Gürtel, corrupción y el juez predeterminado por la Ley

Recientes informaciones periodísticas señalan que una ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Concepción Espejel, presidenta, tras su vuelta al servicio activo, de la Sección segunda de la Audiencia Nacional será quien presidirá el Tribunal que próximamente juzgará la enorme trama de corrupción, la mayor, con diferencia, que afecta a un partido político, partido político que hoy día es el partido hegemónico en España, es decir, el Partido Popular. Nada más normal que un juez, tras estar en servicios especiales en un órgano como el Consejo General del Poder Judicial, vuelva a la carrera judicial y ocupe una plaza cuya provisión lo es exclusivamente por antigüedad. También es, hasta cierto punto normal que, sin estar afiliada a partido alguno por impedirlo la Constitución, tenga afinidades con tal o cual partido siempre que no se traduzca en apoyo explícito ni implícito.

Esto es lo que pasó con la magistrada Espejel. Estando en el Consejo, como Vocal, salió a concurso la presidencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, concursó a la misma y la ganó, siendo nombrada para esa plaza.

Reincorporada  al servicio activo y en el ejercicio de su función de presidenta de dicha Sección promovió un cambio en la integración de la misma: a partir de ese momento ella sería la presidenta de todos los juicios orales, fuera o no fuera ponente de la causa. Es el presidente de cada Tribunal y no el ponente que ha de redactar el borrador de sentencia quien dirige el orden de los debates del juicio oral y quien resuelve sobre la marcha cuestiones como la suspensión del juicio por incompetencia de un testigo o perito, declarar la pertinencia de las preguntas de los letrados a imputados, peritos o testigos, y, en general, las incidencias que van surgiendo.

Todo este ir y llevar de asignaciones de presidencias, turnos y ponencias se hace al margen de cualquier procedimiento transparente y, en algunos tribunales, como en la Audiencia Nacional ni tan siquiera es público. Es más, al margen de ley en sentido formal, es decir de norma parlamentaria, quedando al albur de los operadores que han de impartir justicia. Incluso puede suceder que en este intricando mundo de las asignaciones judiciales, recibida una demanda o querella en un órgano judicial se dirima, al margen de los justiciables, en un proceso gubernativo igualmente opaco el juez o audiencia competente. El interesado o interesados quedan completamente al margen de este, no puede calificarse de otro modo vista su turbicidad, tejemaneje. No es una cuestión de curiosidad malsana lo que obliga a la censura sino a la falta de transparencia que, en el caso de la determinación de la competencia de un juez concreto (pues puede ser recusable o debe abstenerse) afecta al derecho fundamental al juez predeterminado por la ley, derecho comprendido en el art. 24.2  de la Constitución. Este derecho es esencial para garantizar lo que  se denomina el due process of law o, entre nosotros, con menos precisión, la proteica tutela judicial efectiva. Sin embargo, si lo comparamos con otros derechos como de los de asociación, expresión o manifestación, cada uno con, como mínimo, más de 1000 entradas, el derecho al juez predeterminado por la ley es objeto de relativamente poco estudio, sin sobrepasar  la treintena de referencias, como puede verse en los hipervínculos lanzados a la base de datos universitaria en España más común: Dialnet.

Es llamativa esta falta de atención a la hora de fijar doctrinalmente el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley. Sin embargo, las anécdotas que los profesionales pueden relatar son inacabables. Desde la anotación a mano en el papel (no de otro modo es calificable) que establecía las atribuciones de los Juzgados de Instrucción de Madrid de un “o no” en el caso de Mario Conde a las disputas gubernativas o la enorme diversidad, sin justificación alguna entre asignaciones de casos, fechas, turnos, etc. entre los diferentes partidos judiciales y audiencias. Aunque desde hace algún tiempo los Tribunales Superiores de Justicia tienden a publicar estos criterios de reparto, no lo son en un boletín accesible al público en general ni lo son en su completud ni, y no es detalle baladí, las motivaciones de las asignaciones y/o de sus modificaciones.

Todo ello es consecuencia de que el Tribunal Constitucional (TC) no se ha tomado, según lo veo, en serio un derecho tan radicalmente democrático como es el del juez predeterminado por la ley. Ya desde la temprana STC 47/1984 considera que las cuestiones de competencia judicial son una cuestión de legalidad ordinaria, con lo que jibariza el derecho que nos ocupa. Para ver si se afecta al derecho fundamental en esta faceta el TC se contenta con la creación por ley del órgano judicial con anterioridad al hecho justiciable y que este no constituya una jurisdicción de excepción. Efectúa una salvedad, que conecta más con la motivación de las resoluciones judiciales que con el derecho a la predeterminación del juez y  es que la  interpretación que se haga de las reglas de competencia suponga una manipulación manifiestamente arbitraria de las reglas legales sobre atribución de competencias (por todas, STC 115/2006, FJ 9). De forma que, prosigue el TC,  no puede confundirse el contenido de este derecho fundamental con el derecho a que las normas sobre distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales se interpreten en un determinado sentido.

