie de datos mínimos previamente estandarizados desde la perspectiva de las garantías jurídicas.

3. Por lo que se refiere a la naturaleza jurídica de los algoritmos, más allá del gran interés que presenta el análisis doctrinal acerca de su posible carácter como fuente del derecho (norma de carácter reglamentario), la prioridad debería centrarse en el establecimiento de un procedimiento administrativo debido con las garantías adecuadas, en el que, junto con las exigencias jurídicas ya existentes y aplicables (protección de datos, automatización de la actuación administrativa…), se definan con precisión aquellas otras que debieran tenerse en cuenta.

4. En particular, debe prestarse una especial atención al reparto de la responsabilidad en la adopción de las decisiones, distinguiendo claramente los aspectos técnicos de carácter ejecutivo de aquellos que, por el contrario, pueden afectar a la definición de los intereses generales. En este sentido, se plantean tres exigencias:

a) Sería de gran utilidad precisar qué tipo de actos y actuaciones admitirían una completa automatización mediante técnicas de IA de aquellos otros que, por el contrario, convendría que fueran asumidos por una persona. Una línea a explorar es, siguiendo la actual reserva legal de ejercicio de potestades a funcionarios públicos, si debiera existir una correlativa “reserva humana” para ciertas decisiones. Y, en esa misma línea, si la selección y formación futura de los empleados públicos debiera reforzar aspectos referidos a la IA, generando, incluso, cuerpos especializados de intervención algorítmica.

b) Por otro lado, deberían establecerse mecanismos de control al margen de los procesos decisionales que, además, ejercieran su función revisora periódicamente y no en un solo momento. A este respecto, conviene pensar acerca de la necesidad de crear órganos y/o entes públicos especializados en el control de la IA.

c) Debería profundizarse, finalmente, en el papel que le corresponde jugar a la colegialidad, teniendo en cuenta la singularidad de cada uno de los niveles señalados anteriormente.

5. La proyección de estas tecnologías sobre la discrecionalidad y otras figuras cercanas (conceptos jurídicos indeterminados, discrecionalidad técnica, obligaciones jurídicas de buena administración…) adquiere una especial significación desde la perspectiva del control y la motivación de las decisiones administrativas, otorgando un papel relevante a la perspectiva ética como exigencia jurídica inexcusable.

6. Resulta imprescindible del mismo modo profundizar en el alcance de las exigencias de la normativa sobre protección de datos en el ámbito del sector público. En particular, es prioritario establecer con claridad las consecuencias jurídicas del incumplimiento de tales exigencias en el contexto de la IA y, en concreto, de:

a) la privacidad por diseño y por defecto,

b) el principio de minimización,

c) la evaluación de impacto y el análisis de riesgo,

d) la adopción de medidas que garantice una seguridad adecuada en el tratamiento de la información.

7. La proyección del principio de transparencia en las singularidades de esta tecnología adquiere una especial transcendencia, si bien con límites que han de ser determinados, de manera que resulta imprescindible establecer los mecanismos adecuados para asegurar su efectividad y el respeto al resto de los intereses generales en conflicto (seguridad pública, función de control e inspección…), al menos en un triple nivel:

a) en el contexto del procedimiento de aprobación del uso del correspondiente algoritmo,

b) en relación a las concretas decisiones que se adopten,

c) en los procesos de control y revisión.

8. Las entidades públicas han de asumir un papel activo en la gestión contractual referida al uso de la IA, valorando con carácter previo qué condiciones deberían respetarse por parte de las entidades privadas contratistas teniendo en cuenta las singularidades del sector público. En concreto, debe reflexionarse sobre cuál debería ser el régimen de transparencia y acceso a la programación y en qué condiciones se podría disponer de la titularidad o, en su caso, de los derechos de uso de los algoritmos.

9. Debe prestarse una especial atención a la implementación de la IA en los ecosistemas de ciudades inteligentes debido a la singularidad de los tratamientos de información que allí tienen lugar, por su incidencia sobre los derechos y libertades, que puede ser especialmente intensa.

10. Han de fijarse las premisas jurídicas para reforzar la función de control de las entidades públicas utilizando tecnologías basadas en la IA[3].

