Autor: gestiotransjus

CICLO DE SEMINARIOS SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE LAS METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN Y DE LA TRANSDISCIPLINARIEDAD

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Entre el mes de noviembre y diciembre, el Institut de Recerca TransJus, Universitat de Barcelona, realizó el Ciclo de Seminarios sobre los fundamentos metodológicos de los modelos de investigación y de la transdisciplinariedad. Fueron cinco encuentros para presentar las bases de los métodos cuantitativo y cualitativo abiertos a estudiantes de máster, doctorandos, académicos e investigadores en general. El público asistente representó áreas como el Derecho, la Ciencia Política y las Ciencias Sociales en general para reflexionar sobre la investigación transdisciplinar y aprender a utilizar técnicas de investigación que la hagan posible. Al final de esta crónica puede encontrarse el programa de los seminarios realizados, así como la bibliografía sugerida.

La coordinación del evento corrió a cargo del Dr. Wellington Migliari y estuvo bajo la supervisión del Dr. Juli Ponce Solé, Director del Institut de Recerca TransJus. Además, contó con los conocimientos e intervenciones de las doctorandas Leila Adim y Katherine Oliveri Astorga, del doctorando Rodrigo Chaverra y del Dr. Gabriel Brea Martínez que trabajaron los conceptos de la investigación doctoral aplicada desde una perspectiva transdisciplinar y cómo promover la colaboración científica en red. De acuerdo con la League of European Research Universities (LERU), las redes de investigación entre universidades e institutos son los principales motores para impulsar visiones sobre la producción académica, innovación y elevación de los niveles de educación. La producción científica también es un reto para la LERU que se materializa en forma de artículos y trabajos académicos con rango trans/interdisciplinar tal y como define el informe Interdisciplinarity and the 21st century research-intensive university.

En el primer encuentro, fueron definidos conceptos y diferencias entre la investigación dis-, multi-, inter- y transdisciplinar a partir de lo que propone el informe sobre la investigación interdisciplinaria hacia la transdisciplinariedad. En el segundo encuentro, hubo comentarios de la bibliografía recomendada y sistematización de los modelos de la investigación cualitativa y cuantitativa y las posibles aplicaciones en el estudio del derecho y ciencias sociales juntamente con aportaciones desde debates económicos, demográficos, estudios estadísticos, derechos humanos, psicología comportamental y otras áreas. Los doctorandos de la Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Rodrigo Chaverra Agudelo y Katherine Oliveri Astorga expusieron sus temas de investigación contextualizándolos con la posibilidad de mezclar los modelos cuantitativos y cualitativos.

En la tercera semana, el Dr. Gabriel Brea Martínez, Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), hizo una presentación de cómo incorporar en la práctica los datos y estudios demográficos en modelos de investigación cualitativos y cuantitativos. La cuestión del sesgo en los métodos académicos también fue abordada. Una manera de incentivar a los investigadores para el uso de razonamientos numéricos, estadísticos, probabilísticos y lógico-formal. Por lo que se refiere al cuarto encuentro, la doctoranda Leila Adim compartió su tema de investigación y expuso parte de su trabajo de tesis doctoral, con aportaciones que combinaban la investigación cualitativa con la cuantitativa y la publicidad de los resultados en seminarios internacionales. Una manera indudable de promover la metodología transdisciplinar. Para todas las sesiones contamos con una bibliografía sobre los modelos de investigación cuyas referencias académicas también representaran instituciones y universidades fuera del continente europeo.

En el último encuentro, los asistentes tuvieron la oportunidad de presentar sus temas e intereses académicos, con sus respectivos objetivos y métodos elegidos. Cómo forma de concretar algunos de los pilares de la transdisciplinariedad, propusimos que fuesen expuestos los trabajos que todavía siguen siendo elaborados por los mismos doctorandos y alumnos. Para este día, pedimos también que se propusieran ideas para la elaboración de artículos o ensayos académicos cuyas herramientas de la transdisciplinariedad se vean aplicadas.

Como resultado del ciclo de seminarios, cuatro temas fueron propuestos por los asistentes de manera que los investigadores pudieran desarrollar estudios transdisciplinarios con herramientas de modelo híbrido, o sea, combinación de los modelos cualitativo y cuantitativo. La idea es publicar los resultados y reflexiones de los asistentes en forma de un paper o ensayo. Así, una de las propuestas para la producción de un artículo fue sobre el tema de las elecciones y de cómo prevenir el delito en la esfera electoral, con aportaciones sobre sistemas partidarios y la figura del Estado; otra propuesta fue la de un ensayo sobre la construcción del imagen biográfico de políticos en películas y de que manera esto puede afectar las políticas públicas y los principios rectores en sistemas constitucionales; el tercer proyecto sobre los dilemas y altercaciones de la gestión directa o indirecta del agua, los procesos de remunicipalización sobre servicios y la noción de eficiencia; el cuarto y último sobre inteligencia artificial y el papel de la abogacía desde el sistema de programación Python. La cooperación, el intercambio de conceptos de diferentes áreas y la búsqueda por una perspectiva más plural en la producción académica son algunos de los rasgos de la investigación transdisciplinar.

El programa completo del Ciclo de Seminarios sobre los fundamentos metodológicos de los modelos de investigación y de la transdisciplinariedad está disponible en la web: http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Programa%20Seminarios%20Fundamentos.pdf

Crónica relizada por el Dr. Wellington Migliari

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PRESENTACIÓ AL ICAB EL PASSAT 13 DE DESEMBRE DEL LLIBRE COORDINAT PER L’INSTITUT TRANSJUS DE LA UB I PER L’OBSERVATORI DESC “La Llei del Dret a l’Habitatge de Catalunya: deu anys de vigència. Balanç i futur”, Thompson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2018, 341 pàgs. (existeix també versió en castellà)

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L’obra col·lectiva “La llei del dret a l’habitatge a Catalunya: deu anys de vigència. Balanç i futur” suposa una avaluació ex post dels deu anys de vigència de la llei catalana 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Les diverses anàlisis incloses en la monografia inclouen perspectives des del Dret, l’Economia, la Ciència Política, la Geografia, l’Arquitectura o l’Urbanisme, amb un component, doncs, multidisciplinari i unes conclusions que prenen en consideració les diferents aportacions.

Aquesta obra, publicada en una doble edició en espanyol i català, és el resultat d’una conferència organitzada a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona al desembre de 2017, amb motiu dels 10 anys d’aprovació de la Llei, organitzada per les entitats coordinadores del llibre.

El llibre conté 11 capítols signats per un total de 16 autores i autors, persones del món acadèmic i professionals, tant del sector públic com del sector privat i del tercer sector, varis d’ells membres de TransJus (ALEXANDRE PEÑALVER CABRÉ, JULI PONCE SOLÉ, DOMÈNEC SIBINA).

A més d’una anàlisi jurídica dogmàtica clàssica, el llibre incorpora també a l’avaluació dels deu anys d’aplicació de la llei elements com l’anàlisi de les sentències que l’han aplicat o els informes referits a aquesta, així com dades empíriques, incloent-hi els referits als plans d’habitatge aprovats en el desenvolupament d’aquesta, els vinculats amb els canvis demogràfics en curs o els referits a la segregació urbana i residencial creixent, per exemple.

A la presentació del llibre celebrat al ICAB de Barcelona va intervenir el Director del TransJus i la Directora del Observatori DESC en qualitat d’institucions coordinadores del llibre, així com representants de l’ICAB i de les institucions públiques (Àrea metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Barcelona) ajuda la qual ha fet possible la jornada de 2017 i aquesta publicació.

En el pròxim número de la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, publicació amb una trajectòria de més de 50 anys, apareixerà una recessió del llibre. D’altra banda, la presentació del llibre ha motivat ja l’aparició d’un article periodístic sobre l’estudi realitzat, consultable aquí.

Crònica realitzada per Juli Ponce Solé, Catedràtic de Dret Administratiu i Director del Institut de Investigació TransJus de la Universitat de Barcelona.

PRESENTACIÓN EN EL ICAB EL PASADO 13 DE DICIEMBRE DEL LIBRO COORDINADO POR INSTITUTO TRANSJUS DE LA UB Y POR EL OBSERVATORI DESC “La Ley del Derecho a la Vivienda de Catalunya: diez años de vigencia. Balance y futuro”, Thompson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2018, 341 págs. (existe también versión en catalán)

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La obra colectiva “La ley del derecho a la vivienda en Catalunya: diez años de vigencia. Balance y futuro” supone una evaluación ex post de los diez años de vigencia de la ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. Los diversos análisis incluidos en la monografía incluyen perspectivas desde el Derecho, la Economía, la Ciencia Política, la Geografía, la Arquitectura o el Urbanismo, con un componente, pues, multidisciplinar y unas conclusiones que toman en consideración las distintas aportaciones.

Esta obra, publicada en una doble edición en español y catalán, es el resultado de una conferencia organizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona en diciembre de 2017, con motivo de los 10 años de aprobación de la Ley, organizada por las entidades coordinadoras del libro.

El libro contiene 11 capítulos firmados por un total de 16 autoras y autores, personas del mundo académico y profesionales, tanto del sector público como del sector privado y del tercer sector, varios de ellos miembros de TransJus (ALEXANDRE PEÑALVER CABRÉ, JULI PONCE SOLÉ, DOMÈNEC SIBINA).

