Las vivienda vacías y el Decreto Ley catalán 1/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de viviendas provinientes de procesos de ejecución hipotecaria

El DOGC de 26 de marzo de 2015 ha publicado el primer decreto ley catalán del año, dedicado a intentar incidir sobre el problema de las viviendas vacías[1] y aprobado con un título ciertamente espectacular, que, como veremos, responde con dificultades a su contenido real. Sin duda, la norma merecerá un análisis específico que ahora, por razones de espacio, no podemos proporcionar aquí, aunque no nos resistimos a presentar las lìneas maestras de la nueva regulación que, podemos avanzar ya – desde las perspectivas de calidad legislativa, de encaje en el ordenamiento jurídico y de constititucionalidad – nos parece discutible.

Este Decreto ley catalán incide sobre un tipo determinado de viviendas y lo hace desde tres perspectivas distintas.

Por lo que se refiere al tipo de viviendas, se trata de viviendas adquiridas en un proceso de ejecución hipotecaria o mediante compensación o pago dedeuda con garantía hipotecaria y que se encuentren vacías. El Preámbulo descarta, sin embargo, la actuación sobre viviendas vacías “situadas en ámbitos territoriales de escasa densidad y demanda residencial, y alejados de lo que podríamos considerar conurbaciones metropolitanas”, que considera que continuarán vacías “por muchos años” y “en una situación que hará difícil que cumplan la función social para la que fueron construidas”.

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Los Acuerdos Internacionales Administrativos en la nueva Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales

La reciente Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales de 27 de noviembre de 2014 (BOE de 28 de noviembre) ha sido adoptada con la intención de ajustar nuestro ordenamiento jurídico al mandato constitucional y convencional en la materia, codificando a su vez una larga práctica administrativa en materia de tratados y acuerdos internacionales. En este breve apunte vamos a referirnos sucintamente a dos cuestiones: la tipología de “tratados y acuerdos” que consagra la ley y, en particular, la categoría de “acuerdos internacionales administrativos”, que quizás es su aportación (o codificación) más significativa.

I. En efecto, la Ley distingue (y define en su art. 2) entre “tratado internacional”, “acuerdo internacional administrativo” y “acuerdo internacional no normativo”, lo que responde, según Pastor Palomar, a una práctica estable y constante de España con otros sujetos y órganos con capacidad de celebración de acuerdos internacionales. Veamos qué es cada “cosa”.

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Gürtel, corrupción y el juez predeterminado por la Ley

Recientes informaciones periodísticas señalan que una ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Concepción Espejel, presidenta, tras su vuelta al servicio activo, de la Sección segunda de la Audiencia Nacional será quien presidirá el Tribunal que próximamente juzgará la enorme trama de corrupción, la mayor, con diferencia, que afecta a un partido político, partido político que hoy día es el partido hegemónico en España, es decir, el Partido Popular. Nada más normal que un juez, tras estar en servicios especiales en un órgano como el Consejo General del Poder Judicial, vuelva a la carrera judicial y ocupe una plaza cuya provisión lo es exclusivamente por antigüedad. También es, hasta cierto punto normal que, sin estar afiliada a partido alguno por impedirlo la Constitución, tenga afinidades con tal o cual partido siempre que no se traduzca en apoyo explícito ni implícito.

Esto es lo que pasó con la magistrada Espejel. Estando en el Consejo, como Vocal, salió a concurso la presidencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, concursó a la misma y la ganó, siendo nombrada para esa plaza.

Reincorporada  al servicio activo y en el ejercicio de su función de presidenta de dicha Sección promovió un cambio en la integración de la misma: a partir de ese momento ella sería la presidenta de todos los juicios orales, fuera o no fuera ponente de la causa. Es el presidente de cada Tribunal y no el ponente que ha de redactar el borrador de sentencia quien dirige el orden de los debates del juicio oral y quien resuelve sobre la marcha cuestiones como la suspensión del juicio por incompetencia de un testigo o perito, declarar la pertinencia de las preguntas de los letrados a imputados, peritos o testigos, y, en general, las incidencias que van surgiendo.