En relación con todas y cada una de estas diez líneas de trabajo para el futuro, cabe subrayar y reivindicar el papel de los especialistas y académicos en las investigaciones y proyectos públicos y privados de IA.

En este sentido, teniendo en cuenta las anteriores reflexiones y propuestas, consideramos muy oportuna y necesaria creación de la Red de Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial. Una red que permita compartir el conocimiento sobre el impacto en el Derecho Público del uso de la inteligencia artificial por los poderes públicos generado por los diversos grupos de investigación que conformen la misma, así como crear un espacio permanente de discusión con el fin de profundizar en las respuestas que desde el Derecho se pueden ofrecer a los retos de la IA y a los riesgos que plantea su utilización en el sector público. Con ello, también se persigue facilitar el incremento del uso de la inteligencia artificial en el sector púbico en España conforme a las exigencias y parámetros propios de un Estado democrático de Derecho. Esta necesidad es especialmente acuciante a la vista de la complejidad de la IA y de la multitud de retos que su uso plantea para el Derecho Público, lo que exige una respuesta interdisciplinar y con la participación de amplios equipos de investigadores.

La Universidad siempre ha sido generadora de conocimiento. Su colaboración con el resto del sector público y con el sector privado ha de facilitar cauces seguros de innovación. Una red académica, multidisciplinar, integradora, puede contribuir eficazmente a afrontar algunos de los desafíos que la IA impone.

Toledo, 17 de abril de 2019

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*La elaboración de una primera versión de este texto ha correspondido a quienes tenían encomendada la tarea de presentar las conclusiones del I Seminario Internacional sobre Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial (DAIA): Lorenzo Cotino Hueso, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia; y Julián Valero Torrijos, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia. En la redacción final han participado los organizadores del Seminario y los ponentes del mismo: Juli Ponce, Isaac Martín, Agustí Cerrillo, Luis Arroyo, Luciano Parejo, Ignacio Alamillo, Clara Velasco, Andrés Boix y David Restrepo-Amariles. Junto con las tres instituciones impulsoras de la creación de la Red Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial (el Centro de Estudios Europeos “Luis Ortega Álvarez” de la Universidad de Castilla-La Mancha, el Instituto de Investigación Transjus de la Universidad de Barcelona y la Universitat Oberta de Catalunya), se adhieren a estas conclusiones y a la propia Red tanto la Red DerechoTics, como el grupo de investigación Idertec.

[1] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las regiones, Inteligencia artificial para Europa {SWD(2018) 137 final}: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0237).

[2] Así, cabe recordar el “Plan coordinado sobre la Inteligencia artificial”, de 7 de diciembre de 2018, de la Comisión Europea y su Anexo respecto de una IA “Made in Europe” y “confiable”. En esta dirección, el Grupo de expertos de alto nivel en IA publicó el 18 de diciembre de 2018 el “Proyecto de Directrices de Ética para una IA Confiable”, que fue sometido a consulta pública. La versión definitiva del mismo ha sido recientemente aprobada: Ethics Guidelines for Trustworthy AI, disponible en https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58477. El mayor distintivo de esta marca Europa es el “Ethics & Rule of law by design X-by design”. Ello incluye el cumplimiento de los principios éticos básicos, la creación de comités y de delegados de ética en todo tipo de proyectos y corporaciones, la elaboración de normas de conducta profesional, informática, de usuarios, etc.

[3] En este sentido, cabe llamar la atención sobre la puesta en marcha del sistema automatizado previsto de la Ley 22/2018, de 6 de noviembre, de la Generalitat, de Inspección General de Servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental.

Juristes i enginyers debaten sobre intel·ligència artificial, algoritmes i decisions administratives

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La Universitat de Castilla-La Mancha (UCLM) ha celebrat a Toledo el I Seminari Internacional de Dret Administratiu i Intel·ligència Artificial, que ha reunit juristes i enginyers per a reflexionar sobre la intel·ligència artificial, els algoritmes i les decisions administratives. La iniciativa, organitzada en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, neix amb vocació de permanència posat que es tracta “d’un repte continuat”, en paraules del professor Isaac Martín Delgado.