Además de un análisis jurídico dogmático clásico, el libro incorpora también a la evaluación de los diez años de aplicación de la ley elementos como el análisis de las sentencias que la han aplicado o los informes referidos a la misma, así como datos empíricos, incluyendo los referidos a los planes de vivienda aprobados en desarrollo de la misma, los vinculados con los cambios demográficos en curso o los referidos a la segregación urbana y residencial creciente, por ejemplo.

En la presentación del libro celebrado en el ICAB de Barcelona intervino el Director del TransJus y la Directora del Observatori DESC en su calidad de instituciones coordinadoras del libro, así como representantes del ICAB y de las instituciones públicas (Área metropolitana de Barcelona y Ayuntamiento de Barcelona) cuya ayuda ha hecho posible la jornada de 2017 y esta publicación.

En el próximo número de la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, publicación con una trayectoria de más de 50 años, aparecerá una recensión del libro. Por otro lado, la presentación del libro ha motivado ya la aparición de un artículo periodístico sobre el estudio realizado, consultable aquí.

Crónica realizada por Juli Ponce Solé Catedrático de Derecho Administrativo y Director del Instituto de Investigación TransJus de la Universidad de Barcelona

Buen gobierno regulatorio, derecho a una buena administración y Living Labs

Juli Ponce Solé, Catedrático de Derecho Administrativo. Director del Instituto de Investigación transdisciplinaria TransJus, Universidad de Barcelona.

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(Las consideraciones que se incluyen a continuación, forman parte de las que fueron objeto de exposición oral en la jornada del día 23 de noviembre de 2018 “10 años de política pública de mejora de la regulación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña”, organizada por la Generalitat de Cataluña. Reflexiones sobre el mismo tema podrán ser encontradas, en una diferente versión, en la Revista de la Federación de Municipios de Cataluña, , concretamente en el núm. 108, con referencias específicas al mundo local, y, de forma más reducida y con otro enfoque, en el blog de la Revista Catalana de Dret Públic, https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/ , en entrada de diciembre, en ambos casos en catalán. Queremos agradecer a ambas publicaciones su interés).

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Índice

  1. Estado actual de la cuestión: número de normas, (baja) calidad normativa y situación en clasificaciones internacionales
  1.  Impactos de la mala regulación: reducción del PIB, paro, inseguridad jurídica, corrupción, alteración de la competencia y capitalismo de amigos, litigiosidad y paralización de políticas públicas, falta de innovación. 
  1. ¿Por qué es un tema especialmente relevante hoy en día? Privatizaciones, liberalizaciones, autoregulación y Directiva de Servicios.
  1. Movimientos internacionales. Buena gobernanza, derecho a una buena administración y principios de buen gobierno: más allá del New Public Management y hacia una better regulation.
  1. El marco legal actual. Las leyes 39 y 40 de 2015 y la STC de 24 de mayo de 2018.
  1. ¿Cómo mejorar la situación? Posibilidades futuras empíricas en conexión con las nuevas experiencias de sandbox regulatorio y los avances relativos al nudging: los Living Labs

 

1. Estado actual de la cuestión: número de normas, (baja) calidad normativa y situación en clasificaciones internacionales

Con todas las excepciones que se quieran, es una evidencia que la producción normativa de nuestro país constituye un desastre sin paliativos de desorden, inestabilidad, incoherencia, improvisación, y de falta de claridad, de necesidad y de proporcionalidad, para no acumular más calificativos deshonrosos. (…) Y lo más grave es que la mencionada manera de actuar es una práctica secular, con raíces muy profundas en la cultura política y administrativa, que será muy difícil si no imposible erradicar en plazo breve. Tendrá que transcurrir al menos el tiempo histórico de una generación para que las prácticas aberrantes de creación de normas impulsiva e impremeditada puedan empezar a rectificarse. (…). Sin embargo, hay una posibilidad -lejana pero real – de que las cosas empiecen a cambiar. La nueva LPAC…establece mecanismos para su puesta en práctica (…) proporciona a los tribunales contenciosos un potentísimo instrumento para hacer efectivos estos principios, procediendo a la anulación de las normas reglamentarias… Cientos de años de pésima regulación es una pesada herencia que no se sanea en un plazo reducido

Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, “Un nuevo modelo de ejercicio de las potestades normativas”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 175, enero-marzo 2016, páginas 36, 37 y 56.

Estas palabras de SANTAMARÍA PASTOR citadas sintetizan el problema que se quiere tratar aquí.

No se trata sólo de que hayan muchas normas jurídicas y de que estas sean de mala calidad en sus aspectos formales (lenguaje, orden, coherencia…), el que históricamente hemos conocido como técnica legislativa.

Es verdad que el número de normas existente es impresionante, como resultado del que ya hace muchos años ya se calificó como legislación motorizada (Carl SCHMITT, en su estudio, Die Lage der europaisehe Rechtswissenschalt, Tübingen, 1949, a menudo mencionado por el recordado profesor E. GARCIA DE ENTERRÍA). En el momento de redactar estas líneas, 19 de noviembre de 2018, un vistazo al Portal de Jurídico de Cataluña de la Generalitat de Cataluña muestra la existencia de 896 leyes, 3481 decretos y 10059 órdenes.

Esto unido con la defectuosa técnica legislativa que hace difícil entender a menudo las normas (no infrecuentemente resultado del corta y pega), con la consecuente inseguridad jurídica. Esto es un problema innegable y bien conocido por los juristas, los operadores privados y los gestores públicos. Desde esta perspectiva formal, la norma tendría que ser correcta, siguiendo los estándares que puedan fijarse sobre este tema por el poder legislativo o la propia Administración (por ejemplo, en garantía que el lenguaje jurídico empleado sea inteligible para el ciudadano mediano, etc.). Al respeto, existen ya tanto desarrollos científicos como documentos jurídicos. Es el caso de los estándares específicos provenientes de la denominada teoría de la legislación y que, en el ámbito estatal, por ejemplo, se encuentran recogidos en las Directrices de Técnica Normativa aprobadas por el Consejo de Ministros en 2005.

Pero este artículo quiere llamar la atención sobre otro aspecto, que pasa a menudo desapercibido, referido no ya a los aspectos formales reseñados, sino a los aspectos materiales de los reglamentos, ordenanzas o planes que se aprueban, es decir, a los impactos que estas normas realmente tienen a la vida social y al grado de eficacia que las mismas tienen (o no) en la consecución de los objetivos por los cuales fueron elaboradas. Es definitiva, se quiere hablar aquí de la calidad normativa enfatizando el aspecto de su (in) eficacia y de sus impactos, positivos y negativos.

Para hablar de calidad o de falta de calidad de una norma jurídica, desde esta perspectiva, hemos de contar con estándares, con criterios de calidad que permitan la comparación.

a) Desde una perspectiva material, la norma no tiene que vulnerar ninguna regla ni principio del ordenamiento jurídico pero además tiene que poder conseguir las finalidades por los cuales fue diseñada. Cómo ha sido señalado, la “efectividad es el objetivo cualitativo universal para las normas jurídicas”. (XANTAKI, H., “Quality of Legislation: An Achievable Universal Concepte or An Utopia Pursuit?”, en : Quality of Legislation. Principles and Instruments: Proceedings of the Ninth Congress of the International Association of Legislation (IAL) . Nomos, Baden Baden, 2011).

b) Y desde una perspectiva procedimental, el proceso de adopción de la decisión tiene que ser un procedimiento adecuado, que, si se trata de un reglamento, tiene que garantizar la buena administración. Cómo señala la Agencia Sueca para la Gestión Pública (AGENCIA SUECA PARA la GESTIÓN PÚBLICA, Principles of Good Administration, 2005), en un informe comparando los principios de buena administración de los estados miembros de la UE, los buenos procedimientos desarrollados hacen que “la posibilidad de hacer buenas decisiones se incremente enormemente”.

Si la norma se adopta sin, o con un defectuoso proceso razonado y razonable de elaboración, que actúe como evaluación de los futuros impactos de la regulación, entonces el ejercicio de la discrecionalidad normativa es defectuosa, constitutivo de mala administración en el caso de las normas de carácter reglamentario y de una posible vulneración constitucional en el caso legislativo y el resultado es de baja calidad y en consecuencia antijurídico. En conclusión, desde la perspectiva de la calidad procedimental y material, las que nos interesan aquí, las normas jurídicas, por mandato constitucional, tienen que ser racionales, proporcionadas, no discriminatorias, eficaces y eficientes, tienen que proteger los derechos constitucionales y permitir también su adecuado desarrollo, teniendo que ser adoptadas con una evaluación de impacto normativo seria mediante el procedimiento para poder conseguir eficazmente sus objetivos. Estas perspectivas son las que nos interesan en este trabajo.

Desde este enfoque concreto de la calidad normativa, esto es, la evaluación de impactos normativos, las palabras citadas de SANTAMARIA PASTOR ¿son sólo una opinión, por cualificada que sea al venir de un experto? ¿tienen algún fundamento empírico?

Cada vez somos capaces de medir mejor la (falta de) calidad de la regulación en nuestro país en comparación con otros, haciendo real así el desideratum de GALILEO GALILEI: “Hay que medir todo el medible y hacer medible lo que no lo es”. Los aspectos mencionados son medibles y han sido medidos, con resultados bastantes negativos para España. La existencia de indicadores internacionales de regulación (por ejemplo, los del Banco Mundial o los del World Economic Forum) está revelando el estado de la (falta de) calidad normativa en España y poniendo encima de la mesa un problema capital para el buen funcionamiento de la sociedad, en su vertiente económica, por supuesto, pero también social y ambiental: nuestra mala calidad normativa.

