Mes: noviembre 2014

Una nueva batalla jurídica en la guerra de la privatización del agua en Cataluña. La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2014 sobre la adjudicación del contrato de gestión de suministro de agua en Alta Ter-Llobregat

I. Los antecedentes de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2014

Para entender el contexto de la sentencia que aquí comentamos, creemos que es preciso atender tanto a los antecedentes jurídicos inmediatos como al marco de la realidad social, política y económica en que éstos se sitúan.

 a) El contexto social, político y económico

Si bien en Europa durante el siglo XX el suministro de agua urbano estuvo dominado por el sector público, con excepciones, entre ellas la de Barcelona, lo cierto es que en las últimas décadas del siglo pasado el capital privado ha estado ganando terreno en el ciclo del agua (aunque, como veremos en el epígrafe final, esta tendencia parece revertirse en la actualidad en diversos países europeos, no desde luego en Cataluña, como comprobaremos; en lo que sigue, nos inspiramos en las consideraciones de MARCH, 2014. De él tomamos también las cifras que se citan).

En Barcelona, la empresa privada ha tenido un peso importante en el suministro del agua, de la mano de Aguas de Barcelona (AGBAR) que con diferentes nombres ha tenido el control del suministro en baja (esto es, la distribución del agua a escala urbana) desde mediados del siglo XIX. En el ámbito metropolitano de Barcelona, la Entidad Metropolitana de Medio Ambiente (EMA) negocia con las compañías privadas las condiciones de suministro urbano. En cuanto al suministro en alta en el ámbito metropolitano (esto es, captación de agua no potable, potabilización de la misma y conducción hasta los depósitos urbanos), afectando a unos 5 millones de personas, la ha llevado a cabo sobre todo Aguas Ter-Llobregat (ATLL).

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