El director del Centre d’Estudis Europeus ‘Luis Ortega Álvarez’, que ha inaugurat el seminari al costat del director de l’Institut de Recerca TransJus, Juli Ponce, assenyala que el repte està en verificar si “serveixen les garanties configurades per a protegir els drets dels ciutadans i mantenir la legalitat en l’actuació administrativa”. Encara que hi ha països com el Regne Unit més avançats en l’ús d’algoritmes en l’Administració, és un fet que a Espanya estan completament implantats, per exemple, en la inspecció fiscal o en les subhastes electròniques, en les quals operen màquines i no humans. En aquest sentit, “el repte no és l’automatització, sinó la verificació de garanties”, insisteix el professor.
La jornada ha comptat amb les intervencions del catedràtic emèrit de la Universitat Carles III de Madrid, Luciano Parejo i del director de la Càtedra Jean Monet sobre Dret Administratiu i Global de la UCLM, Luis Arroyo, així com d’altres especialistes procedents de les universitats de València, Pompeu Fabra o Murcia.

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A més de traçar un mapa de la situació actual sobre l’ús d’algoritmes a les administracions públiques, s’han identificat els principals reptes i s’han ofert les perspectives tecnològiques sobre les transformacions de la regla jurídica i la seva aplicació.

Presentación del libro “Empleo público, derecho a una buena administración e integridad”

El 12 de marzo de 2019 el Instituto de Investigación TransJus organizó en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona el acto de presentación del libro Empleo público, derecho a una buena administración e integridad (Tirant lo Blanch-Instituto Nacional de Administración Pública, 2018), en el que se recogen los resultados de una jornada académica desarrollada con la colaboración del Instituto TransJus bajo el título “Empleo público, integridad y corrupción”, celebrada el 30 de mayo de 2017.

El libro, coordinado por el Dr. Juli Ponce, coautor del mismo y director del Instituto TransJus, explora desde distintos ángulos las relaciones entre el sistema de empleo público y la mala administración y la corrupción.  La obra se estructura en tres bloques temáticos.  El primero de ellos, conformado por capítulos de los Drs. Sánchez Morón y Mauri, se dedica al análisis de irregularidades en el acceso al empleo público y a infiltraciones de influencia política que menoscaban el mérito y la profesionalidad deseable de la función pública; lo que genera una administración más proclive a la corrupción.  En un segundo bloque, titulado “La definición de la integridad”, los Drs. Juli Ponce, Agustí Cerrillo y Rafael Jiménez Asensio indagan en la construcción de marcos o infraestructuras de integridad efectivas para reducir el riesgo de corrupción en la administración, a partir del estudio y análisis de los códigos éticos y de conducta aprobados hasta la fecha.  Por último, el tercer bloque agrupa dos capítulos, escritos por los Drs. Federico Castillo y Ramón Ragués, centrados en técnicas concretas para garantizar la integridad: el régimen sancionador y disciplinario y las denuncias de casos de corrupción (también conocidas por el término inglés whistleblowing).

El acto de presentación de la obra fue dirigido por el Dr. José Andrés Rozas (miembro del Consejo de Dirección del Instituto TransJus) y contó con la participación de dos de los coautores, los Drs. Joan Mauri y Agustí Cerrillo, y la del Dr. Oscar Capdeferro, investigador del Instituto TransJus vinculado a la línea de investigación en “Gobernanza, Transparencia y Corrupción”.

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En la primera de las intervenciones, el Dr. Joan Mauri expuso las líneas principales de su capítulo titulado “El acceso irregular a los empleos públicos: la erosión del principio de mérito”, en el que analiza los mecanismos, en apariencia legales, que permiten la incorporación al empleo público de personas que no han probado su mérito y capacidad en la forma ordinaria prevista en el sistema de función pública, esto es, en un proceso competitivo de acceso libre.  Esta situación irregular, que supone un quebranto del sistema de mérito y puede suponer una ampliación indebida de las plantillas, se basa en buena medida en la figura del trabajador indefinido no fijo y su posterior estabilización, consolidación o funcionarización.  Otro aspecto relevante referido por el Dr. Mauri fue el hecho que la regulación del Estatuto Básico del Empleado Público que garantiza el principio de mérito y capacidad en el acceso al empleo no se aplica a las sociedades mercantiles del sector público, factor especialmente relevante a la luz de la gran cantidad de empleados que prestan sus servicios en entes instrumentales regidos por el ordenamiento jurídico privado.  Para hacernos una idea aproximada, de acuerdo con datos del Inventario de Entes del Sector Público INVENTE (http://www.pap.hacienda.gob.es/Invente/pagMenuPrincipal.aspx), en el Estado español había, en 2018, 2.135 sociedades mercantiles de titularidad pública.