En un reciente estudio empírico consultable en internet (ALCALÀ, F., y JIMÉNEZ, Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, BBVA, 2018), se pone de relieve como España ostenta una posición razonable en términos de productividad, situándose en la parte alta de la clasificación mundial, pero una posición baja respecto a la calidad normativa, bajando a los últimos lugares. Situación incongruente que nos hace pensar lo que mejoraría la primera si consiguiéramos un nivel razonable de la segunda.

2. Impactos de la mala regulación: reducción del PIB, paro, inseguridad jurídica, corrupción, alteración de la competencia y capitalismo de amigos, litigiosidad y paralización de políticas públicas, falta de innovación.

La OCDE ha puesto de relieve como una mejora de la calidad normativa de nuestro país supondría podría suponer un incremento del PIB nacional de hasta el 10% (BOUIS, R. AND R. DUVAL, “Raising Potential Growth After the Crisi: A Quantitative Assessment of the Potential Gains from Various Structural Reforms in the OECD Area and Beyond”, OECD Economics Department Working Papers, No. 835, 2011, OECD Publishing, Paris).

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Además, existen estudios económicos que correlacionan paro y mala regulación (BALMASEDA, M. Y MELGUIZO, A., «Mejor regulación: ni más, ni menos», en AA VV, Marco regulatorio y unidad de Mercado, círculo de empresarios, 2006).

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Por otro lado, las normativas de mala calidad, que no obtienen los resultados por las cuales se diseñaron, provocan inseguridad jurídica, como ya hemos dicho y es notorio que son un factor de aumento de la corrupción. Efectivamente, se dice que el “secreto” de la norma de baja calidad es la ventana que abre para que sea retorcida hasta obtener resultados diferentes de los previstos, a menudo en conexión con fenómenos de corrupción (DI BENEDETTO, M., “La comprensión y la prevención de la corrupción: un enfoque regulatorio” a PONCE, J., i CERRILLO, A., Innovación en el ámbito del buen gobierno regulatorio: ciencias del comportamiento, transparencia y prevención de la corrupción, INAP, 2017). Esto, unido al alud normativo genera riesgos de corrupción. No en vano ya señalaba que: “Corruptissima re publica plurimae leges” (Annales, Libro III, 27).

La mala regulación afecta además a la competencia, dando lugar al que ha sido llamado un crony capitalism, que podríamos traducir por un capitalismo de amigos, donde algunos grupos de presión imponen su poder.

Todavía más: la regulación de baja calidad genera litigiosidad y da lugar a la paralización de políticas públicas con su anulación, cada vez más frecuente (véase, por ejemplo, la contundente sentencia del Tribunal Supremo español de 12 de diciembre de 2016, anulando un Real Decreto estatal, entre otras muchas).

En fin, la mala regulación en lugar de suponer un incentivo a la innovación, supone un freno. Para poder innovar, hace falta, cada vez más, una regulación que permita la innovación, protegiendo a la vez los intereses generales, especialmente en ámbitos como la llamada economía colaborativa.

Cómo ha sido puesto de relieve (RANCHORDÁS, S. ,“Innovation-Friendly Regulation: The Sunset of Regulation, the Sunrise of Innovation”, Jurimetrics, Vol. 55, No. 2, 2015), el Derecho, y concretamente la regulación adecuada y de calidad, puede ser un elemento que permita e incentive la innovación en la sociedad o, por el contrario, la dificulte. La innovación puede ser promovida, y sus riesgos controlados, gracias a un Derecho flexible y adaptativo, (un “Derecho innovador”, al que se refieren ya algunos autores), que puede incorporar varias técnicas como por ejemplo las sunset clauses (preceptos incluidos en las normas que someten a estas a una eficacia limitada en el tiempo y a una posible prórroga de la misma siempre que se demuestre que tal continuación es necesaria, a la vista de la evaluación que se realice de su eficacia) o las normas experimentales (que se aprueban con la voluntad de tener un ámbito espacial o subjetivo limitado – una parte del país, una parte de los ciudadanos , el denominado sample group – mientras el resto – control group – se sigue rigiendo por la normativa previa, teniendo una vigencia temporal también limitada, acompañada de una evaluación para decidir si la regulación tendría que ser extendida generalmente y convertida en permanente o finalizar su eficacia limitada).

En fin, como es pues evidente, no se trata de un tema menor, aunque sí olvidado por la Economía, la Ciencia Política y el Derecho, fuera de las posiciones altas de las agendas políticas en España y sobre el cual todavía existe un amplio desconocimiento entre los gestores.

3. ¿Por qué es un tema especialmente relevante hoy en día? Privatizaciones, liberalizaciones, autoregulación y Directiva de Servicios

La necesidad de mejorar la calidad normativa no acaba con la evitación de los impactos negativos antes mencionados. Va más allá. A estos impactos mencionados, hay que señalar la mutación que se ha producido en las últimas décadas en la manera de funcionar de las Administraciones, por efecto de la extensión de los fenómenos de privatización, liberalización y autoregulación, y la transposición de la Directiva de Servicios, que avanza ya hacia la primera década, como es conocido.

Pues bien, una mejora de la mejora normativa permitiría, en primer lugar, no aplicar la autoregulación por defecto, sino analizar en cada caso si es precisa una regulación pública u otras maneras de llevar a cabo la política pública que se trate, entre ellas, como una más, la autoregulación, de acuerdo con lo que señala la OCDE (Industry self-regulation: role and use in supporting consumer interests, 2015). Además, decidiendo que la autoregulación pueda ser la alternativa más adecuada para un caso específico, esta tendrá que ser encuadrada (autoregulación regulada) por la regulación pública que garantice los intereses generales. Hace falta que el legislador extienda garantías organizativas y procedimentales a la adopción de autoregulaciones y regulaciones privadas afectando a otros privados o incluso a las Administraciones en garantía de la transparencia y de la buena administración, teniendo en cuenta además la extraordinaria potencia económica actual de varias empresas privadas.

En este sentido, por ejemplo, la crisis ha traído un incremento de la regulación pública en el ámbito financiero, sustituyendo a la autoregulación, el fracaso de la cual ha quedado acreditado, como señala la Comunicación de la Comisión Europea sobre Governanza de las Entidades de Crédito, conocida como Green paper de junio de 2010.

En segundo lugar, en el ámbito de los servicios de interés general, la mejora normativa permite tutelar adecuadamente los intereses generales y los derechos de los ciudadanos/consumidores/usuarios, puesto que una parte relevante de la actividad de regulación tiene que consistir en normativizar los derechos de estos y las obligaciones de servicio público de las empresas en garantía de los mismos y de los intereses generales (pensamos en ámbitos como el energético y en relación con la misma pobreza energética, por ejemplo, véase Pobreza energética. Regulación Jurídica y protección de los derechos de las personas, 2018, FMC y TransJus).

En tercer lugar, la buena normativa permite establecer de forma clara y adecuada los requisitos para desplegar una actividad y ayuda a compensar así el autocontrol de las actividades y servicios privados y la eliminación generalizada de controles administrativos previos mediante la declaración responsable y la comunicación previa, producto de la Directiva de servicios ya expuesta. Así, el peso de la recomposición del sistema después de esta no sólo tendría que pasar por la potenciación de la actividad de inspección, sino también por la mejor regulación de los requisitos a cumplir para poder desplegar la actividad.

En definitiva, como señala RAMIÓ (La Administración pública del futuro (Horizonte 2050). Instituciones, Política, mercado y sociedad de la innovación, Tecnos, 2017, pág. 137), al analizar qué podría ser la evolución administrativa en las próximas décadas, dentro de los posibles escenarios de cambio para las Administraciones públicas, la configuración de “una administración esencialmente reguladora” sobresale.

4. Movimientos internacionales. Buena gobernanza, derecho a una buena administración y principios de buen gobierno: más allá del New Public Management y hacia una better regulation.

Cómo señalan varias sentencias (por ejemplo, Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2010, poniendo Sr. Juan Carlos Trillo Alonso, STS de 5 de diciembre de 2012, ponente Sr. José Suay), el derecho a una buena administración exige una ponderación diligente a la hora de elaborar una norma. Dicho derecho, como es sabido, ha sido reconocido en el art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en diversos Estatutos de Autonomía de nuestras CCAA y en diversa legislación autonómica y ha sido aplicado ya por numerosas sentencias del Tribunal Supremo para anular decisiones públicas.

En virtud de las obligaciones derivadas de este derecho, si hay negligencia en la generación de alternativas o en la ponderación de intereses y derechos afectados o de hechos relevantes, entonces habrá una norma de baja calidad normativa, sí, con todos los efectos negativos explicados, pero además habrá una norma ilegal que podrá ser impugnada ante los tribunales y anulada por estos, como cada vez se produce más a menudo.

Este podría ser, por sí solo, un buen motivo para modificar inercias históricas, es decir, regular mejor para evitar problemas pero hay además otros incentivos. Ante la desafectación de la ciudadanía frente las instituciones y cuando se ha constatado empíricamente que la Nueva Gestión Pública ofrecía más de lo que finalmente ha dado (HOOD, C I RUTH, A, Government that Worked Better and Cost Less? Evaluating Three Decades of Reform and Change in UK Central Government, Oxford University Press, 2015), ¿que se puede hacer? Pues la OCDE ha contestado contundentemente: gestionar bien, incluyendo en las regulaciones.