Se ha contentado con afirmar algo que ya sabíamos, es decir, que el juez competente es el que tiene la competencia por las razones procesales de atribución legal. Eso en la práctica se traduce en que un juez de Madrid, si es competente para un caso, no lo es uno de Barcelona, pero cuál sea el concreto juez o Sala de Madrid es algo que no afecta al citado derecho. Esta afirmación se sostiene ante, reitero, criterios ignotos por no estar ni publicados ni motivados. Pero los hechos, tozudos, tienden a desbaratar los sinsentidos. El juez nominalmente encargado de una causa es el que es recusable, no el genérico del partido judicial; el juez del que hay que enjuiciar si cumple con sus precedentes y cuando se aparta de ellos lo hace motivadamente o no, es el juez concreto y no el ocupante de tal o cual plaza o partido judicial. En la práctica acontece un sinsentido altamente extravagante: para establecer la composición de una Sala de Justicia o atribuir el caso, en cualquier fase, a un órgano unipersonal, hay que establecer la persona o personas concretamente individualizables que van a tratar el pleito. En cambio, para establecer la jurisdicción sobre un asunto, ya sea la primaria, esto es, la competencia objetiva por razón del hecho o la funcional por asumir funciones de enjuiciamiento de actos de los jueces de instrucción o su revisión vía recurso, puede darse, hasta el momento de constitución del órgano, una auténtica elección por parte de los propios jueces. La opacidad es la madre de todos los movimientos ilegítimos de hilos. Ha de ser descartada manifiesta y abiertamente cualquier composición ad hoc de los órganos judiciales o de atribuciones de asuntos a los mismos. Ello solo se consigue con la publicación de los acuerdos motivados de tales atribuciones y, en su caso, de las razones objetivas de los cambios.

Volviendo a la caso de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que aun no publica ningún género de norma interna sobre asignaciones de pleitos y turnos, menos se explicará aun porque una sección tiene un criterio, por ejemplo, que la presidenta presida todos los juicos (con la sobrecarga desproporcionada que comporta) y en la vecina ocurra todo lo contrario, que la presidencia, como las ponencias, sean rotarias.

Percibiendo tan poca claridad no puede uno dejar de ser susceptible. Aun sin razón material de fondo, el juez no solo ha de ser imparcial sino que ha de parecerlo. En un asunto como Gürtel, en que el aparato del Estado, es decir, del partido político que lo copa, parece moverse en una dirección, todas las prevenciones son pocas y cualquier sospecha produce una enorme inquietud. En efecto, los movimientos a los que me refiero, en apariencia meramente profesionales, consisten en los últimos informes tanto de Hacienda como de la Intervención General del Estado. Así es: los peritos de Hacienda, amparados en la Consulta Vinculante (para Hacienda y los contribuyentes, para nadie más) de 28-4-2014, entienden en su informe para el Juzgado Central de Instrucción nº 5, de 17-10-2014, que las donaciones ilegales a los partidos políticos pueden ser declaradas sin problemas por éstos, sin incurrir en ilícito alguno; o sea lo ilegal, si es para un partido político se convierte en legítimo. Pasar de lo ilegal (la donación al partido) a lo legal (que este lo pueda reseñar sin problemas en su contabilidad) recuerda el milagro de la conversión del agua al vino en las bodas de Canaán en plan financiación ilegal de los partidos. De todos modos, es una opinión pericial que, como cualquier otra, no vincula al Instructor y que, en todo caso, aun debe pasar el tamiz de la ratificación a su presencia y, en su caso, durante el plenario ante el Tribunal de enjuiciamiento.

Por otra parte, abunda en esta intranquilidad en la lucha contra la corrupción que la Intervención General del Estado considere que no se puede establecer una correlación temporal entre donaciones de los concesionarios –donaciones legalmente prohibidas- y las concesiones administrativas a los que esos donantes ilegales han concurrido y finalmente obtenido. Esta reserva en admitir la relación entre donación ilegal y concesión administrativa  olvida que la relación causa-efecto ni es temporal ni tan siquiera es personal o funcional: es política.

Siendo así las cosas, el lector comprenderá la inquietud que suscitan noticias como las que motivan este texto, inquietud que se ve  acrecentada, cuando en la misma restea periodística se expone que de la Sala, aun sin formar –lo que supone que se formará en su día de acuerdo a un turno ignoto para los  justiciables- pudiera formar parte un magistrado significadamente próximo al Partido Popular, como es el magistrado Enrique López, de relativamente fugaz paso, a propuesta de dicho partido, por el Tribunal Constitucional, fugacidad debida a un excesivo consumo etílico sobre ruedas. A ver qué y cómo pasa.

Joan J. Queralt Jiménez

Catedrático de Derecho Penal

IP “Estrategias preventivas y reactivas contra la corrupción”

Director del Institut de Recerca TransJus. Universidad de Barcelona

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