Por su parte, el Dr. Cerrillo, en su intervención, abordó el estado actual de los códigos éticos y de conducta del sector público, así como sus posibles líneas de mejora en aras a la maximización de su eficacia, presentando los principales resultados de su estudio recogido en el capítulo titulado “Los códigos éticos en el empleo público”.

Durante su ponencia, el Dr. Cerrillo destacó que no existen muchos códigos éticos y de conducta en el Estado español, pero hay motivos para ser optimistas, ya que sí se observa una creciente producción de los mismos gracias al impulso dado por las leyes de transparencia y buen gobierno (como la Ley estatal 19/2013 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887  o la catalana 19/2014 https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=680124&language=ca_ES&mode=single ), al incorporar principios y obligaciones de conducta ética y buen gobierno de los altos cargos, incluyendo la obligación de elaborar códigos éticos y de conducta específicos de los distintos organismos e instituciones públicas, como se recoge en el art. 55.3 de la ley catalana 19/2014.  Para que este tipo de códigos sea realmente útil, el ponente incidió en la relevancia de una serie de factores: que sean elaborados con participación de los propios destinatarios del código, que dispongan de un mecanismo de seguimiento, actualización y evaluación de impactos y efectividad adecuado, que se complementen con medidas de formación de los empleados que lo deben aplicar y que el nivel de concreción de las conductas descritas sea suficiente para un adecuado cumplimiento y seguimiento del código.

A continuación, el Dr. Oscar Capdeferro presentó algunos resultados de su investigación llevada a cabo en el marco de la línea de investigación del TransJus “Gobernanza, Transparencia y Corrupción”, relacionados con el objeto de estudio central de la obra: la integridad en el empleo público.  En particular, destacó la importancia de prevenir la corrupción en el empleo público no solo por ser éste uno de los ámbitos principales donde surge la corrupción, sino también porque en no pocas ocasiones la corrupción en el acceso al empleo público sirve para facilitar el mantenimiento o establecimiento de grandes tramas de corrupción, en la medida en que se busca asegurar que los órganos de control o responsables en procedimientos específicos serán proclives a aceptar lo que ordene quien los ha nombrado. Ante esa doble gravedad del fenómeno de la corrupción en el empleo público, propuso la incorporación de metodologías rigurosas, basadas en técnicas de gestión del riesgo asociadas con el cumplimiento normativo y ético o compliance, para establecer medidas proporcionadas, ajustadas y eficaces que eviten la infiltración de la corrupción en el sector público.  Finalmente, abogó por seguir explorando la automatización de parte de las tareas de análisis de expedientes para la detección de alertas de corrupción o para la evaluación de riesgos, en línea con la reciente iniciativa de 2018 de la Generalitat Valenciana (aprobada por Ley 22/2018, de 6 de noviembre https://boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16342-consolidado.pdf).

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Por último, cerró el turno de ponencias el Dr. Rozas con una intervención centrada en los códigos éticos y de conducta del Reino Unido y Estados Unidos.  Como punto central, destacó que, a diferencia de los códigos habituales en nuestro entorno, en los países anglosajones la cultura del código ético y de conducta está mucho más implantada y el código ocupa un papel muy relevante en la orientación de la actuación del empleado y del cargo público.  En su opinión, la efectividad y utilidad de los mismos viene propiciada por su elevado grado de detalle, ya que eliminan cualquier posible duda interpretativa de obligaciones legales o principios abstractos al detallar las conductas esperadas del sujeto ante las múltiples situaciones conflictivas que contempla el código.

Finalmente, se abrió el debate entre los asistentes y los ponentes, con el objeto de ampliar detalles de las exposiciones y compartir inquietudes e intereses sobre la mejora del empleo público íntegro.