5. El marco legal actual. Las leyes 39 y 40 de 2015 y la STC de 24 de mayo de 2018

La entrada en vigor en el 2016 de las leyes estatales 39 y 40 de 2015 – estableciendo y definiendo principios jurídicos de buena regulación (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, recogidos en la ley 39/2015, que exige la motivación respecto de las exposiciones de motivos de las normas) y técnicas a su servicio (consultas previas y planes anuales normativos – no obligatorios para el nivel autonómico, de acuerdo con la STC 55/2018, de 24 de mayo, el que no quiere decir, pero, que dejen de ser técnicas útiles de buena gestión normativa-, entradas en vigor alteradas en función del contenido de las normas, incremento de la deficiente hasta ahora evaluación ex post de los impactos de las normas…)- tendría que suponer una ventana de oportunidad para desarrollar, finalmente, una política y una gestión de calidad normativa que nos equiparara al movimiento europeo de la better regulation, del que hasta ahora hemos estado alejados.

En concreto, varias técnicas empleadas en otros países, y nada o muy poco en nuestra casa pueden ayudar a este objetivo. Hará falta en unos casos introducirlas ex novo en nuestro ordenamiento jurídico (así, las cláusulas sunset, mencionadas), pero en otros muchos casos, existiendo ya, se tratará de una cuestión de sensibilización, extensión del conocimiento y de formación específica entre servidores públicos y en el sector privado. Entre estas técnicas se encuentra la inclusión en una reforma constitucional, como se ha hecho en Francia en el año 2008, de una referencia a la necesidad de que las leyes (incluidas las presupuestarias, tan relevantes) hayan de ir acompañadas antes de su aprobación de adecuadas evaluaciones de impacto económico, social y ambiental, midiendo los costes (incluidas las cargas administrativas, mediante se es necesario el Standard Cost Model, internacionalmente aceptado) y los beneficios de las alternativas generadas y de la finalmente elegida.

Para garantizar esto, además, habría que mejorar el marco institucional existente para promover el buen gobierno normativo, generando unidades en el Parlamento que evalúen los impactos posibles de las futuras leyes y también, una vez dictadas, hagan un seguimiento ex post (un ejemplo en este sentido es la unidad existente en el parlamento chileno desde hace años). Tanto para proyectos de leyes como para reglamentos, habría que reforzar institucionalmente el sector público, generando administraciones independientes encargadas de hacer meta evaluación normativa.

Haría falta también reforzar la llamada internacionalmente huella normativa (legislative footprint), inexistente en nuestras administraciones (poco acostumbradas a dejar constancia transparente de sus reuniones informales durante los procedimientos de elaboraciones de normas). Esto se podría hacer mejorando la publicidad activa existente, conectando los procedimientos formales de aprobación de proyectos de ley, reglamentos, ordenanzas y planes con las reuniones informales previamente o simultáneamente mantenidas por los grupos de interés y generando páginas web específicas para facilitar la consulta de los procesos normativos.

Habría que concienciar a los municipios de la importancia de aprobar sus planes normativos (en Cataluña lo han hecho muy pocos hasta ahora: a la primavera de 2018, sólo una veintena). También de respetar los principios jurídicos de buena regulación mencionados. Y de proceder a evaluaciones ex post también de sus ordenanzas y planes: en Cataluña tenemos ya la experiencia de métodos cualitativos y cuantitativos utilizados por el Síndic de Greuges para evaluar el funcionamiento de la ley 19/2014, plasmados en tres informes de los últimos años, consultables en su web.

Todo lo que se ha indicado exige, a la vez, desde un elemental principio de proporcionalidad, medir bien las posibilidades de análisis de las unidades administrativas y de las oficinas de calidad normativa, sino, de lo contrario, se podría producir una parálisis por análisis. En este sentido, creemos que en el futuro, la regulación de la calidad de la regulación, para expresarlo en estos términos, tendría que reducir el número de regulaciones sometidas a evaluación, para posibilitar la corrección de su regulación. Este filtro creemos que se tendría que hacer no sólo por el posible impacto económico de la normativa, sino añadiendo otros criterios cualitativos, como por ejemplo la posible afectación de derechos constitucionales y estatutarios. La experiencia de otros países, como por ejemplo los EEUU, nos podría ser de utilidad de cara a una futura reforma de la legislación de procedimiento.

Existen, pues, las técnicas para mejorar la regulación. Sin embargo, todavía hay obstáculos que vencer para avanzar hacia la mejora normativa que necesitamos y que hay que tener en cuenta.

7. El contexto de gestión de la regulación: inercias políticas, administrativas y culturales

Ante estos impactos económicos mencionados, a los que hay que sumar en no menor importancia los sociales (afectación de derechos varios) y ambientales ( por ejemplo, cambio climático), la calidad normativa habría de entrar en la agenda política en un lugar prioritario, cómo ha sido el caso de países de nuestro entorno, donde presidentes del gobierno se han ocupado directamente de la cuestión (Reagan, Blair, Clinton, Obama…) y el tema ha motivado incluso la modificación constitucional en Francia en el año 2008. Nada de todo esto ha pasado en nuestro entorno, donde, sin embargo, se puede valorar muy positivamente el funcionamiento desde hace casi una década del Área de Mejora de la Regulación de la Generalitat de Cataluña, ubicada en el departamento de la Presidencia, con presupuesto y numero de empleados, sin embargo limitados. En el ámbito estatal, hace falta también destacar positivamente la puesta en marcha recientemente de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, dentro del Ministerio de Presidencia, prevista en la ley 40/2015.

Hace falta, pues, conciencia política de la importancia del tema, en primer lugar. En segundo lugar, conciencia administrativa, acompañada de formación específica, dado que la caja de herramientas de la mejora de la regulación incorpora instrumentos que hay que aprender a manejar (medida de cargas administrativas con el Standard Cost Model, realización de análisis coste-beneficio o coste-eficacia o similares, coordinación de las reuniones con grupos de interés en contextos informales con la huella normativa a incluir en los procedimientos formales de elaboración de normas, realización de experimentos…).

En tercer lugar, ya lo hemos avanzado, hace falta un diseño institucional adecuado.

6. ¿Cómo mejorar la situación? Posibilidades futuras empíricas en conexión con las nuevas experiencias de sandbox regulatorio y los avances relativos al nudging: los Living Labs

Estos déficits de impulso político y administrativo y de conocimiento técnico tienen solución. Otros países lo han conseguido. Hace falta voluntad política, que permita los medios personales y materiales necesarios y conocimiento técnico, nada más. Creemos que una colaboración entre el sector público, el ámbito académico, el sector privado y el tercer sector puede ayudar a generar conocimiento y experiencias mutuamente útiles. Las sinergias entre todos estos actores pueden incluir desde lo que es más general (mejora constitucional o legal, como por ejemplo la reforma de la legislación procedimental para concentrar la evaluación en algunos tipos de normas) hasta lo más concreto (diseño de una específica ordenanza municipal, por ejemplo, de forma que sea efectiva). Hay campo para correr en un ámbito históricamente abandonado pero que acontece ahora más urgente que nunca y necesitado de esfuerzos plurales y transdisciplinares (Economía, Derecho, Ciencia Política…).

En este sentido, la mejora de la regulación se puede reforzar mediante foros donde todos los implicados aporten datos y conocimiento, tanto para preparar la mejor normativa futura posible como para evaluar la que ya esté en funcionamiento.

Desde la primera perspectiva, los experimentos controlados pueden ser útiles, como ya saben en otros países. Ahora empiezan a entrar en nuestra casa de la mano de las fintech y de las sandbox en este ámbito (téngase en cuenta el anteproyecto de ley estatal por el que se regula la ley de medidas para la transformación digital del sistema financiero y véase el reciente informe de la CNMC E/CNMC/001/18). El derogado art. 67 de la ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de Cataluña, preveía esta posibilidad (bajo el título de verificación de la eficacia de las normas, antes de ser dictadas), posibilidad reiterada ahora por el art. 64.4 de la ley 19/2014 (que se refiere a pruebas pilotos mediante convenios), preceptos los dos todavía vírgenes en cuanto a su aplicación.

Además, los avances producidos en las últimas décadas de la mano de la psicología cognitiva y, a través de ella, de la Economía y el Derecho conductual, con la técnica del nudging (véase el número 15 de diciembre de 2018 sobre el tema, disponible en abierto) como persuasión mediante la regulación sin coste económico, están todavía vírgenes en nuestro contexto, a diferencia de otros países de la UE, donde se han constituido, incluso, unidades administrativas específicas para impulsar este tipo de regulaciones.

Para impulsar esta y otras posibilidades, creemos que el ámbito académico puede contribuir con conocimiento, formación y espacios de encuentro neutrales entre todos los implicados. En este sentido, la figura de los Living Labs, impulsados ya a nivel internacional, parece interesante a los efectos de lo que estamos hablando y la Universidad de Barcelona, mediante el instituto de investigación TransJus, está creando uno específico en el ámbito del Buen Gobierno y la Regulación.

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Los Living-labs son espacios físicos, virtuales o espacios de interacción, donde colectivos de empresas, organismos públicos, universidades, usuarios y otros grupos de interesados, colaboran en la creación, el prototipado, validación y ensayo de nuevas tecnologías, servicios, productos y sistemas en contextos de la vida real. Las actividades de innovación tienen lugar en entornos de la vida real.