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Una nueva batalla jurídica en la guerra de la privatización del agua en Cataluña. La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2014 sobre la adjudicación del contrato de gestión de suministro de agua en Alta Ter-Llobregat

I. Los antecedentes de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2014

Para entender el contexto de la sentencia que aquí comentamos, creemos que es preciso atender tanto a los antecedentes jurídicos inmediatos como al marco de la realidad social, política y económica en que éstos se sitúan.

 a) El contexto social, político y económico

Si bien en Europa durante el siglo XX el suministro de agua urbano estuvo dominado por el sector público, con excepciones, entre ellas la de Barcelona, lo cierto es que en las últimas décadas del siglo pasado el capital privado ha estado ganando terreno en el ciclo del agua (aunque, como veremos en el epígrafe final, esta tendencia parece revertirse en la actualidad en diversos países europeos, no desde luego en Cataluña, como comprobaremos; en lo que sigue, nos inspiramos en las consideraciones de MARCH, 2014. De él tomamos también las cifras que se citan).

En Barcelona, la empresa privada ha tenido un peso importante en el suministro del agua, de la mano de Aguas de Barcelona (AGBAR) que con diferentes nombres ha tenido el control del suministro en baja (esto es, la distribución del agua a escala urbana) desde mediados del siglo XIX. En el ámbito metropolitano de Barcelona, la Entidad Metropolitana de Medio Ambiente (EMA) negocia con las compañías privadas las condiciones de suministro urbano. En cuanto al suministro en alta en el ámbito metropolitano (esto es, captación de agua no potable, potabilización de la misma y conducción hasta los depósitos urbanos), afectando a unos 5 millones de personas, la ha llevado a cabo sobre todo Aguas Ter-Llobregat (ATLL).

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The Catalan Question and the Spanish Constitutional Court

The Catalan “problem” is an old one but, in the last years, it has returned with tremendous force. Most probably, the turning point is to be found in a decision by the Spanish Constitutional Court in 2010 on the Statute of Autonomy of Catalonia of 2006. This Statute, which is an agreed law, was passed by the Catalan Parliament, subsequently amended and approved by the Spanish Parliament and, finally, ratified by the Catalan voters through a referendum. After its official publication, the Popular Party filed an appeal in front of the Constitutional Court.

That institution not only partly overruled the legal provisions provided by the new Statute but also changed the very way of understanding the role of statutes within the Spanish legal system.
Against its own precedents, the Constitutional Court seemed to reject the constitutional role of the Statutes in developing the open territorial organization system established by our Fundamental Law. In fact, this openness is one of the values as well as one of the weaknesses of our system: the Spanish Constitution does not fix a unique and clear decentralized system; it established rules and procedures to be followed in order to achieve autonomy but, from that point, the Constitution was open. Moreover, for 30 years we have been teaching in the classrooms that both the Constitution and the Spanish Constitutional Court case law recognized a specific constitutional role of the Autonomous Statutes: to develop and to close the constitutional open system. Due to their specific constitutional relevance, the Statutes were considered as special laws, just beneath the Constitution. The decision of 2010 seemed to withdraw this “specialty” from the Autonomous Statutes and to set them as common Organic Law.

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Responsabilidad de personas jurídicas y reforma penal

RESPONSABILIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS Y REFORMA PENAL. O LA BREVE HISTORIA DE UN SEGUNDO TROPIEZO CON LA MISMA PIEDRA.

La LO 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código penal, incorporó por primera vez en la historia legislativa española un sistema de responsabilidad con penas para personas jurídicas. Una de las (muchas) dudas que suscitó dicho sistema sancionador consistía (y consiste) en si la implantación en una empresa de un programa de cumplimiento (Compliance Programm) podría servir para exonerarla de responsabilidad penal. Esta cuestión es abordada por el Proyecto de Reforma del Código penal aprobado por Consejo de Ministros de 4 de octubre de 2013, que contiene, además, una pretendidamente detallada descripción de dicho instrumento. Que el Proyecto aborde la capacidad eximente del Compliance o el detalle de su estructura y contenido no significa, sin embargo, que lo consiga de forma satisfactoria. Las presentes líneas servirán para confirmarlo.

Tal y como puede deducirse de lo ya dicho, la reforma que nos ocupa incide de manera destacada en el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las líneas fundamentales del nuevo sistema podrían resumirse como sigue. (más…)