Crónica realizada por el Dr. Oscar Capdeferro

La Revista de Educación y Derecho. Education and Law Review indexada en Emerging Sources Citation Index (JCR emerging)

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Según la última actualización del catálogo MIAR 19 la Revista de Educación y Derecho. Education and Law Review, bajo la dirección de la profesora Eva Andrés, miembro del instituto de investigación TransJus, ha sido indexada en EMERGING SOURCES CITATION INDEX (JCR emerging), con un ICDS = 9.5:

http://miar.ub.edu/issn/2013-584X

La Revista de Educación y Derecho nació en 2009 como la primera Revista en lengua castellana de su género (sin perjuicio de admitirse el uso de otras lenguas). De periodicidad semestral, se completa con la edición de números extraordinarios no sujetos a periodicidad fija. Concebida como un medio de producción y difusión científica de trabajos de carácter técnico, estudios e investigaciones; experiencias docentes, etc., de ámbito nacional y de Derecho Comparado (en soporte digital y en papel).

Con un enfoque inter/transdisciplinar, se halla abierta a un espectro heterogéneo de sectores: universitario preferentemente (profesorado de distintas disciplinas y Ciencias); profesionales de la abogacía y procuradores; Notaría y Registro; Judicatura; cuerpos de las distintas Administraciones Públicas como la Abogacía del Estado y tantos otros; Instituciones Europeas y, en general, el mundo de la Educación.

Su estructura se articula en torno los cinco apartados siguientes: Presentación; Sección monográfica; Estudios, investigaciones e informes; Experiencias docentes y Recensiones.

Hasta el momento, se han publicado ya un total de 18 números, todos ellos consultables libre y gratuitamente en:

http://revistes.ub.edu/index.php/RED/issue/archive

III JORNADA DONA ASPECTES JURÍDICS DE GÈNERE EN EL DRET DE L’ANTIGUITAT: DISCRIMINACIÓ I VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El passat dia 6 de març de 2019 es va celebrar en el Saló de Graus de la Facultat la “III Jornada Dona Aspectes jurídics de gènere en el dret de l’antiguitat: Discriminació i violència de gènere”, organitzada i coordinada per la Dra, Mª Eugenia Ortuño , prof. de Dret Romà i membre de l´Institut de recerca Transjus i de la Comissió d´Igualtat de la Facultat de Dret (UB) . Aquest acta s´ha d´incloure  dins de les diferents activitats organitzades a la Facultat de Dret en ocasió del dia Internacional de la dona i molt especialment, a la recerca sobre gènere que es realitza a l´institut TransJus.

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En la Jornada es va dur a terme la transferència i de resultats de la recerca que ha portat a terme el grup  “IVRA. Romanas, Visigodas y Bizantinas” i d`algunes persones col·laboradores com les professores de la Universitat de Cagliari (Itàlia) i de la Universitat Federal de Ceará de Fortaleza (Brasil). Aquest grup és de caràcter transdisciplinar e interuniversitari, i la presència de la Facultat de Dret, UB, i de l´Institut Transjus està en la persona de la Dra. Ortuño.

D´acord amb la naturalesa interdisciplinaria de TransJus, s´han presentat els treballs de recerca realitzats des de la perspectiva transdisciplinaria sobre les situacions de discriminació i de violència de gènere que ha patit la dona des de l’antiguitat  i que encara avui es veuen reflectides a l´actualitat, amb la finalitat de contribuir, des de un punt de vista científic,  en l´educació en vers a la igualtat i de visibilitzar la presència de les dones al llarg de la història.

Varen  inaugurar la Jornada  el Dr. Xavier Pons Rafols, Degà de la Facultat de Dret. UB.; la Dra. Pilar Rivas Vallejo, Directora de la Unitat d’ Igualtat de la UB.; el Dr. Juli Ponce Solé, Director de l´Institut de Recerca TransJus, UB. y el Dr. Ricard Gracia Retortillo, President de la Comissió d´Igualtat de la Facultat de Dret. UB.

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Al llarg de la Jornada es van posar de relleu diferents aspectes de la problemàtica esmentada, com ara: “La comercialització de dones a l’Imperi romà protobizanti”; “Dos disposicions normatives del emperador Claudio dirigides a l´emancipació femenina”; es va parlar de la “Cautela necessària en violència de gènere a l’ antiga Roma”; de la “Influència de la dona romana en el debat polític republicà” i de l´intersexe i Dret Romà” . També es va tractar, en aquest cas, en clau de dret actual, de la “Mediació i violència de gènere, una possibilitat discutible”. I per finalitzar es va fe referència a la “Dona i maternitat”, al “Matrimoni de les vídues”, i a la violència de gènere a Roma de la antiguitat ¿ una qüestió de sexe o una qüestió cultural?.