Las asociaciones publico-privadas están formadas por grupos que incluyen empresas, investigadores, autoridades, ONGs y usuarios. Se hace énfasis en la importancia de los usuarios, incluidos ciudadanos y usuarios. Son diferentes de los tests, pruebas de campo y otras formas de innovación. Hacen innovaciones más maduras que los procesos R + D internos, donde los prototipos y los ensayos de campo son más apropiados, pero las innovaciones son menos maduradas que las que se encontrarían en proyectos piloto. Se trabaja con múltiples grupos de interesados. Los diversos grupos de los laboratorios mantienen varios roles. La colaboración entre los grupos de interesados es una característica esencial de los laboratorios vivos, que se basan en los principios de innovación abierta.

En concreto, el Living Lab en materia de Buen Gobierno y Regulación de la UB quiere ser un espacio virtual y real de encuentro de todos los implicados (stakeholders, en la terminología inglesa que acostumbra a utilizar, por ejemplo, la Unión Europea), donde se puedan desarrollar actividades de formación, de impulso de guías y materiales de utilidad para la buena gestión de la regulación, de facilitación del desarrollo de experimentos y pruebas pilotos antes de poner en marcha una norma y de realización de evaluaciones ex post con la colaboración de los implicados.

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***

Se ha dicho por WEIL que el Derecho Administrativo es un milagro, en el sentido de que es extraordinario que el propio poder haya aceptado ser vinculado por el Derecho (WEIL, P., Le droit administratif, PUF, 2017). Este milagro se tiene que proteger y extender ahora a la mejora del funcionamiento de este poder para hacer efectivo el derecho a una buena administración. Cómo hemos visto hay razones de peso para mejorar urgentemente la calidad normativa en general y hay los instrumentos y espacios posibles por esta mejora.

¿Podemos dejar pasar una nueva oportunidad de modernizar nuestra gestión y nuestro Derecho y de mejorar nuestra sociedad? Ya llegamos tarde….

Crònica de la Jornada sobre envelliment, vulnerabilitat i situacions d’abús

El passat 24 d’octubre de 2018 va tenir lloc a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona la Jornada “Envelliment, vulnerabilitat i situacions d’abús”, organitzada per l’Institut de Recerca Transjus, conjuntament amb l’Observatori de Bioètica i Dret.

La presentació va anar a càrrec de la Dra. Mar Campins Eritja, vicedegana de recerca i relacions internacionals de la Facultat de Dret, el Dr. Juli Ponce Solé, Director de l’Institut Transjus i la Dra. Maria Casado, Càtedra UNESCO – Directora de l’Observatori de Bioètica i Dret, que van presentar el problema de l’envelliment de la població a Europa i les seves conseqüències socials, econòmiques i jurídiques. En particular, van destacar la complexitat d’un problema que requereix ésser abordat de forma íntegra des de diverses disciplines i distintes sensibilitats.

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La primera sessió de la jornada explicava els efectes de la pèrdua de la capacitat cognitiva i les seves conseqüències, tant des del vessant mèdic com jurídic. La Sra. Nina Gramunt Fombuena, neuropsicòloga del Barcelona Beta Brain Research Center (BBRC), va explicar la progressió de la malaltia d’Alzheimer, des de la fase preclínica fins a les seves darreres conseqüències, i les implicacions per a l’autonomia personal. Segons Gramunt, l’Alzheimer es la principal causa de demència; va ser especialment il·lustratiu i colpidor conèixer-ne les causes, les dificultats de diagnòstic, el tractament (que, sense curar, ajuda a pal·liar la simptomatologia) i l’impacte sobre l’autonomia personal d’aquells que pateixen la malaltia.

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El vessant jurídic va anar a càrrec de la Dra. Esther Arroyo i Amayuelas, Titular de la Càtedra Jean Monnet de Dret Privat Europeu i Professora de Dret Civil (UB), que es va centrar en els mecanismes jurídics de protecció de les persones que pateixen un deteriorament físic i/o mental, degut a la seva edat avançada. Va destacar que els mecanismes de protecció de les persones grans no haurien de ser (o no necessàriament) restrictius de la capacitat d’obrar i que, addicionalment, s’haurien de configurar com a “vestits a mida”, adaptats a la particular capacitat de discerniment que les persones conservin amb el pas del temps. Després de presentar els diferents mecanismes de protecció a Europa i de destacar la manca de regulació específica pel col·lectiu de les persones grans que, sense estar malaltes, en canvi són vulnerables, va destacar la figura catalana de l’assistència, que protegeix sense incapacitar, tot afirmant que, per això mateix, s’hauria de convertir en una institució d’aplicació general no només a Catalunya, sino també a Espanya.

La segona sessió va tractar del model d’atenció a la gent gran i en ella van participar el Dr. Joaquim Martínez Montauti, metge internista i President del Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital de Barcelona, que va presentar els aspectes generals i sanitaris de l’envelliment, tot destacant que les persones grans constitueixen una població heterogènia i que, sovint, el problema no és tant la malaltia com la pèrdua de funcionalitat. En aquesta sessió també van participar la Sra. Esther Quintana, treballadora social i Cap del Departament d’atenció social per a la gent gran i per a la promoció de l’autonomia personal de l’Institut Municipal de Serveis Socials; i la Sra. Àngels Campos Fornell, psicòloga, del Departament de Planificació i Processos de l’Àrea de Drets Socials de l’ Ajuntament de Barcelona. Les ponents van explicar el ventall de programes municipals per atendre a les persones grans: des del servei d’atenció i suport a domicili, passant pel servei de teleassistència, que és un dels millor valorats, fins a les residencies; tot seguit van presentar un estudi de l’Ajuntament de Barcelona, en el que hi participen, que analitza les situacions d’abús que pateixen les persones grans. Tots els intervinents en aquesta sessió van abordar el problema de la discriminació social i la necessitat de combatre l’edatisme, com a nova forma de discriminació.

 

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Tres van ser les intervencions de la tarda, centrades en les situacions de risc i la reacció jurídica. La Dra. Mariló Gramunt Fombuena, Presidenta de la Junta Arbitral de Consum a Catalunya i Professora de Dret Civil (UB) va parlar de la gent gran com a col·lectiu especialment protegit en l’àmbit del consum. La seva intervenció va abordar preguntes que sembles senzilles, com ara a qui s’ha de considerar persona gran i perquè ha de formar part d’un col·lectiu especialment protegit. Si s’ha de dispensar una especial protecció en l’àmbit de consum no és tant per l’edat sinó per una combinació de factors econòmics, culturals, socials, i fora bó replantejar la redacció del Codi de Consum al respecte. La Dra. Mònica Navarro-Michel, Professora de Dret Civil (UB), va abordar el tema de l’ingrés en residencia geriátrica de les persones grans, i va analitzar el contrast entre la jurisprudencia catalana, que no exigeix al guardador de fet (que està al càrrec de la persona gran) que sol·liciti autorització judicial per a ingressar-la en un centre, i les tres sentències del Tribunal Constitucional que, tot el contrari, sí que l’exigeixen perquè l’ingrès afecta el dret a la llibertat individual de les persones i, per tant, no es pot restringir aquesta llibertat sense abans haver adoptat les degudes garanties. Finalment, el Dr. Miguel Àngel Soria Verde, Professor de Psicologia Criminal i Psicologia Jurídica (UB) va abordar el procés de victimització de les persones grans en situacions d’abús, tot posant en relleu que, en moltes ocasions, aquestes persones viuen una situació de victimització addicional com a conseqüència dels vincles, sovint familiars, amb la persona que comet l’abús.

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La clausura va anar a càrrec de la Dra. Mònica Navarro-Michel, que va destacar quin havia estat el leitmotiv de la Jornada de la qual en va ser la coordinadora: la vellesa és una realitat molt heterogènia i, per tant, les respostes socials i jurídiques també ho han de ser. La reunió de persones d’àmbits diversos i amb sensibilitats distintes, per primer cop, en aquesta jornada, ha servit per a entendre una mica millor els problemes de la gent gran i, ben segur, ens ajudarà a actuar en conseqüència en el futur. Tant de bo la sensibilització de les persones faci més fàcil la posada en pràctica de polítiques i regulacions més i millor adaptades als problemes de les persones grans. Esperem continuar mereixent el recolzament tant de Transjus com de l’Observatori de Bioètica i Dret per continuar organitzant jornades tan o més interessant que aquesta.

 

Crònica realitzada per la Dra. Mònica Navarro-Michel 

El TransJus a la jornada d´AGAUR sobre el Programa “Repte social 6: Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives”, Horizon H2020

 

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El passat 14 de novembre, membres del TransJus van assistir a la jornada organitzada per l’AGAUR: Europa en un món canviant, en el que es va presentar el Programa “Repte social 6: Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives” en el marc de l’Horizon H2020 de la Unió Europea, dedicat al finançament de projectes d’investigació.

La jornada es va es va realitzar a la Secretaria d’Universitats i Recerca i es va iniciar amb la intervenció de la sra. Rocío Castrillo, Representant i Punt Nacional de Contacte del Programa SC6, Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, les dades de la qual es donen al final de la crònica. Va presentar el Repte Social 6 i les diverses convocatòries que hi figuren. Els objectius del programa són entre d’altres; fomentar una millor comprensió d’Europa, oferir solucions i recolzar unes societats europees inclusives, innovadores i reflexives en un context de transformació sense precedents i de creixent interdependència mundial.

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A més, es tracta d’un programa que, com va destacar la sra. Castrillo, s’ha d’abordar des de una perspectiva transdisciplinar ja que es tracta d’un repte comú que integra diverses disciplines, car els problemes a abordar són complexes. Com va destacar la ponent, no hi ha una única disciplina que pugui cobrir la totalitat d´aquests problemes. A més, cal tenir en compte els actors diversos implicats.

