Segunda condena al Estado español por el órgano de control del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por vulnerar el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores de edad

Con fecha 20 de junio de 2017, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano de la ONU encargado de proteger el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en virtud del Pacto Facultativo (PIDESC), ha condenado al Estado español por vulneración del derecho a la vivienda de una familia con dos hijos menores de edad.

En la interesante decisión, recaída en un supuesto de desahucio en el marco de un arrendamiento entre dos partes privadas, se suscitan interesantes cuestiones, como el papel en la decisión de la medida regresiva adoptada por las autoridades regionales de Madrid, por ejemplo el IVIMA, que vendieron parte del parque de vivienda pública a sociedades de inversión, reduciendo la disponibilidad de la misma, a pesar de que el número de vivienda pública disponible anualmente en Madrid era considerablemente inferior a la demanda, sin justificar de qué forma esta medida estaba debidamente justificada y era la más adecuada para garantizar la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto.

Víncula para llegar al Dictamen en español:  http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/ESP/E_C-12_61_D_5_2015_26006_S.docx.

Comunicado del Alto Comisionado de DDHH de Naciones Unidas en Ginebra: en inglés,  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21842&LangID=E

Y también algunas noticias publicadas al respecto en prensa española:

La ONU dictamina que España violó los derechos de una familia desahuciada que acabó durmiendo en un coche

ONU condena a España por no garantizar vivienda a deshauciados, según AI

Asimismo, un comentario en español y breve a esta decisión, realizado por la señora Sonia Olea Ferreras, de Cáritas Española, está disponible aquí: Notas al dictamen

Esta decisión supone la segunda condena del Estado español a través de este dispositivo internacional. La primera se produjo en otoño de 2015, siendo el primer caso de condena a un Estado por esta vía, declarando que el Estado español violó el derecho a la vivienda de una mujer cuya casa fue embargada por falta del préstamo e instó a entregarle una “reparación efectiva”. En su dictamen, el Comité solicitó a España proporcionar a la Sra.I.D.G. una reparación efectiva y asegurar que la legislación que regula los procedimientos de ejecución hipotecaria y su aplicación sea conforme acon las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual el país es signatario. Puede leerse esta primera resolución del Comité en:

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16457&LangID=S

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