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La Jornada va concloure amb la presentació del llibre:

AA.VV.,  No tan lejano: Una visión de la mujer romana a través de temas de actualidad. Ed. Tirant Humanidades – Colleción Crónica. Valencia, 2018.

Es tracta d´un llibre col·lectiu realitzat per gran part de les investigadores participants en la Jornada, en el que s´investiguen altres aspectes i problemàtiques relatives a la situació jurídica, social i econòmica de la dona a l’antiguitat romana amb transcendència actual.

També es varen presentar altres dues monografies  recentment publicades:

  1. RODRÍGUEZ LÓPEZ, La violencia contra las mujeres en la antigua Roma.Ed. Dykinson, Madrid, 2018.
  2. VALMAÑA OCHAÍATA, Los discursos de Catón y Lucio Valerio en el 195 a.C..Colección Diálogos del mundo antiguo- 01. Cartagena, 2019.

 

Crònica realitzada per la Dra. Maria Eugènia Ortuño

Inauguración de la exposición fotográfica DEFENSORAS: DERECHO Y MEDIO AMBIENTE Y MESA REDONDA

El pasado día 4 de marzo tuvo lugar la inauguración oficial de la exposición fotográfica DEFENSORAS: derechos y medio ambiente, de la fotógrafa Ester Pérez Berenguer y una mesa redonda posterior alrededor de la misma. En Guatemala y Honduras, mujeres indígenas mayas, lenques y garífunas, se plantan contra la entrada de empresas transnacionales. Y lo hacen con una agenda propia, con una visión global de la lucha contra las diferentes violencias que las golpean. Pero el precio que tienen que pagar las Defensoras es muy alto: asesinatos, violaciones y criminalización, como el caso emblemático de la lideresa lenca Berta Cáceres, asesinada el 2016.

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En la inauguración participaron la Dra. Maite Vilalta Ferrer, Vicerrectora de Igualdad y Acción Social de la Universitat de Barcelona, el Dr. Xavier Pons Ràfols, Decano de la facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona, la Dra. Pilar Rivas Vallejo, Directora de la Unidad de Igualdad y el Dr. Juli Ponce Solé, Director del Instituto de Investigación de la Universitat de Barcelona, TransJus.

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En la posterior mesa redonda, moderada por el Dr. Juli Ponce Solé, participaron la Sra. Ester Pérez Berenguer, fotógrafa, autora de la exposición y licenciada en filosofía por la Universitat de Barcelona, la Dra. Maria Eugènia Ortuño, profesora de la UB y miembro de TransJus, ámbito de género, coordinadora de la actividad, y la Sra. María Teresa Ossio Bustillos, profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar.

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A lo largo de la misma se pusieron de relieve varios aspectos, como por ejemplo reflexiones vinculadas con la fotografía y la investigación académica, de la mano de la llamada investigación- acción, el papel de las mujeres en las comunidades indígenas afectadas por proyectos de infraestructuras impulsados por empresas transnacionales o la vulneración del derecho de consulta previsto por el Convenio número 169 de la OIT.

La exposición fotográfica, posible gracias a la colaboración de la Asociación SUDS, se puede visitar hasta el 15 de marzo en la planta baja del edificio nuevo, en las cristaleras situadas a lo largo del pasillo. Desde TransJus queremos agradecer la tarea de gestión hecha por la Sra. Leila Adim en relación a la logística de la misma, así como la ayuda de la Sra. Ona Lorda

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La reflexión teórica que sustenta la misma, como se puede leer en el mismo texto explicativo de la exposición, se basa en que las Defensoras defienden la tierra, su identidad indígena y la igualdad entre géneros. Y lo hacen luchando contra las diferentes violencias que las atraviesan, en su casa, en sus comunidades y en su territorio.