El programa “Repte social 6: Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives” vol fer front als reptes actuals de la UE com són la pressió per l’augment de fluxos migratoris, les grans transformacions socio-econòmiques i culturals derivades de la interacció amb la tecnologia, nous desenvolupaments en la governança europea, nacional i mundial i el debilitament de la confiança dels ciutadans envers les institucions públiques.

La financiació del Repte Social 6 és de 1309 milions d´ euros, en el període 2014-2020. Els dos anys que ara queden són els de més financiació (al voltant d´un terç del total).

Dins de les novetats del Repte 6 trobem que es finançaran més projectes que en anys anteriors; s’obren tres convocatòries en comptes de dues per a cada projecte; no hi ha convocatòries de dues fases i el finançament té una durada de 3 anys. Es poden trobar totes les convocatòries del Programa SC6- Europa en un món canviant aquí.

Finalment, es va tenir l’oportunitat d’escoltar al Dr. Jacint Jornada, Director de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, qui va explicar l´experiència d´èxit al haver obtingut finançament europeu a través d’Horizon H2020 amb el projecte GLOBE.

Amb posterioritat a l´acte, recercadors de TransJus varen tenir una entrevista personal amb la senyora Castrillo, en relació al tema Trust in Governance (https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/governance-01-2019.html ), que sembla ser un àmbit que s´adaptaria bé a l´enfoc i capacitats de TransJus, amb un termini fixat fins a març de 2019 per a presentar propostes.

La senyora Castrillo va deixar les seves dades de contacte a disposició de recercadors/es interessats/de en fer consultes:

@RocioCastrilloC

sociedades.h2020@oficinaeuropea.es

http://www.eshorizonte2020.es @esHorizonte2020

Es poden consultar les presentacions utilitzades durant la jornada aqui: PWP 1 PWP2

Crònica realitzada per Ona Lorda Roure

Crónica sobre el Seminario Crímenes de Estado y Violencia Parainstitucional en Colombia

El pasado 23 de octubre tuvo lugar en la facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona el Seminario Crímenes de Estado y Violencia Parainstitucional en Colombia, organizado por el Instituto TransJus y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, con el apoyo del Departamento de Derecho Penal y Criminología y Derecho Internacional Público y RR. II. Y de la Clínica Jurídica de Lucha Contra la Impunidad del dret al Dret.

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El acto académico surgió a iniciativa de Rodrigo Chaverra A. -investigador predoctoral y miembro del TransJus-, a partir del interés del Instituto por presentar estudios en el marco de lo que la criminología, y sobre todo de carácter crítico, denomina crímenes de los poderosos. En este sentido, en el TransJus Working Papers Publications se publicó el artículo Paramilitarismo y política de seguridad democrática: instrumentos de un proyecto de clase en Colombia.

El seminario contó con la participación del historiador y politólogo Dr. Carlos Medina Gallego, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, del sociólogo y excoronel de la Policia Nacional de Colombia Omar Rojas Bolaños, y con Manuel Gil Giraldo -dramaturgo y escritor, premio Plaza & Janes-.

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La contextualización y la reflexión del conflicto social y armado colombiano -tomando como eje referencial el terrorismo de Estado y la parainstitucionalidad- fue presentado por los ponentes desde una dimensión holística y transdisciplinar.

Partiendo de lo que en la historiografía se denomina el periodo de La Violencia, Gil Giraldo presentó una contextualización del conflicto social y armado en Colombia, enfatizando en la implicación de los partidos políticos en la intensificación del conflicto y en el despojo de la tierra al campesinado. El escritor remarcó la determinante influencia de la doctrina de Seguridad Nacional proyectada desde Washington en el contexto colombiano y en la incidencia de capitales internacionales en la financiación de grupos de paraestatales.

El profesor Medina Gallego concentró su exposición en la evolución y consolidación del poder parainstitucional, subrayando que actualmente Colombia afronta la quinta generación de grupos de paramilitares; asimismo, destacó el papel central que desempeñaron las víctimas en la construcción de los acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc-EP, las cuales deben continuar siendo el epicentro en el actual proceso de justicia transicional.

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Por su parte, el investigador Rojas Bolaños, autor de “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2017. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios” y “Las parteras de Urama Grande”, presentó los resultados de su reciente investigación en la cual, desde el interior de las Fuerzas Militares, constató la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales conocidos bajo el eufemismo de “falsos positivos”. La investigación de Rojas Bolaños revela cifras alarmantes, más de 10.000 personas -ajenas al conflicto armado- fueron asesinadas a sangre fría por miembros de la fuerza publica y presentados como guerrilleros dados de baja en combates; todo ello como acciones de una política de seguridad basada en resultados militares efectivos, las cuales fueron fomentadas a través de recompensas al interior de los cuerpos militares con el objetivo de mostrar ante la opinión pública que la guerra se estaba ganando e incrementar la popularidad del gobierno de turno.

Finalmente, los ponentes coincidieron en que el derecho a la verdad, entendida como construcción de memoria colectiva de carácter polifónico, debe ser pilar en la construcción de paz en Colombia, gran reto en el marco de la justicia transicional que ha de servir como cimiento para la reparación de las víctimas y la no repetición.

El evento culminó con la invitación de Rodrigo Chaverra, moderador del seminario, para que los estudios jurídicos y desde la academia en general se establezcan vínculos directos y permanentes con la sociedad civil, construyendo saberes desde una perspectiva transdisciplinar y colectiva para abordar problemas socio-jurídicos y político-criminales como los crímenes de los poderosos, los crímenes de Estado y el fenómeno paramilitar, los cuales requieren análisis complejos e integrales donde los actores implicados no deben estimarse como simples objetos de estudio sino como constructores de relatos y saberes.

 

Crónica realizada por Rodrigo Chaverra

Veinte años de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: evaluación de su aplicación y perspectivas de futuro para su mejora

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Los pasados días 15 y 16 de noviembre, tuvo lugar en la facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona las jornadas “Balance y Perspectivas de la LJCA en su XX aniversario”. En las mismas, participaron más de una treintena de ponentes del ámbito judicial, académico y de la abogacía y asistieron como público, y participaron activamente en los debates a lo largo del día y medio, 250 personas, de los ámbitos judicial, académico, de la abogacía y de las Administraciones públicas de todos los niveles (incluyendo letrados de diversos ayuntamientos catalanes y de la Generalitat de Cataluña).

La actividad fue coorganizada por el CGPJ, como actividad de formación propia, codirigida técnicamente por el Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, señor Jesús Cudero, y por la Universidad de Barcelona, incluyendo a TransJus, como coorganizador técnico, junto a la colaboración del decanato de la facultad de Derecho y del departamento de derecho administrativo, derecho procesal y derecho financiero y tributario.

El contenido de la jornada fue de un altísimo nivel intelectual y de un gran conocimiento de la cuestión por parte de los participantes, reuniendo además unas características singulares. Las mismas se basaron en la conjunción de ponentes del mundo judicial, del académico y de la abogacía, así como en el uso de datos empíricos en el análisis.

Se aunaron, así, perspectivas diversas y complementarias, con reflexiones desde el Derecho de la Unión Europea, el Derecho Constitucional, el Derecho procesal, el Derecho tributario o el Derecho administrativo. A estos enfoques, se le unió el manejo de datos empíricos provenientes de la realidad en la aplicación de la LJCA. La actividad reunió, por lo tanto, las características de transdisciplinariedad definidas, por ejemplo, por la LERU, la liga europea de la élite de las universidades investigadoras, en la que está integrada la Universidad de Barcelona, y es por ello que el instituto de investigación TransJus se ha sumado con interés a las mismas.

La Jornada enlazó, además, con una larga tradición histórica de participación de la facultad en investigación y reflexión de primer nivel sobre la jurisdicción contencioso-administrativa. Una muestra de ello fue la histórica conferencia pronunciada en la facultad de Derecho de la UB por el profesor Eduardo García de Enterría hace más de 50 años, concretamente el día 2 de marzo de 1962, en una actividad organizada por la promoción de estudiantes de Derecho denominada Manuel Ballvé, así llamada en honor del administrativista catalán, participante en el diseño de la anterior ley en vigor desde 1956 hasta 1998, quien había desaparecido trágicamente unos meses antes, en el verano de 1961.

Conferencia ésta, cuya crónica en la prensa de la época es consultable aquí, que dio lugar con posterioridad a un reconocido artículo académico, y luego a un libro que recogió el mismo, publicaciones que ayudaron a sentar los paradigmas vigentes relativos importante control judicial de la actividad del poder ejecutivo en España e Iberoamérica.

Con esos antecedentes, la jornada se celebró en el marco de una preocupación, compartida y de creciente relevancia a nivel nacional e internacional, relacionada con el logro de una buena administración de justicia y, mediante ella, y de modo indirecto, de una buena administración en la gestión pública desplegada por el poder ejecutivo.

En relación con la buena administración de justicia, se trata, como es bien sabido, de una aspiración antigua. El 28 de septiembre de 1789, pocos años después de la independencia norteamericana y el mismo año de la revolución francesa, George Washington escribía en una carta al Attorney General de los EEUU sobre la relevancia de una buena administración de justicia, frase que ha acabado escrita en granito en la fachada del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York. En Europa, ya en el siglo XX, el TEDH, en relación con el art. 6 del Convenio, se han referido a la buena administración de justicia como derecho subjetivo y como principio organizador de ésta en diversas sentencias, como es sabido.