En Guatemala, mujeres indígenas mayas, y en Honduras, mujeres indígenas lenques y mujeres garífunas, ponen el cuerpo y se plantan contra la entrada de empresas transnacionales, que explotan recursos naturales de tierras indígenas ancestrales, donde se instalan hidroeléctricas para generar energía. Sin embargo, esta energía no es para cubrir las necesidades de las comunidades, sino que se exporta a otros países de la región centroamericana o se deriva para llevar a cabo extracciones mineras. Luchan también contra transnacionales que extienden monoconreos, como por ejemplo el de la palma africana, de forma que ponen en peligro la soberanía alimentaria de la población. La actividad de estas empresas comporta un impacto negativo en el territorio y en las personas a muchos niveles: empobrecimiento de la población, apropiación de las tierras, contaminación de los ríos, caudales de ríos desviados, militarización de la zona, aumento de la violencia, especialmente la violencia sexual, acosos, inseguridad…

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Y algunas comunidades se han plantado. Y las mujeres, en concreto, han dicho basta. Muchas de ellas se han organizado y tienen una agenda propia, con una visión global de la lucha contra las violencias que las atraviesan. Y en muchos casos han conseguido victorias. Proyectos hidroeléctricos han tenido que abandonar sus actividades, como por ejemplo la empresa española Hidro Santa Cruz, y han dejado abandonados camiones, excavadoras y oficinas. Otros, como por ejemplo la Hidroeléctrica Renace, con la constructora española ACS de Florentino Pérez detrás, están actualmente enfrentadas con las comunidades indígenas.

Estas mujeres han visto que todas las violencias que las golpean están interrelacionadas. No se puede luchar por los derechos de sus comunidades si no abordan también sus derechos como mujeres, enfrentándose a las violencias en el ámbito familiar doméstico, institucional, comunitario, y simbólico. Tal como ellas dicen, luchan por el cuerpo-territorio. Y lo hacen desde la dignidad.

Animamos a todos los miembros de TransJus y a toda la comunidad universitaria a disfrutarla hasta el 15 de marzo en el edificio nuevo de la facultad de Derecho de la UB.

 

 

 

 

Inauguració de l´exposició fotogràfica DEFENSORES: drets i medi ambient i taula rodona al voltant de la mateixa

El passat dia 4 de març va tenir lloc la inauguració oficial de l´exposició fotogràfica DEFENSORES: drets i medi ambient, de la fotògrafa Ester Pérez Berenguer i una taula rodona posterior al voltant de la mateixa. A Guatemala i Hondures, dones indígenes maies, lenques i garífunes, es planten contra l’entrada d’empreses transnacionals. I ho fan amb una agenda pròpia, amb una visió global de la lluita contra les diferents violències que les colpegen. Però el preu que han de pagar les Defensores és molt alt: assassinats, violacions i criminalització, com el cas emblemàtic de la lideresa lenca Berta Cáceres, assassinada el 2016.

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En la inauguració varen participar la Dra. Maite Vilalta Ferrer, Vicerectora d’Igualtat i Acció Social de la Universitat de Barcelona, el Dr. Xavier Pons Ràfols, Degà de la facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, la Dra. Pilar Rivas Vallejo, Directora de la Unitat d’Igualtat i el Dr. Juli Ponce Solé, Director de l´Institut de Recerca de la Universitat de Barcelona, TransJus.

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En la posterior taula rodona, moderada pel Dr. Juli Ponce Solé, varen participar la sra. Ester Pérez Berenguer, fotògrafa, autora de l´exposició i llicenciada en filosofia per la Universitat de Barcelona, la Dra. Maria Eugènia Ortuño, professora de la UB i membre de TransJus, àmbit de gènere, coordinadora de l´activitat, i la Sra. María Teresa Ossio Bustillos, professora de la Universidad Andina Simón Bolívar.

Al llarg de la mateixa es van posar en relleu diversos aspectes, com ara reflexions vinculades amb la fotografia i la recerca acadèmica, de la mà de l´anomenada recerca- acció, el paper de les dones en les comunitats indígenes afectades per projectes d´infraestructures impulsats per empreses transnacionals o la vulneració del dret de consulta previst pel Conveni número 169 de la OIT.

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La exposició fotogràfica, possible gràcies a la col·laboració de l’Associació SUDS, es pot visitar fins al 15 de març en la planta baixa de l´edifici nou, en les vidrieres situades al llarg del passadís. Des de TransJus volem agrair la tasca de gestió feta per la sra. Leila Adim en relació a la logística de la mateixa, així com l´ajut d´Ona Lorda.

La reflexió teòrica que sustenta la mateixa, com es pot llegir en el mateix text explicatiu a l’exposició, es basa en que les Defensores defensen la terra, la seva identitat indígena i la igualtat entre gèneres. I ho fan lluitant contra les diferents violències que les travessen, a casa seva, en les seves comunitats, en el seu territori.

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A Guatemala, dones indígenes maies, i a Hondures, dones indígenes lenques i dones garífunes, posen el cos i es planten contra l’entrada d’empreses transnacionals, que exploten recursos naturals de terres indígenes ancestrals, on s’instal·len hidroelèctriques per generar energia. Però aquesta energia no és per cobrir les necessitats de les comunitats, sinó que s’exporta a uns altres països de la regió centreamericana o es deriva per dur a terme extraccions mineres. Lluiten també contra transnacionals que estenen monoconreus, com ara el de la palma africana, de manera que posen en perill la sobirania alimentària de la població. L’activitat d’aquestes empreses comporta un impacte negatiu en el territori i en les persones a molts nivells: empobriment de la població, apropiació de les terres, contaminació dels rius, cabals de rius desviats, militarització de la zona, augment de la violència, especialment la violència sexual, assetjaments, inseguretat…

I algunes comunitats s’han plantat. I les dones, en concret, han dit prou. Moltes d’elles s’han organitzat i tenen una agenda pròpia, amb una visió global de la lluita contra les violències que les travessen. I en molts casos han aconseguit victòries. Projectes hidroelèctrics han hagut d’abandonar les seves activitats, com ara l’empresa espanyola Hidro Santa Cruz, i han deixat abandonats camions, excavadores i oficines. D’altres, com ara la Hidroelèctrica Renace, amb la constructora espanyola ACS de Florentino Pérez al darrere, estan actualment enfrontades amb les comunitats indígenes.

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Aquestes dones han vist que totes les violències que les colpegen estan interrelacionades. No es pot lluitar pels drets de les seves comunitats si no aborden també els seus drets com a dones, enfrontant-se a les violències en l’àmbit familiar domèstic, institucional, comunitari, i simbòlic. Tal com elles diuen, lluiten pel cos-territori. I ho fan des de la dignitat.

Animem a tots els membres de TransJus i a tota la comunitat universitària a gaudir-la fins el 15 de març a l´edifici nou de la facultat de Dret de la UB.

El TransJus invitado a una mesa redonda sobre Psicologia Cognitiva, Derecho y Políticas Públicas organizada por la Generalidad de Cataluña con participación del Banco Mundial

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El pasado día 11 de febrero, el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalidad de Cataluña presentó un nuevo acuerdo con el Banco Mundial que destaca como la psicología conductual mejora el impacto de las políticas públicas y de las regulaciones.

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El acto constó de tres partes, una Introducción al trabajo del Mind, Behaviour and Development (eMBeD) del Banco Mundial, a cargo del Dr. Renos Vakis, una mesa redonda con el Dr. Rafael Penadés, la Dra. Graciela Susanne y Dr. Juli Ponce, Director de TransJus y, finalmente, la presentación del nuevo acuerdo de colaboración, a cargo de la Hble. Sr. Alfred Bosch, Consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.

El Director de TransJus expuso el proyecto de que desde la línea 1 de gobernanza está en marcha para liderar una red temática estatal. También destacó la previsión de una dirección de tesis doctoral sobre la materia, dirigida por miembros de TransJus (Dra. Estrella Montolío y Dr. José Andrés Rozas, miembro del consejo de dirección y presente en el acto).

 

La presentación por parte de TransJus es consultable aquí: Powerpoint

La notícia recogida en los medios de comunicación es consultable aquí:

https://elmon.cat/economia/generalitat-presenta-acord-collaboracio-banc-mundial

http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1552719-la-generalitat-presenta-un-nou-acord-de-col-laboracio-amb-el-banc-mundial.html

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-generalitat-alcanza-nuevo-acuerdo-unidad-embed-banco-mundial-20190211214020.html