Buena administración de justicia que, a su vez, y como avanzaba la Exposición de Motivos de la LJCA de 1956, tiene que ver con otra aspiración histórica humana, cristalizada en las últimas décadas en el denominado derecho a una buena administración. Derecho recogido en la CDFUE, en diversos Estatutos de Autonomía y leyes y en la jurisprudencia del TEDH, del TJUE, del Tribunal Supremo español y de los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA, que ha sido objeto de recopilación y análisis. Efectivamente, en esa mencionada Exposición de motivos de la LJCA de 1956, se indicaba, apartado II.1, que:

“Y así, la necesidad de una Jurisdicción contencioso-administrativa eficaz trasciende de la órbita de lo individual y alcanza el ámbito colectivo. Porque las infracciones administrativas se muestran realmente no tan sólo como una lesión de las situaciones de los administrados, sino como entorpecimiento a la buena y recta administración“.

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En este contexto de preocupaciones, los trabajos de las jornadas se iniciaron con la conferencia La evolución histórica del control judicial de la Administración y la Ley de 1998, a cargo del Catedrático Luís Martín Rebollo, reconocido académico y especialista en la materia.

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A la misma siguió una mesa redonda con participación del Catedrático Miguel Sánchez Morón y de dos ponentes parlamentarios de la ley, los señores Jesús López Medel, autor además de numerosas y reconocidas publicaciones sobre sobre la misma, incluyendo un libro sobre su proceso de elaboración parlamentaria, y del señor Silva Sánchez.

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Este primer día de las jornadas se cerró con la exposición de la profesora Silvia Díez, en la que se manejaron diversas e interesantes consideraciones empíricas sobre el funcionamiento real de la ley, que han sido objeto de publicación y se encuentra a disposición de todos los interesados.

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El segundo día de trabajo se inició con una mesa sobre las cuestiones procesales más relevantes desde la vigencia de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, en la que intervinieron un académico y abogado en ejercicio, el Catedrático José María Baño León, acompañado por diversos magistrados de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo: la señora Celsa Picó Lorenzo, el señor Ramón Trillo Torres, Magistrado Jubilado, expresidente de su Sala Tercera y el señor Segundo Menéndez Pérez. En la misma se consideraron cuestiones técnicas referidas la extensión y límites de la jurisdicción contencioso-administrativa, las medidas cautelares y la ejecución de sentencias o la función del Tribunal Supremo en referencia a la apelación y casación. En el debate suscitado con los asistentes, la cuestión de las costas procesales fue objeto de interesante discusión.

La mañana terminó con la siguiente mesa, la tercera, que se dedicó a la incidencia del Derecho de la Unión Europea en el proceso contencioso-administrativo, considerando el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la misma, participó un académico, el Catedrático Ricardo Alonso García, acompañado por el magistrado de la sala tercera del Tribunal Supremo, Sr. Dimitry Berberoff Ayuda, un magistrado de la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, el señor Santiago Soldevila Fragoso, y un abogado y ex Magistrado de la Sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, el señor Joaquín Huelin Martínez de Velasco.

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Tras el almuerzo ofrecido en la facultad a los ponentes y asistentes, se reanudaron las jornadas con la última mesa, en la que se analizaron los problemas y perspectivas de la jurisdicción contenciosa en la actualidad. En la misma participaron dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el señor Francisco José Sospedra Navas y la señora María Abelleira Rodríguez, acompañados de la señora Gloria Bardají Pascual, abogada en ejercicio y profesora asociada de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, de la señora Elsa Puig Muñoz, Magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Barcelona y del Catedrático Francisco Velasco Caballero, quienes debatieron los problemas detectados en la aplicación de la ley y los posibles modos de solucionar en el futuro éstos (así, por ejemplo, el modo de realización en la práctica de las pruebas periciales, los papeles respectivos de secretarios judiciales y magistrados en el procedimiento ordinario o las dificultades concretas en el funcionamiento del procedimiento abreviado).

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Además, se aportaron datos empíricos por parte del profesor Velasco sobre el funcionamiento de la jurisdicción contenciosa en España, Francia, Alemania e Inglaterra y Gales (relativos a la judicial review, en que están implicadas administraciones públicas), analizando las causas de las cifras y aspectos detectados y las alternativas para rebajar la gran litigiosidad que, en perspectiva comparada, existe en España.

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La brillante conferencia de clausura fue pronunciada por el señor Rafael Fernández Valverde, con presentación a cargo del Sr. Jesús Cudero, refiriéndose en la misma a diversas e interesantes cuestiones relativas a la aplicación de la ley, como, por ejemplo, la posibilidad de repensar en el futuro la cuestión de la distribución de competencias entre órganos judiciales – basada ahora, como es sabido, en la tradicional equiparación de éstos con los del poder ejecutivo a efectos de control-, la impugnación de planes de urbanismo por cuestiones procedimentales (y las cuestiones vinculadas de su naturaleza jurídica y de la teoría de las nulidades) o el control judicial del indulto, cuestión que ya había sido debatida con este Magistrado hace unos meses, en el marco de las actividades de TransJus, con motivo de la presentación del recientemente publicado libro del señor López-Medel sobre el tema.

En la clausura formal de la jornada participó también la señora Susana Ferrer, diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Asimismo, a lo largo de la jornada, actuaron como presentadores de las diversas mesas los profesores de nuestra facultad Tomàs Font, Vicenç Aguado, Alfredo Galán, José María Moltó, José Esteve y Joaquín Tornos.

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Tras el éxito de la jornada, que TransJus quiere agradecer a todos los participantes, los organizadores procederán a recoger las distintas ponencias para su publicación en un libro colectivo, que se espera esté disponible dentro de unos meses, en 2019, y que pueda dejar constancia de la alta calidad académica y transdisciplinaria de la actividad.

 

Crónica realizada por el Dr. Juli Ponce Solé

Vint anys de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa: avaluació de la seva aplicació i perspectives de futur per a la seva millora

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Els passats dies 15 i 16 de novembre, va tenir lloc a la facultat de Dret de la Universitat de Barcelona les jornades “Balanç i Perspectives de la LJCA en el seu XX aniversari”. Hi van participar més d’una trentena de ponents de l’àmbit judicial, acadèmic i de l’advocacia. Com a públic, hi van participar activament als debats al llarg de dia i mig, 250 persones, dels àmbits judicial, acadèmic, de l’advocacia i de les Administracions públiques de tots els nivells (incloent-hi lletrats de diversos ajuntaments catalans i de la Generalitat de Catalunya).

L’activitat va ser coorganitzada pel CGPJ, com a activitat de formació pròpia, codirigida tècnicament pel Magistrat de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, el senyor Jesús Cudero, i per la Universitat de Barcelona, incloent a TransJus, com a coorganizador tècnic, en col·laboració amb el deganat de la facultat de Dret i el Departament de Dret administratiu, Dret processal i Dret financer i tributari.

El contingut de la jornada va ser d’un altíssim nivell intel·lectual i d’un gran coneixement de la qüestió per part dels participants, reunint a més unes característiques singulars. Aquestes es van basar en la conjunció de ponents del món judicial, de l’acadèmic i de l’advocacia, així com en l’ús de dades empíriques en l’anàlisi.

Es van conjuminar, així, perspectives diverses i complementàries, amb reflexions des del Dret de la Unió Europea, el Dret Constitucional, el Dret processal, el Dret tributari o el Dret administratiu. A aquests enfocaments, se li va unir el maneig de dades empíriques provinents de la realitat en l’aplicació de la LJCA. L’activitat va reunir, per tant, les característiques de transdisciplinariedad definides, per exemple, per la LERU, la lliga europea de l’elit de les universitats investigadores, en la qual està integrada la Universitat de Barcelona, i és per això que l’institut de recerca TransJus s’ha sumat amb interès a les mateixes.

La Jornada va enllaçar, a més, amb una llarga tradició històrica de participació de la facultat en recerca i reflexió de primer nivell sobre la jurisdicció contenciosa-administrativa. Una mostra d’això va ser la històrica conferència pronunciada a la facultat de Dret de la UB pel professor Eduardo García de Enterría fa més de 50 anys, concretament el dia 2 de març de 1962, en una activitat organitzada per la promoció d’estudiants de Dret denominada Manuel Ballvé, així cridada en honor del administrativista català, participant en el disseny de l’anterior llei en vigor des de 1956 fins a 1998, i que havia desaparegut tràgicament uns mesos abans, a l’estiu de 1961.

Conferencia en que la seva crònica en la premsa de l’època és consultable aquí, que va donar lloc amb posterioritat a un reconegut article acadèmic i després a un llibre que va recollir el mateix, publicacions que van ajudar a asseure els paradigmes vigents relatius al important control judicial de l’activitat del poder executiu a Espanya i a Iberoamèrica.

Amb aquests antecedents, la jornada es va celebrar en el marc d’una preocupació compartida i de creixent rellevància a nivell nacional i internacional, relacionada amb l’assoliment d’una bona administració de justícia i, mitjançant ella i de manera indirecta, d’una bona administració en la gestió pública desplegada pel poder executiu.

En relació amb la bona administració de justícia, es tracta, com és ben sabut, d’una aspiració antiga. El 28 de setembre de 1789, pocs anys després de la independència nord-americana i el mateix any de la revolució francesa, George Washington escrivia en una carta al Attorney General dels EUA sobre la rellevància d’una bona administració de justícia, frase que ha acabat escrita en granit a la façana del Tribunal Suprem de l’Estat de Nova York. A Europa, ja al segle XX, el TEDH, en relació amb l’art. 6 del Conveni, s’ha referit a la bona administració de justícia com a dret subjectiu i com a principi organitzador d’aquesta en diverses sentències, com és sabut.

Bona administració de justícia que, al seu torn, i com avançava l’Exposició de Motius de la LJCA de 1956, té a veure amb una altra aspiració històrica humana, cristal·litzada en les últimes dècades en el denominat dret a una bona administració. Dret recollit a la CDFUE, a diversos Estatuts d’Autonomia i lleis i a la jurisprudència del TEDH, del TJUE, del Tribunal Suprem espanyol i dels Tribunals Superiors de Justícia de les CCAA, que ha estat objecte de recopilació i anàlisi. Efectivament, en aquesta esmentada Exposició de motius de la LJCA de 1956, s’indicava, apartat II.1, que:

“I així, la necessitat d’una Jurisdicció contenciós-administrativa eficaç transcendeix de l’òrbita de l’individual i arriba a l’àmbit col·lectiu. Perquè les infraccions administratives es mostren realment no tan sols com una lesió de les situacions dels administrats, sinó com un obstacle a la bona i recta administració“.

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En aquest context de preocupacions, els treballs de les jornades es va iniciar amb la conferència L’evolució històrica del control judicial de l’Administració i la Llei de 1998, a càrrec del Catedràtic Luís Martín Rebollo, reconegut acadèmic i especialista en la matèria.

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A la mateixa va seguir una taula rodona amb la participació del Catedràtic Miguel Sánchez Morón i de dos ponents parlamentaris de la llei, els senyors Jesús López Medel, autor a més de nombroses i reconegudes publicacions sobre la mateixa, incloent un llibre sobre el seu procés d’elaboració parlamentària, i del senyor Silva Sánchez.

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Aquest primer dia de les jornades es va tancar amb l’exposició de la professora Silvia Díez, en la qual es van manejar diverses i interessants consideracions empíriques sobre el funcionament real de la llei, que han estat objecte de publicació i es troba a la disposició de tots els interessats.

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El segon dia de treball es va iniciar amb una taula sobre les qüestions processals més rellevants des de la vigència de la Llei de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa de 1998, en la qual van intervenir un acadèmic i advocat en exercici, el Catedràtic José María Baño León, acompanyat per diversos magistrats de la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem: la senyora Celsa Picó Lorenzo, el senyor Ramón Trillo Torres, Magistrat Jubilat, expresident de la seva Sala Tercera i el senyor Segundo Menéndez Pérez. En la mateixa es van considerar qüestions tècniques referides a l’extensió i límits de la jurisdicció contenciosa-administrativa, les mesures cautelars i l’execució de sentències o la funció del Tribunal Suprem en referència a l’apel·lació i cassació. Al debat suscitat amb els assistents, la qüestió de les costes processals va ser objecte d’interessant discussió.

 

El matí va acabar amb la següent taula, la tercera, que es va dedicar a la incidència del Dret de la Unió Europea al procés contenciós-administratiu, considerant el paper del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En la mateixa, va participar un acadèmic, el Catedràtic Ricardo Alonso García, acompanyat pel magistrat de la sala tercera del Tribunal Suprem, el Sr. Dimitry Berberoff Ayuda, un magistrat de la Sala del Contenciós de l’Audiència Nacional, el senyor Santiago Soldevila Fragoso, i un advocat i ExMagistrat de la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem, el senyor Joaquín Huelin Martínez de Velasco.

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Després de l’esmorzar ofert de la facultat als ponents i assistents, es van reprendre les jornades amb l’última taula, en la qual es van analitzar els problemes i perspectives de la jurisdicció contenciosa en l’actualitat. En la mateixa van participar dos magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el senyor Francisco José Sospedra Navas i la senyora María Abelleira Rodríguez, acompanyats de la senyora Gloria Bardají Pascual, advocada en exercici i professora associada de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, de la senyora Elsa Puig Muñoz, Magistrada del Jutjat Contenciós-Administratiu nº 2 de Barcelona i del Catedràtic Francisco Velasco Caballero, que van debatre els problemes detectats en l’aplicació de la llei i les possibles maneres de solucionar-los en el futur (així, per exemple, la manera de realització en la pràctica de les proves pericials, els papers respectius dels secretaris judicials i magistrats en el procediment ordinari o les dificultats concretes en el funcionament del procediment abreujat).

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A més, es van aportar dades empíriques per part del professor Velasco sobre el funcionament de la jurisdicció contenciosa a Espanya, França, Alemanya i Anglaterra i Gal·les (relatius a la judicial review, en què estan implicades administracions públiques), analitzant les causes de les xifres i aspectes detectats i les alternatives per rebaixar la gran litigiositat que, en perspectiva comparada, existeix a Espanya.

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La brillant conferència de clausura va ser pronunciada pel senyor Rafael Fernández Valverde, amb presentació a càrrec del Sr. Jesús Cudero, referint-se en la mateixa a diverses i interessants qüestions relatives a l’aplicació de la llei, com, per exemple, la possibilitat de repensar en el futur la qüestió de la distribució de competències entre òrgans judicials – basada ara, com és sabut, en la tradicional equiparació d’aquests amb els del poder executiu a efectes de control-, la impugnació de plans d’urbanisme per qüestions procedimentals (i les qüestions vinculades de la seva naturalesa jurídica i de la teoria de les nul·litats) o el control judicial de l’indult, qüestió que ja havia estat debatuda amb aquest Magistrat fa uns mesos, en el marc de les activitats de TransJus, amb motiu de la presentació del recentment publicat llibre del senyor López-Medel sobre el tema.

En la clausura formal de la jornada va participar-hi també la senyora Susana Ferrer, diputada de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Així mateix, al llarg de la jornada, van actuar com a presentadors de les diverses taules els professors de la nostra facultat Tomàs Font, Vicenç Aguado, Alfredo Galán, José María Moltó, José Esteve i Joaquín Tornos.

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Després de l’èxit de la jornada, que TransJus vol agraïr a tots els participants, els organitzadors procediran a recollir les diferents ponències per a la seva publicació en un llibre col·lectiu, que s’espera estigui disponible d’aquí a uns mesos, al 2019, i que pugui deixar constància de l’alta qualitat acadèmica i transdisciplinaria de l’activitat.

 

Crònica realitzada pel Dr. Juli Ponce Solé.

Transjus in the Workshop on the “Guiding principles and Corporate Governance”

On November 12 TRANSJUS, as a member of the World Forum on Law, Justice and Development (promoted and supported by the Legal Vice-Presidency of the World Bank) and coordinator of Pillar 1 of the ongoing research project on a human-based business model, was invited to participate in a round table held at UNIDROIT on new social and environmental trends in business. The program of the event is available here.

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The session was inaugurated by Dr. Ignacio Tirado, Secretary General of UNIDROIT, and by Mr. Marco Nicoli (OECD), who has recently joined the project and who recalled the concept and scope of the ongoing project.

After the inauguration, a round table was held comprising Dr. Margherita Bianchini from ASSONIME, Prof. Isabella Bunn from Oxford University, Prof. Thomas McInerney from Loyola University and Juli Ponce and Marta Ortega from TransJus.

The most outstanding among the different interventions was the presentation made by Dr. Bianchini from ASSONIME (ASSOCIAZIONE FRAY LE SOCIETÀ ITALIANE POR AZIONI) in relation to the recently created Italian legal figure of the società benefit (Italian Law 2018/2015, article 1, paragraphs 376-382). More information on the functioning of the law and this new type of corporation can be found here and here, as well as in the analyses of the journal Analisi Giuridica dell´Economia 1/2018.

In her intervention, Professor Ortega highlighted the work done by TransJus over the past three years, as coordinator of Pillar 1 and participant in Pillar 4 of the project. Professor Ortega referred to the presence of TransJus in Washington in 2016 in the World Bank’s Law, Justice and Development Week, where it contributed to the generation of a matrix of guiding principles for business activity within the framework of the human business model. This was presented last year in an international seminar in our faculty and was also the subject of a debate this year with Professor De Amicis of the Georgetown University School of Law. Mention was also made to the publication by Dr. Eva Andrés regarding the Pillar 4 of the project on taxation which has been translated by TransJus into Spanish.

 

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Dr. Marta Ortega and Dr. Juli Ponce

Finally, Dr. Ortega mentioned the interest shown by representatives of the Metropolitan Area of Barcelona to learn about the project and to implement aspects of it in the future within the framework of their competencies.

The conference continued in the afternoon with the presentation and discussion of the documents on social and environmental principles. The following day there was a presentation and discussion regarding the document on the legal framework and governance of commercial companies.

On November 13, the content of the code of principles of the human enterprise, object of Pillar I of the Human Centered Business Model and coordinated by Professor Marta Ortega, was the object of debate. The first speaker was Professor Montalenti, from the University of Turin, followed by the expert consultant on Global Reporting Indicators (GRI), Mrs. TeodorinaPencheva. Professor Isabella Bunn (Oxford), Joaquin Valcalcer (ENEL lawyer), Marco Nicoli (OECD), Laurence Cecile Costa (World Bank) and Marta Ortega (University of Barcelona) took part in the debate on the content of the principles.

 

Chronicle written by Dr. Juli Ponce and Dr. Marta Ortega